La comunidad culmina el acuerdo que le da todo el poder en Metro

Queda un escenario menos para la pelea entre Administraciones. La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han firmado ya el acuerdo de traspaso de poder en Metro. Y los dos han conseguido lo que querían: el Consistorio ahorra dinero de sus maltrechas arcas y el Gobierno regional acapara todo el poder de la empresa pública. El Consistorio que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón cede el 75% de las acciones que le correspondían y, a cambio, deja de pagar unos 140 millones anuales al Consorcio Regional de Transportes. La comunidad, con Esperanza Aguirre al frente, gana libertad de movimiento para gestionar la empresa a su parecer.

Las razones oficiales para el cambio, según el protocolo firmado por ambas partes, son el crecimiento de la infraestructura y la eliminación de duplicidades. La red ya es supramunicipal (en los últimos años ha crecido 90 kilómetros y 85 estaciones). Pero, en síntesis, la gran duplicidad en la empresa no está relacionada con los trabajadores o las oficinas, sino con los mandos. En 2004, después de que Aguirre intentara maniobrar para acaparar todo el poder de la empresa y Gallardón amagara con irse, acordaron una cúpula con participación mixta en la que el Consistorio asumía la parte técnica y las competencias ejecutivas e institucionales correspondían al Gobierno regional.

Esto provocó que el organigrama incluyera un consejero delegado elegido por la comunidad y un presidente nombrado desde el Ayuntamiento. Esta doble dirección ha dificultado la gestión de la empresa pública desde entonces. El último desencuentro tuvo lugar en julio pasado, cuando quien ejercía como gerente de Metro desde 2003, Ildefonso de Matías, presentó su dimisión en medio de un escándalo que salpicó a cuatro empleados de Metro. De Matías citó la "bicefalia" en la dirección y la división interna como motivos de su marcha.

Los efectos del protocolo recién ratificado serán efectivos previsiblemente en enero, cuando la Asamblea de Madrid apruebe las modificaciones necesarias en la Ley del Consorcio Regional de Transportes de 1985. El Ayuntamiento cede bienes, derechos y acciones (el 75%, que equivale a 3,5 millones de títulos). Pero incluye una cláusula para curarse en salud. Si en el futuro el Consistorio vuelve a entrar en el accionariado y en los pagos recuperaría sus bienes.

Las dos Administraciones deben perfilar ahora cómo quedará la participación municipal tanto en Metro como en el Consorcio Regional de Transportes -el organismo que decide las actuaciones globales y al que las instituciones abonan su participación-. El Consistorio tenía los mismos cinco representantes que la comunidad en los consejos de administración de ambos organismos, algo que previsiblemente quedará reducido al menos a la mitad, según las fuentes consultadas.

La operación de traspaso ha despertado recelos. La oposición municipal acusó a Gallardón de "vender las joyas de la abuela para conseguir ingresos". PSOE e IU le preguntaron si había garantías de que la empresa pública no se privatizaría a raíz del traspaso de poderes. El regidor no pudo darlas.