Fianza de 25 millones por el saqueo y tres por el fraude fiscal en Emarsa

El desfalco cometido en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa) entre 2004 y 2010 supera los 25 millones de euros. Así lo estima provisionalmente el juez instructor del caso, Vicente Ríos, en un auto que hizo público este lunes. El cálculo supera los 17 millones de agujero con los que se disolvió la sociedad pública hace un año y no llega ni a los 30 millones en que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía Emarsa, evaluó la rapiña, ni a los 40 millones que calculan los socialistas, personados como acusación popular en el caso.

De momento, la cifra ha servido para aplicar medidas cautelares a 14 de los 27 imputados en el caso Emarsa. El juez ha fijado en 25 millones las garantías patrimoniales a los dos imputados más relevantes, el expresidente de la empresa pública, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, y el exgerente, Esteban Cuesta.

“La falta de determinación de las sumas presuntamente malversadas”, asegura el juez Ríos, “no debe impedir que se fijen, ya desde este momento procesal, las medidas procedentes para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse pertinentes”. Por eso establece “prudencialmente” lo saqueado en 25 millones de euros.

Esta cifra provisional sirve para imponer fianzas, conjunta y solidariamente, de 25 millones a Crespo y Cuesta y de otras cantidades al resto hasta 14 imputados también conjunta y solidariamente con los dos primeros. Así, la fianza es de 22 millones para Enrique Arnal, que fue director financiero de Emarsa; de 13,7 millones para Adolfo Polo, jefe de Medio Ambiente de la depuradora de Pinedo; y de cifras que oscilan entre 11 millones y 100.000 euros para el resto de imputados. Estas cantidades no se suman, sino que los bienes de los 14 deben responder en conjunto de los 25 millones de euros.

“Se adueñaron de fondos

El juez, que advierte que las fianzas pueden traducirse en embargos, impone otra, igualmente conjunta y solidaria, de tres millones de euros a Crespo, Cuesta y los empresarios Jorge Ignacio Roca y José Luis Sena por supuestos delitos de fraude fiscal.

En el auto hecho público este lunes, el titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia explica que la mayoría de los imputados facturaron “cuantiosísimas sumas” a Emarsa y que existen indicios racionales de que los suministros y servicios, o bien nunca fueron entregados o prestados a la sociedad, o bien lo fueron en cuantía notoriamente inferior a la facturada, todo lo cual fue propiciado y consentido por los directivos de Emarsa”. El juez añade que esos directivos actuaron “conforme a un plan previamente concertado” y que los imputados “se adueñaron de fondos de la sociedad en cuantía que aún se halla pendiente de determinar”.

Se trata de Jorge Ignacio Roca (a quien se reclama una fianza de 11 millones); José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros (2,7 millones); Sebastián García y María Paz García (3,65 millones); Daniel Calzada (500.000 euros); Juan Carlos Gimeno (300.000 euros), y Antonio Arnal y Eva Marsal (100.000 euros).

Enrique Crespo, el imputado de mayor rango político de un caso en el que abundan los cargos del PP en Valencia y su área metropolitana, reaccionó al auto del juez, que calificó de “precipitado”, anunciando un recurso. Su abogado, Javier Sans, dijo que la fianza “es improcedente y totalmente desproporcionada”. Por su parte, el portavoz socialista en la Emshi y alcalde de Albal, Ramón Marí, insistió en pedir al presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, y al de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que destituyan a Crespo. Marí dijo que los socialistas quieren “que el saqueo de Emarsa lo paguen quienes lo cometieron y no los vecinos a través del recibo del agua”.

Cargos corresponsables

El juez, que ha tomado declaración a decenas de testigos e imputados, ha basado su investigación en documentación muy diversa, que incluye un informe de la Agencia Tributaria que sirvió para delimitar, por ejemplo, los supuestos delitos cometidos contra la Hacienda pública. Además de los cuatro imputados a los que hace “responsables principales” de 2,7 millones defraudados en el IVA de Emarsa con cuatro sociedades, el informe señala a una serie de “otros responsables y/o colaboradores”, entre los que figuran cuatro dirigentes del PP: Manuel Corredera, exalcalde de Mislata; Salvador Albelda, concejal de Rafelbunyol; José Vicente Sanchis, exalcalde de Albal, o Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio de Benagéber. Todos fueron miembros del consejo de administración de Emarsa.