Impuestos suecos, servicios catalanes
No se puede fijar un IRPF a la sueca y dar a la ciudadanía servicios deficientes, enterrando la cohesión social
![Francesc Valls](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fa589f6be-5488-452d-9d5c-b8c189f9cf77.png?auth=991b5c634146217158e39eb39de850aa748a7fe1791f181e64eb84411220df94&width=100&height=100&smart=true)
La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de situar la tributación del IRPF solo por detrás de Suecia y Bélgica permite reabrir el debate sobre el tipo de servicios que las Administraciones prestan a la mayor parte de la ciudadanía. Esta semana EL PAÍS ha publicado la historia de Felipe Rivas, un vecino de Tarragona que, víctima de un infarto, acabó siendo atendido en Bellvitge porque el servicio de hemodinámica del hospital Joan XXIII iba a cerrar al cabo de 30 minutos y no está el horno para pagar horas extras. El tiempo es oro para la Administración, pero también debería serlo para el administrado infartado. Sirva esta parábola, que tuvo final feliz, para ver el escenario en que se produce: Cataluña supera el 52% de IRPF —el nuevo máximo— fijado por Rajoy; ya en época del tripartito, el tipo marginal autonómico aumentó dos puntos (hasta situarse en el 23,5%) desde los 120.000 euros anuales y cuatro puntos porcentuales (alcanzó el el 25,5%) a partir de los 175.000. En términos de estricta ciudadanía, la mayoría paga impuestos del norte de Europa por tener unos servicios muy, pero que muy latinos. Contra los tópicos que difunden los apologetas del troceo y la apertura al capital privado de la sanidad pública, la ciudadanía patria —según un reciente informe de la OCDE— tira menos de médico que los alemanes. Las cifras son elocuentes: 8,2 veces por habitante y año en Alemania, 7,5 veces por habitante y año en España.
La realidad muestra que, tanto en el aumento del IRPF como en el de las tasas, el sobreesfuerzo fiscal es un miserable aperitivo destinado a saciar la voracidad financiera de la crisis y no a mantener servicios y cohesión social. El Gobierno de Rajoy subió los tipos marginales del IRPF para salvar los muebles ante Europa. Hubo buena intención, aunque para los mercados la credibilidad fue efímera.
La mitad de esos más de 4.000 millones que recaudará el Estado con el aumento del IRPF no procede de los más ricos, sino de quienes cobran entre 17.707 euros anuales —los mileuristas— y los que se quedan por debajo de los 53.407 euros al año. Eso sí, todo dentro de la liga del IRPF. De las SICAV y de las grandes fortunas, ni hablemos, porque también en España pagaría menos impuestos Warren Buffett que su secretaria. La evidencia de quién paga debería obligar a los Gobiernos a dejar de hacer de la austeridad una estúpida virtud y ocuparse un poco más de fijar objetivos que no lesionen la cohesión social. El Ejecutivo catalán, en plena crisis, no puede endurecer las vías de acceso a la renta mínima de inserción para ahorrarse 50 millones de euros, los mismos que ha dejado de recaudar en un año al eliminar el impuesto se sucesiones. Porque el problema de fondo es que el contrato social está en peligro. Si en el IRPF vamos parejos con Suecia, no sucede lo mismo en cuanto a cohesión social. La desigualdad ha llegado a su nivel más alto en los últimos 30 años. Y España, en 2010, no subió al podio de los rezagados de la UE de los 27 por los pelos: solo quedó por detrás de Letonia, Lituania y Rumanía.
Hoy en estas páginas recorremos la geografía de la desigualdad en la piel de Barcelona. La brecha entre los barrios de Can Peguera y Les Tres Torres es abismal. Y crece cada año. Es como si la sociedad que acogía al Onofre Bouvilá de La ciudad de los prodigios resucitase.
El triunfo del modelo europeo, levantado sobre el miedo al comunismo soviético por socialdemócratas y democristianos, ha de permitir revisar en profundidad el modelo fiscal. Además de subir impuestos y tasas —como todos hacen aunque en sus programas se comprometan a lo contrario—, se debe enfatizar con medidas concretas: en la lucha contra el fraude fiscal, a favor de la eliminación de determinadas exenciones y con la revisión al alza de las tasas sobre la transferencia de activos. En España permanecen ocultas a Hacienda bases imponibles por unos 300.000 millones de euros. Y todo ello sin mentar la bicha de las SICAV o el impuesto sobre grandes fortunas. Si los impuestos van a ser suecos, es bueno que algunos dejen de hacerse el sueco. ¿O es que el esfuerzo no debe ser de todos?
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