30.000 desaparecidos en la dictadura argentina: Milei cuestiona la cifra y agita el negacionismo

La dictadura argentina puso en marcha un plan sistemático para secuestrar, torturar y desaparecer a miles de personas entre 1976 y 1983. Con el regreso a la democracia, los responsables de los crímenes empezaron a ser juzgados y condenados, pero jamás entregaron las listas de las víctimas ni contaron qué hicieron con sus cuerpos. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada para investigar los crímenes de la dictadura, registró 8.961 denuncias de familiares de desaparecidos en 1984. “Tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta”, dejaron escrito en un informe presentado al presidente Raúl Alfonsín los autores del Nunca más. Ese número provisorio ha sido usado en los últimos años para relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar una cifra canónica, la de los 30.000 desaparecidos que postulan organismos de derechos humanos.

La más reciente de las polémicas la abrió el Gobierno de Javier Milei, que eligió el 24 de marzo, día que Argentina conmemora a las víctimas del golpe de 1976, para difundir desde la Casa Rosada un video que relativiza el terrorismo de Estado y niega que haya habido 30.000 desaparecidos. En la grabación, se escucha al exguerrillero Luis Labraña atribuirse la gesta de la cifra y decir que el número es “falso”. Durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri, en 2016, se abrió un debate similar cuando el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, dijo que el número “se arregló en una mesa cerrada” para “obtener subsidios”. “Que él nos dé la lista de quiénes son los desaparecidos”, le espetaron entonces Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que desde los años setenta reclaman saber dónde están sus hijos y nietos desaparecidos.

Una de ellas, Vera Jarach, le expuso el reclamo a Angela Merkel, de visita en Argentina poco después. Jarach, que escapó del nazismo cuando era una niña, llevaba su pañuelo blanco en la cabeza y un cartel que decía “son 30.000″ cuando se dirigió a la excanciller alemana: “Mi abuelo se quedó [en Europa] y terminó en Auschwitz. No hay tumba. En Argentina, le tocó a mi hija: 18 años, secuestrada, torturada y [arrojada al mar en] los vuelos de la muerte. Tampoco hay tumba. Son analogías, la historia se repite. (...) Nosotras no sabemos cuántos fueron [los desaparecidos]. Los militares lo saben, quisiéramos que nos digan”. Pero la información completa sobre los detenidos y desaparecidos jamás fue entregada por los represores, que a partir de 1985 empezaron a ser juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad en procesos que dieron un ejemplo al mundo.

La cifra postulada por organismos de derechos humanos no pretende ser una estadística, sino que busca dar cuenta de la magnitud del horror. El intelectual Martín Kohan ha dado una de las definiciones más populares al respecto. “La cifra de 30.000 es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. (...) Hay características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas: no tenemos muertos, tenemos desaparecidos porque la represión fue clandestina, porque se siguen buscando los cuerpos y se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. No es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000, como se dice tontamente o macabramente”, dijo en una entrevista.

El carácter ilegal y clandestino del accionar del Estado durante la dictadura hace improbable llegar a un número definitivo de desaparecidos sin la información de los perpetradores. Esa misma dificultad aparece al intentar contabilizar las víctimas de otros horrores: tampoco existe, por ejemplo, una lista cerrada de 6 millones de muertos en el Holocausto. El jurista Luis Moreno Ocampo señala, sin embargo, que la cifra “no cambia la gravedad de lo que pasó”: “No cambia los crímenes y no cambia los responsables”. Advierte, también, de que el debate sobre la cifra “no genera ninguna reflexión interesante”. “La violencia de 2024 no es más guerrillera, no es más dictadura. La violencia hoy en toda América Latina es el crimen organizado y no estamos trabajando bien en cómo enfrentarla”, dice a EL PAÍS.

“Estamos volviendo a discutir cosas que ya se discutieron y se resolvieron bien”, continúa el jurista. Fiscal adjunto de Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas, que en 1985 condenó a las cúpulas militares tras el regreso a la democracia en Argentina, Moreno Ocampo recuerda que en el proceso bastaron 709 casos para probar un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición puesto en marcha por los jerarcas militares. “Strassera dijo en la acusación: sean 10.000, 15.000 o 30.000 el crimen es igual”, recuerda Moreno Ocampo, que años después se convirtió en el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. “El tema no es el número. Un genocidio puede cometerse sin tener ningún muerto”, afirma.

Contar el horror

Ezequiel Ipar, profesor de la Universidad de Buenos Aires y director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín, señala que los registros de víctimas en procesos como dictaduras o genocidios “son siempre difíciles de construir por la magnitud del horror y la necesidad de encubrirlo” de los perpetradores. El académico pone el ejemplo de uno de los principales centros de documentación de la Shoá, el Yad Vashem de Jerusalén, que acepta la cifra canónica de 6 millones de víctimas del Holocausto, aunque en sus registros haya 4,8 millones de nombres. “La fuerza de la cifra viene de intentar contar la magnitud del daño en el doble sentido de narrar y cuantificar. Cuando la combaten quieren que no se cuente en los dos sentidos: que no se cuente la magnitud y que no se siga narrando ese horror”, dice Ipar.

