Salud expedienta al hospital que opera antes a pacientes de la sanidad privada

El Gobierno catalán ha abierto expediente informativo al hospital comarcal de La Seu d’Urgell, centro financiado con dinero público pero de gestión privada que plantea operar antes a quien esté dispuesto a pagar para saltarse la lista de espera.

La Dirección General de la Inspección de Salud ha requerido información a este centro después de que EL PAÍS detallara que el hospital ofrece desde el lunes sus quirófanos —cerrados por la tarde por los recortes que aplica la Generalitat— al sector privado. El primer ejemplo de cómo el hospital aplica este criterio lo protagonizó Teresa Tosas, de 66 años y pendiente de una intervención en la rodilla. La mujer señala que evitó siete meses de espera gracias a su seguro privado, que alcanzó un acuerdo para utilizar el quirófano del centro. Al igual que el hospital, el traumatólogo que la operó trabaja para la sanidad pública en este centro y, además, dispone de consulta privada en el mismo.

La Generalitat ha reclamado información sobre el caso concreto de Tosas, señalaron ayer a este diario fuentes de Salud. También ha solicitado la programación de la actividad quirúrgica para el mes de febrero para esclarecer cómo el centro gestiona el alquiler de los quirófanos a la sanidad privada.

Por último, Salud ha emplazado al hospital a actualizar el código ético del centro para adaptarlo a estas nuevas posibilidades de actividad con el sector privado, especialmente en lo referente a la mecánica de comportamiento de los profesionales que combinan su dedicación a la sanidad pública con su consulta privada. El centro, que ya estaba ultimando esta nueva versión del código, todavía no ha comunicado al personal médico qué criterio debe seguir a la hora de ofrecer quirófanos de pago a pacientes de la sanidad pública, como ocurrió en el caso que ahora investiga Salud.

Como el resto de centros concertados, el hospital dejó de programar operaciones  por las tardes debido a los ajustes de Salud

Este expediente refleja el riesgo de que este caso puede generalizarse pronto en esta comunidad autónoma, donde apenas ocho de los cerca de 70 hospitales que actúan como públicos son gestionados directamente por la Generalitat. El resto son financiados con dinero público pero gestionados por consorcios o patronatos que engloban a Administraciones locales, comarcales o entidades privadas sin afán de lucro, como la Iglesia. El centro de La Seu d’Urgell, por ejemplo, es propiedad de un patronato integrado por el Ayuntamiento y el obispado.

Como el resto de centros concertados, este hospital dejó de programar intervenciones quirúrgicas por las tardes a partir del verano debido a los ajustes de Salud. Por ello, ahora empieza a alquilar a la sanidad privada esos mismos quirófanos que normalmente utilizaría la sanidad pública. El coste es de unos 400 euros la hora y la ventaja supone saltarse las listas de espera de la sanidad pública, que en función de la patología que se intervenga pueden variar de unos meses a más de tres años.

La situación amaga con generalizarse si prospera —tal como está planteada en este momento— la reforma para convertir en empresas los ocho hospitales que gestiona. CiU pretende que estos centros presten servicios a la sanidad privada para garantizar la rentabilidad de los centros. Ello generalizaría el alquiler de instalaciones públicas a la sanidad privada con el consecuente perjuicio para los pacientes que no puedan o quieran pagar otra vez un servicio que teóricamente ya se incluye en el pago de los impuestos.

Los ajustes también han hecho coincidir el cierre de camas que la Generalitat mantiene desde agosto con el auge de la epidemia gripal. Ello ha saturado las urgencias de los principales centros de Cataluña como el Clínic y el Vall d’Hebron de Barcelona.