La segunda ‘ley ómnibus’ de Convergència

CiU enmienda sus propios presupuestos para satisfacer al PP, dejar bajo mínimos la tasa turística e introducir multitud de cambios legales sin apenas debate

Alicia Sánchez-Camacho, junto a Artur Mas.
Alicia Sánchez-Camacho, junto a Artur Mas.TEJEDERAS

Atenazada por las exigencias del Partido Popular y por la extrema dificultad de cuadrar las cuentas, Convergència i Unió ha decidido enmendar los presupuestos que su Gobierno presentó hace apenas dos meses con el fin de recaudar tanto como fuera posible vía tasas o con nuevas medidas de ahorro. El Ejecutivo de Artur Mas sorprendió ayer a todos los grupos, incluidos sus socios del PP, con un paquete de 68 enmiendas que vienen a resultar un cajón de sastre (semejante a las polémicas leyes ómnibus) con el que aprovecha para crear nuevas tasas, rebajar ayudas o hacer cambios patrimoniales. Esta maniobra permite a CiU saltarse los debates parlamentarios y restringir la negociación a reuniones solo con el PP.

Las enmiendas que presentó ayer CiU a su propia Ley de Medidas Fiscales y Financieras desnaturalizan la tasa turística y la farmacéutica, que el Gobierno pretendía convertir en universales. Pero además se aprovechan para introducir una catarata de nuevos gravámenes, que el portavoz del PP calificó como “festival de tasas”. Entre ellas, se crea un nuevo impuesto de 70 euros para los establecimientos de conveniencia (los que abren fuera de horarios habituales) que quieran vender tabaco. También se prevé tasar el proceso de acreditación de formación sanitaria, el control de la fabricación de principios activos farmacéuticos, la caza mayor y la calificación de películas. Pero además la Generalitat aprovecha para reducir las ayudas al alquiler y para traspasar a Aigües Ter-Llobregat (que el Gobierno quiere privatizar) la titularidad de la desalinizadora del Tordera, hasta ahora propiedad de la Agencia Catalana del Agua. Respecto a las nuevas tasas ya anunciadas, que se aprobarán la semana que viene, podrían quedar de la forma siguiente.

» Tasa farmacéutica. Cada vez que se acuda a la farmacia habrá que pagar un euro por cada medicamento recetado por el médico. La Generalitat quería que el impuesto fuera universal, pero el PP ha forzado la inclusión de diferentes bonificaciones. Así, quedarán exentos los enfermos crónicos y los perceptores de pensiones no contributiva o de la renta mínima de inserción. También quedan fuera los medicamentos que cuesten menos de 1,67 euros. Se ha puesto un techo máximo a la tasa, de manera que ningún usuario pagará más de 62 euros anuales. La nueva tasa debía aportar 80 millones anuales, pero la Generalitat no ha concretado el impacto económico de estas bonificaciones. El PP exige que el nuevo impuesto se empiece a aplicar en septiembre.

Quedarán exentos los enfermos crónicos y los perceptores de pensiones no contributiva o de la renta mínima de inserción

» Tasa turística. El Gobierno catalán anunció la creación de un impuesto de entre uno y tres euros que gravaría las pernoctaciones turísticas. La acción del PP, en principio contrario a la nueva tasa, ha obligado a graduar su importe, que queda establecido en 2,5 euros para los hoteles de cinco estrellas y cruceros; 1,25 euros para los de cuatro estrellas en Barcelona (un euro en el resto de las poblaciones), y 0,75 euros para otros establecimientos de la capital catalana (0,5 en el resto de los municipios). Los menores de 16 años no pagarán la tasa y se limitará a siete pernoctaciones por persona. El PP ha conseguido demorar la entrada en vigor de la tasa hasta diciembre. La Generalitat preveía ingresar 130 millones este año, cifra que ahora los populares reducen a 13 millones.

» Segundo canon del agua. Después de dos subidas en un año de hasta el 10% del canon del agua, la Generalitat prevé eliminar las bonificaciones a las empresas suministradoras, que deberán volver a pagar tanto por el agua que captan como por la que se desaprovecha debido a fugas por deficiencias de la infraestructura. No se descarta que las empresas acaben repercutiendo esta subida de impuestos en la factura de los usuarios, un incremento que el PSC cifró en el 26%, pero que CiU rebajó hasta el 7%. En principio, el PP se opone a la medida, aunque se ha abierto a negociarla.

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