La antropóloga Ludmila Da Silva Catela escribió en un artículo reciente que es “indigno” que se le reclame a las víctimas “un número que ellas no pueden saber ni tienen por qué investigar”. La investigadora señala en el texto que para llegar a la cifra de 30.000 se tuvo en cuenta que por cada denuncia realizada “había por lo menos otras dos que no se habían hecho”, se consideraron las denuncias recibidas por organismos internacionales en el exterior y se tomó información de las propias Fuerzas Armadas, que en documentos desclasificados tiempo después y revelados por la prensa reconocieron 22.000 crímenes entre 1975 y 1978, cuando aún faltaban cinco años para el fin de la dictadura.

Además, se tuvo en cuenta “la extensión de la violencia” materializada en más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país. Una estimación hecha por El gato y la caja calcula que por solo cinco de esos lugares pasaron 15.000 personas, una cifra similar a la que menciona el periodista Rodolfo Walsh en su Carta a la Junta Militar de 1977. El escritor, asesinado por la dictadura tras publicar ese texto, enumera “15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados” a un año del golpe. “30.000 era (...) una estimación que se hacía en medio del miedo, la soledad y la persecución”, escribe Da Silva Catela.

El registro de denuncias

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada pocos días después del retorno de la democracia para investigar los crímenes de la dictadura, ofreció la primera cifra oficial y pública de víctimas. “De estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de 9.000. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aún vacilan, por temor a un resurgimiento de las fuerzas del mal”, dice el prólogo de la primera edición del Nunca más, firmada, entre otros, por el escritor Ernesto Sábato, que presidía la comisión.

Ese número fue revisado en 2015 en un informe del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que ajustó errores y contabilizó 8.631 desaparecidos y asesinados. Desde entonces, no se ha hecho pública una nueva actualización del listado oficial. Hay investigadores y familiares de personas desaparecidas que prefieren este registro y cuestionan “la diferencia de 20.000″ que existe con la postulación de los 30.000. El número de casos, sin embargo, continúa siendo actualizado permanentemente porque los juicios a los responsables están abiertos y las denuncias siguen llegando. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado advierte en su informe de que el cómputo “no constituye la totalidad de las víctimas” porque no incluye a bebés apropiados ni a personas secuestradas, torturadas y finalmente liberadas.

Ana Jemio, doctora en Ciencias Sociales, estudió la represión en la provincia de Tucumán, en el norte del país, donde antes de 1985 se registraron 609 víctimas. La académica apunta al incremento “exponencial” en las denuncias hechas en los últimos años, sobre todo por personas cautivas y después liberadas. “Apareció una figura de víctima que estaba invisibilizada”, dice la académica. La base de datos que Jemio e investigadores del Centro de Estudios sobre Genocidio y la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán construyen desde hace una década suma ya 1.826 desaparecidos, asesinados y supervivientes en esa provincia, un número tres veces mayor al inicial. La relación no es extrapolable al resto del país, pero permite ver la dinámica en los procesos de denuncias.

“Se sabe que las denuncias recibidas no son todas”, dice la socióloga Elizabeth Jelin, autora de La lucha por el pasado (Siglo XXI Editores, 2017). “Muchísima gente no denunció por miedo; en otros casos, destruyeron a familias íntegras… Hay una cifra sobre la que hay una certeza, la de la Conadep, y hay también toda una zona gris”, continúa. “Que 30.000 sea una estimación”, asegura Jelin, “no le quita el carácter emblemático a la cifra”. Después agrega: “En este momento, nos encontramos con que discursos que quieren minimizar la represión de la dictadura, justificarla o negarla están en la palestra pública. Siempre lo han estado. Lo nuevo es cuán vociferante son. Lo más nuevo todavía es que el Estado lo tome como discurso oficial”.

El video que difundió el Gobierno de Milei mientras decenas de miles de personas salían en todo el país a marchar en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue la última de las provocaciones del Ejecutivo. “Abrir la cifra a una discusión para seguir construyendo una memoria contra el horror me parece absolutamente aceptable y hasta interesante para seguir pensando”, dice Ezequiel Ipar, y sigue: “Ahora, discutir para relativizar, negar, desprestigiar o revictimizar... Ese el camino del negacionismo de Holocausto en Alemania y es el camino del negacionismo en Argentina. Ese tipo de relativización no te lleva a muchos otros lugares”. “Cuando relativizás los crímenes”, agrega el sociólogo, “habilitás la posibilidad de la repetición”.

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