Caliente, caliente

Las empresas Antracitas de Besande, Felipe Villanueva y Antracitas de Valdehaya, las dos primeras del grupo Bergel, han cerrado sus pozos a lo largo del último semestre de este año. La crítica situación económica de estas explotaciones y de la empresa Minero Cántabro Bilbaína, en conjunto con unos 400 trabajadores, y deudas de 2.000 millones de pesetas hacen prácticamente irreversible su clausura. Distintas instituciones y sindicatos buscan una salida airosa para los trabajadores, algunos de ellos enfermos de silicosis, mientras, las medidas de protesta no se han hecho esperar.

La plantilla de Antracitas de Besande ha radicalizado su postura para tratar de conseguir reivindicaciones sociales y económicas. En los últimos días los mineros han impedido la entrada de carbón en la central térmica de Velilla, en las cercanías de Guardo, basculando el mineral de los camiones y enfrascándose en una lucha sin cuartel contra un nutrido contingente de fuerzas del orden público que, apostado en la ladera del monte, controla, sin escatimar material antidisturbio, los movimientos de los piquetes.Desde el pasado día 23 siete de ellos, afectados de silicosis en primer grado, algunos de ellos con cuatro y cinco hijos, se encuentran encerrados en la mina, adonde se accede por un tortuoso camino de montaña con más de medio metro de nieve. Seis días han permanecido a 3.000 metros de profundidad, con una humedad que cala hasta los huesos y temperaturas bajo cero. El agravamiento del estado de un octavo compañero y la sospecha de "ir cayendo uno a uno si esto se alarga" ha obligado a trasladar el encierro a los Cuartos de Aseo, un amplio caserón en el que los monos y cascos recuerdan tiempos mejores.

"Vamos a combatir porque tenemos poco que perder y mucho que ganar", dice Braulio Jiménez. De sus 30 años, 12 los ha pasado en la mina. "Nos asusta más el hambre y el futuro que el frío y la soledad", apostilla. Las indemnizaciones que se discuten en estos momentos -de tres a cuatro millones de pesetas- no recogen ningún tipo de suplemento por la enfermedad profesional que les limita en gran medida para optar a otro puesto de trabajo.

Recolocación

Otras dos empresas de la zona, Mina Eugenia y Carbones San Isidro y María, con unos 90 trabajadores, podrían cerrar a corto plazo, según UGT. Esta situación, desencadenada en los últimos meses, provocada en gran medida por una controvertida gestión empresarial en el grupo Bergel (minas con más de 60 años de antigüedad), ha sembrado la preocupación en la comarca, eminentemente minera.Los cerca de 30.000 habitantes de 16 municipios del norte de la provincia, con unos 200 núcleos de población, tienen una actividad mixta centrada en la minería, ganadería, agricultura y el sector servicios. En opinión de Carlos Rojo, Alcalde de Guardo, del PP, se podría mantener la renta de la zona "sujetando a las empresas que no han entrado en crisis", como es el caso de Antracitas de Belilla, Minera San Luis y Antracitas del Norte, en total con 700 trabajadores.

No obstante, Guardo, cabecera de comarca con 10.000 habitantes, ha perdido en los últimos seis años además de los dos cines más de 300 trabajadores tras la reestructuración de una fábrica de productos fitosanitarios, ahora del grupo Ercros, y el sector de la construcción ha experimentado un claro descenso. La dificultad de las vías de comunicación y la posible desaparición de la línea férrea de Feve, unido a la ausencia de un hospital comarcal (el más cercano se encuentra en Palencia, a 100 kilómetros) son factores de riesgo para la posible ubicación de nuevas empresas en el lugar. Los proyectos más inmediatos se basan en una coperativa textil que está previsto que genere unos 80 puestos de trabajo, la instalación de un hipermercado de Fámila (40 empleos) y una sociedad anómina de promoción con participación de instituciones autonómicas, provinciales y locales; además de capital privado.

Todo ello cuando en la oficina del Inem se contabilizan cerca de 1.200 parados, de los que aproximadamente 650 son mujeres. Los datos reflejan un bar por cada 100 habitantes, unas 1.500 pensiones con niveles económicos que superan la media nacional, y 2.500 niños en edad escolar.