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Protección de Datos investiga el uso de cámaras para espiar a la policía de Tossa

El Ayuntamiento expedientó a dos agentes locales por criticar a la exalcaldesa

Un turbio asunto en la sede de la policía municipal de Tossa de Mar (Selva) ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra el Consistorio por parte de la Agencia Catalana de Protección de Datos (Apdcat). El organismo ve indicios de ilegalidad en la colocación de cámaras de videovigilancia en la comisaría y sus alrededores durante el anterior gobierno, de CiU, y cree que el uso que de ellas se hizo “pudo ser desproporcionado”, según consta en el expediente. Las grabaciones fueron utilizadas para sancionar a dos policías locales por falta de respeto y consideración hacia la alcaldesa y el jefe de la Policía Local. El expediente del Ayuntamiento contra los dos agentes, que han presentado una denuncia ante el juzgado, ha sido revocado. La agencia ha declinado comentar el caso porque está en fase de instrucción.

El asunto se destapó cuando el Consistorio comunicó a los dos policías que se les había abierto un expediente y les entregó como prueba unos discos compactos con grabaciones de conversaciones que ambos habían mantenido en la comisaría. “Era como un Gran Hermano”, censura Javier Eduardo, uno de los agentes denunciantes. En una de las grabaciones aparece él quejándose a un compañero de que el entonces jefe de la Policía Local le había acusado de perder las llaves de una moto del cuerpo.

En otras, los agentes criticaban a la entonces alcaldesa, Imma Colom (CiU), que gobernaba con mayoría absoluta. “Utilizaron las grabaciones para ejercer represalias contra los trabajadores”, denuncia Àlex Duran, abogado de la Agrupación de Policías Locales de CC OO. Carlos Moreno, el otro cabo involucrado, cree que en el cuerpo y en el Consistorio alguien sufría “paranoias y manía persecutoria”.

“Utilizaron las grabaciones para

tomar represalias”,

critica CC OO

El Ayuntamiento de Tossa implantó un sistema de videovigilancia en la comisaría de la policía local en mayo de 2010. Estaba dotado de ocho cámaras que registraban imágenes y sonido, una de ellas en la recepción y el resto en la calle. La Apdcat mantiene que el Consistorio podría haber incurrido en una falta grave al utilizar grabaciones permitidas para controlar los accesos a la comisaría para un finalidad distinta: controlar a los policías. Fuentes municipales creen que el episodio de las cámaras se enmarca en disputas internas del cuerpo de policía, en las que el Gobierno municipal tomó parte activa.

Los dos agentes han presentado una denuncia por “vulneración del derecho a la intimidad y al honor” contra la exalcaldesa, el exregidor de Seguridad Ciudadana Joan Antoni Hervías y el entonces jefe de la policía local, David Barranco.

Barranco ejerció el mando de la policía durante la excedencia de Josep Sánchez, quien intentó regresar, pero no pudo porque el anterior gobierno le negó la reincorporación. Sánchez ocupa ahora de nuevo su puesto por decisión del equipo actual, encabezado por la alcaldesa Gisela Saladich (Tossa Unida).

La Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a crear un fichero y publicar un edicto en algún boletín oficial antes de registrar cualquier imagen, algo que el Ayuntamiento de Tossa no hizo hasta seis meses después de poner en funcionamiento las cámaras, según ha avanzado el Diari de Girona. Tampoco cumplió con la obligación de informar a través de un cartel de que las cámaras registrarían también voz.

La Agencia de Protección de Datos considera que el uso que se hizo del sistema de videovigilancia, previsto en principio para controlar los accesos de la comisaría, pudo rebasar los límites de lo lógico. “La grabación de sonido, y por tanto de las voces de las personas que permanecen o transitan cerca de las cámaras, podría no ser necesaria”, dice el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. La Apdcat destaca que una de las cámaras está enfocada de tal manera que permite captar imágenes y voces del policía que trabaja en la recepción, de la pantalla de su ordenador y de cualquiera que acuda a la comisaría o a los lavabos. “Dada la ubicación y el ámbito de visión de esta cámara, podría cuestionarse si su finalidad es controlar los accesos y la seguridad de las dependencias municipales, o bien controlar a las personas que trabajan en la recepción”, dice el documento.

Las cámaras continúan en la actualidad en la misma posición que cuando se colocaron. “Ya hemos dado las instrucciones de que se cambie todo”, informa Saladich. “Las cámaras están para dar seguridad, no todo lo contrario”, afirma la alcaldesa.

Saltarse la ley con la excusa de la seguridad

Antía Castedo

No es la primera vez que la Agencia Catalana de Protección de Datos enmienda la plana a un Ayuntamiento por saltarse las leyes con la excusa de estar protegiendo la seguridad. El caso de Tossa de Mar (Selva) tiene un antecedente muy similar en un procedimiento que acabó con una resolución contraria al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) el año pasado.

Ese Consistorio colocó cinco cámaras de vídeo en la entrada de las oficinas municipales y la comisaría, así como en las dependencias policiales. Además de no inscribir el fichero de datos siguiendo los cauces oficiales ni informar de la colocación de las cámaras en el interior del edificio mediante carteles visibles, las imágenes fueron utilizadas como prueba en un expediente sancionador contra un policía por retrasos en su jornada laboral.

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) instaló un sistema automático para grabar todas las conversaciones telefónicas mantenidas a través de un número donde se atendían llamadas relacionadas con la seguridad pública, consultas administrativas e incluso conversaciones privadas.

La Agencia de Protección de Datos calificó el registro de esos datos de “inadecuado, no pertinente y excesivo” y en 2009 solicitó al Consistorio en que diferenciase claramente los números de teléfono para separar las llamadas administrativas de las relacionadas con infracciones o la seguridad pública. En este caso también se utilizó una conversación grabada como prueba de cargo contra un trabajador.