El fiscal indaga si se falseó un examen para tapar una discriminación lingüística

Lo que comenzó como una denuncia por discriminación lingüística en unas oposiciones al Ayuntamiento de Nigrán ha acabado en manos de la fiscalía de Vigo por un supuesto delito de falsificación de documento público. Según el relato de uno de los opositores, C.G.C., ni en la primera prueba escrita, realizada el 6 de junio de 2011, ni en la segunda, 16 días después, se ofreció a los concurrentes el cuestionario en gallego. Por ello, decidió recurrir a la Consellería de Presidencia, que abrió una investigación al respecto.

 Ante la petición de información de la Xunta, el Ayuntamiento aseguró que sí contaban con los exámenes en el idioma propio, y para avalarlo remitió sendas copias. Las dos con la misma fecha, el 22 de junio, día de la segunda prueba. Presidencia, a través de la Dirección Xeral de Administración Local, dio por buenos los argumentos del municipio pontevedrés, gobernado por el PP, y desestimó la queja. En el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el presidente del tribunal del proceso selectivo acusa al opositor de mentir y de actuar de “mala fe”, por haber presentado la denuncia solo tras haber suspendido la segunda prueba. Afirma que “en ningún momento” solicitó la posibilidad de hacer los exámenes en lengua gallega.

Sin embargo, C.G.C. sostiene que tras el primer examen se dirigió verbalmente al tribunal para preguntar por qué no se había repartido el cuestionario en gallego. Asegura que uno de sus miembros le replicó que “no hacía falta” y que el secretario municipal conocía la situación, lo que, según la versión del denunciante, no es cierto. Además, en sus alegaciones presentó la declaración jurada de 10 opositores que corroboran su versión, es decir, que los cuestionarios se distribuyeron solo en castellano y que en ningún momento se preguntó si algún aspirante prefería hacerlos en gallego.

“El simple envío de los exámenes en gallego a la dirección general no quiere decir que estuviesen los días de las pruebas”, expone para cimentar la posible falsificación de documento público, y sugiere que el Ayuntamiento tuvo casi un mes desde su reclamación hasta el envío de la documentación a la Xunta para traducir los cuestionarios. Otro indicio, apunta, es que ambos exámenes están fechados el mismo día, cuando se realizó la segunda prueba.

C.G.C. considera también “sospechoso” que el Ayuntamiento no contestase a su alegación a través de su sitio web —solo lo hizo ante la petición de información por parte del Gobierno autónomo— y sí a las del resto de opositores que reclamaron por otras cuestiones. Ante el cierre del caso por parte de la Xunta, ha puesto los hechos en conocimiento de la fiscalía, que tiene seis meses para dar una contestación sobre si ve indicios de delito o no. La falsificación de documento público, en caso de ser cometida por un funcionario, acarrea penas de entre tres y seis años de cárcel, además de sanción económica e inhabilitación.