Los beneficiarios de las ayudas al alquiler solo podrán cobrarlas durante cuatro años

La Generalitat se dispone a recortar al máximo las ayudas al pago del alquiler y restringirlas a los casos de imperiosa urgencia social, como los desahucios. El Grupo parlamentario de CiU ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos por la que fija un límite de cuatro años en la percepción de una ayuda que ya lleva dos años congelada. Es decir, desde 2010 no hay nuevos beneficiarios. Ese año se cerró con 29.182 familias que reciben 210 euros al mes para pagar la renta, una ayuda que tiene un coste para la Generalitat de casi 72 millones de euros y que es de carácter permanente si los ingresos de la familia no varían.

La enmienda advierte de que las personas que hayan sido beneficiarias de la ayuda durante cuatro años, solo la recibirán hasta finales de este ejercicio. Las ayudas más recientes irán venciendo a medida que cumplan los cuatro años. Solo se mantendrá la ayuda a los mayores de 65 años siempre que “mantengan las condiciones por las que tuvieron acceso a la prestación”.

El número de beneficiarios por las ayudas al alquiler y su coste para la administración se ha disparado desde 2005. De 2.153 beneficiarios se ha pasado a los 29.000 citados (se han multiplicado por 13). En presupuesto anual, se ha pasado de 3,2 millones de euros en 2005 a 71,8 millones en 2010. Fuentes de la secretaría de Vivienda, que depende del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, alertan de que el ritmo de nuevos beneficiarios y gasto para las arcas públicas era “insostenible”.

Las mismas fuentes aseguran que las restricciones que ahora persigue la Generalitat tienen como fin último que se puedan otorgar nuevas ayudas a nuevos beneficiarios en el futuro. Sobre todo, indican, ahora que el Gobierno central ha eliminado la Renta Básica de Emancipación (de 210 euros al mes para jóvenes, una medida impulsada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero).

CiU ha presentado otra enmienda para que las personas que no pueden pagar la hipoteca y logren que la entidad financiera acepte la dación en pago (el piso a cambio de la deuda), estén exentas de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Esta bonificación se aplicará solo cuando se trate de vivienda habitual.