Calles de Cerdanyola aún tienen restos de amianto sin tratar

Es un talud de unos cuatro metros de altura dispuesto a lo largo de un centenar de metros de la calle Cardener. Allí, mezclado con la tierra y entre raíces de malas hierbas, permanecen restos de amianto , el mineral milagroso de los años cincuenta que ha dejado un legado de decenas de muertes y cientos de enfermos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Casi 14 años después del cierre de la fábrica de Uralita, y pese a estar catalogado como un "afloramiento de residuos" tóxicos, la desidia de las Administraciones y la falta de medios han retrasado la descontaminación del suelo hasta hoy. Las previsiones son que a finales de este año la zona sea cubierta con una malla aislante y enterrado bajo más tierra.

Los habitantes del municipio se han acostumbrado a cohabitar con el amianto desde que hace más de un siglo Uralita se instaló en la zona. El mineral sigue en el subsuelo, alterando la vida de los vecinos, encareciendo obras y minando las arcas municipales. ¿Hace falta un paso bajo las vías del tren? Imposible construirlo. El municipio descansa sobre un cementerio de amianto. Los árboles se plantan en macetas, para que sus raíces no traspasen la malla, y construir un edificio puede costar el doble porque sus cimientos deben ser especiales.

La regidora de Educación de la ciudad, Esther González, sentencia: "Cerdanyola está contaminada". Pero nadie sabe cuánto. Uralita se desarrolló rápidamente desde 1907, hasta ocupar 12 enormes factorías situadas en hilera a lo largo de 1,5 kilómetros. El pueblo creció con ella y se construyeron barrios enteros a su alrededor, justo encima de los residuos que Uralita había ido abocando de forma incontrolada. Las calles de la ciudad se compactaban con trozos de amianto, para evitar el barro. Cuando se asfaltaron, nadie lo retiró. Y ahí sigue.

El único estudio que existe sobre los residuos de amianto provenientes de la fábrica Uralita lo hizo la Diputación de Barcelona en 1997 por encargo del Ayuntamiento de Cerdanyola. En este informe apuntaba la presencia de fragmentos de fibrocemento en varios taludes y solares próximos a los terrenos que ocupó su fábrica, además de un camino rural. El Ayuntamiento afirma que todos estos puntos han sido descontaminados, a excepción del talud.

Pero eso no significa que no quede amianto. El propio Ayuntamiento admite que los técnicos de la Diputación se limitaron a visitar puntos donde ya se sabía de la existencia de residuos y ninguna Administración ha buscado más allá. Se lo plantearon, dice la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Laura Martínez. El problema: "Vale una fortuna".

No se busca amianto. Pero sí se encuentra. A toneladas. Para esos casos, lo único que existe es un protocolo de actuación de la Agencia Catalana de Residuos. Cuando un particular (un constructor, por ejemplo) encuentra amianto, sobre el papel está obligado a dar la alerta a la agencia, que envía una empresa especializada que tratará de enterrar el material tóxico a unos dos metros de profundidad y lo cubrirá con una malla geotextil. La otra opción es que lo saque y lo lleve a un depósito de residuos peligrosos. Pero "vale una fortuna".

En 2009, la Generalitat destinó 1,4 millones de euros para descontaminar (enterrar y cubrir, en realidad) el amianto de un solar grande donde se ubicará una escuela. Si el terreno es privado, el coste lo asume su propietario, lo que permite la picaresca de algunos promotores. "Seguramente", reconoce la concejal de Urbanismo de Cerdanyola, hay promotores que no alertan cuando aflora amianto en su obra. Pero el engaño, lamenta, es "incontrolable" y solo se ha descubierto en algunas ocasiones gracias a denuncias de los ciudadanos.

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha dictado una sentencia histórica al reconocer a 45 vecinos de Cerdanyola el derecho a ser indemnizados con 3,9 millones de euros por las enfermedades (cáncer, problemas respiratorios...) causadas por la contaminación ambiental de amianto. Hasta la fecha, solo antiguos trabajadores de fábricas que usaban amianto habían sido reconocidos como víctimas. El último se conoció ayer: Honeywell Friccions, ubicada en El Prat (Barcelona), ha sido condenada a indemnizar con 153.370 euros a un ex empleado.

La sentencia de Cerdanyola también abre la puerta a nuevas demandas: una asociación de Sevilla presentará una demanda contra Uralita por las enfermedades sufridas por 25 trabajadores y familiares afectados.