Ni siquiera es un referéndum

La convocatoria a las urnas del primero de octubre próximo no significa la celebración de un referéndum de autodeterminación, como creen o fingen creer los convocantes. Un referéndum es una consulta dirimente entre al menos dos opciones, que compiten en igualdad de condiciones, con árbitros e instituciones imparciales y con tiempo suficiente para hacer públicas y debatir todas las posiciones en los medios de comunicación. Para que sus resultados y consecuencias sean luego aceptados por todos, dentro y fuera, es necesario que cumpla los criterios comúnmente aceptados, que la Comisión de Venecia, organismo asesor del Consejo de Europa, ha establecido de forma poco discutible: debe ser legal y acordado y debe celebrarse bajo una legislación aprobada al menos un año antes, es decir, con conocimiento y aceptación por todos de las reglas de juego por las que se regirá, es decir, el censo, la consulta, el recuento y la interpretación de los resultados.

Así sería una convocatoria inclusiva, a la que se sentirían convocados todos los ciudadanos, y en la que todos los ciudadanos podrían confiar en la limpieza y equidad de la consulta y de las autoridades que lo organizan, condiciones que ya vemos que no se dan en el caso del 1-O, organizado con secretismo y en régimen de excepción, tanto para el ocultamiento hasta el último momento de la legislación que lo permite como por los procedimientos de urgencia y por la penosa sesión de aprobación parlamentaria, con retorsión o directamente ignorancia dolosa de las leyes, reglamentos y pareceres de juristas y de organismos consultivos que era obligado escuchar. Las excusas de mal pagador que da el gobierno catalán, convocante y árbitro a la vez, para justificar estas prácticas tan dudosas, castigan a los ciudadanos, y a sus derechos civiles, por las culpas, defectos o errores reales o imaginados del gobierno central; de forma que se quiere poner remedio a una fechoría con una fechoría aún mayor de las que, de unas y de otras, somos víctimas al final todos los catalanes.

Lo que permite entender el carácter de la convocatoria es una cuestión conceptual debidamente escondida al escrutinio público. Esto no es un referéndum sino un plebiscito, organizado como mandan las costumbres políticas desde la antigua Roma, para ratificar la decisión ya tomada de un gobernante. Lo que se somete a votación en el plebiscito, además, no es la independencia de Cataluña o algún otro estatus especial que se quisiera proponer por nuestro país, sino una propuesta mucho más concreta, como es la 'Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana ', aprobada ya preventivamente por la mayoría soberanista convertida en mayoría soberana de JxSí y la CUP. El resultado está así perfectamente predeterminado, incluso el tipo de régimen, y los medios para llegar también, tal y como han aclarado las mismas autoridades convocantes, pues no depende del número de síes y de nos, que de hecho ya se sabe que es prácticamente irrelevante, sino del número de personas que de grado o por fuerza emitan su voto ese día.

Los ciudadanos deben saberlo. Como plebiscito para la secesión unilateral que es, el solo hecho de participar sirve sólo a los independentistas que lo convocan y añade votos al objetivo fijado de esta república populista independiente que las leyes de transitoriedad ya nos han dibujado. Quien quiera votar en contra de la independencia ya sabe que tiene que hacer: no tiene que ir a votar. Quien quiera votar a favor de la independencia en condiciones democráticas y aceptables para todos también lo sabe: no tiene que ir a votar. No nos equivoquemos ni dejemos tergiversar los conceptos de la democracia europea y liberal que es la nuestra. Esto ciertamente va de democracia, pero además habrá que salir a defenderla.