Sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres podrán jubilarse en Argentina

A partir de este lunes, jubilarse a la edad que marca la ley en Argentina —60 años para las mujeres y 65 para los hombres— será una opción para muy pocos. Sólo una de cada diez trabajadoras y tres de cada diez trabajadores llegan a esa edad con 30 años de aportes a la Seguridad Social, el requisito obligatorio para acceder al beneficio. Por iniciativa del Gobierno de Javier Milei, el domingo venció la moratoria que permitía jubilarse sin haber completado los aportes, a través de un plan de pagos para cubrir lo adeudado al Estado.

En el corto plazo, el fin de la moratoria supondrá un ahorro a las arcas oficiales a costa de agravar la vulnerabilidad de los adultos mayores y ensañarse con las mujeres, las más afectadas por la alta informalidad del mercado laboral argentino y sobre las que recaen de forma mayoritaria las tareas de cuidado no remuneradas.

Los expertos piden al Congreso que debata una nueva ley de forma urgente. Consideran que el sistema actual, basado en una ley sancionada en 1993, es injusto e ineficiente debido a las numerosas excepciones que existen. Sin embargo, los planes oficiales para este 2025 marcado por las elecciones legislativas de octubre no contemplan por ahora una gran reforma del sistema previsional.

Un 30% de jubilados pobres

Los jubilados han sido el sector más afectado por los recortes económicos de Milei, aunque su pérdida de capacidad adquisitiva viene de lejos. En 2020, el costo total de las jubilaciones y pensiones superaba el 12% del PIB y en 2024 cayó por debajo del 9%, pese a que la economía se contrajo un 1,6% en 2023 y se contrajo un 1,7% adicional el año pasado. Es decir, la torta a repartir se encogió por todos lados y hoy, los dos tercios de jubilados argentinos que cobran el haber mínimo de 354.000 pesos (unos 300 dólares) mensuales están arañando la línea de pobreza. Un 30% de ellos ni siquiera llegó a ese umbral a mitad del año pasado, casi el doble que seis meses antes.

Desde ahora, los trabajadores mayores de 65 años que no hayan aportado el tiempo suficiente al Estado perderán el derecho a una jubilación y sólo podrán optar por una pensión universal de adulto mayor (PUAM), fijada en el 80% de la jubilación mínima, es decir, equivalente a poco más de 200 dólares por mes. De mantenerse sin cambios este beneficio, la pobreza en los adultos mayores se disparará.

El cambio que se avecina es grande. Entre 2022 y 2024 se jubilaron, en promedio, unas 425.000 personas por año a través de la Agencia nacional de la seguridad social (Anses): el 70% lo hizo con moratorias y sólo un 17% según está establecido en el régimen general. Alcanzar los 30 años de aportes es casi una quimera para muchos de los trabajadores argentinos. Sólo un tercio del mercado laboral actual está compuesto por asalariados con contrato formal y, si se echa la vista atrás, se ve que en los momentos de crisis económicas agudas, como la de 2001-2003, se dispara la informalidad laboral y la reducción posterior nunca llega al punto inicial.

El economista Rafael Rofman, del Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento (Cippec), considera que “la moratoria fue una medida de emergencia” tomada tras la crisis del corralito de 2001 y que hace años que tendría que haber sido reemplazada por una nueva ley que ordenase todo el sistema jubilatorio y pusiese límite a los más de 200 regímenes especiales existentes, que representan más de la mitad del gasto en pensiones y jubilaciones actual. Se trata además de una carrera contrarreloj: el envejecimiento de la población argentina obliga a mejorar la eficiencia del sistema para que sea sostenible en el largo plazo.

“No es una buena idea seguir extendiéndolas, pero tampoco volver a un sistema que excluye a la mayoría de los argentinos”, advierten en CIPPEC. Rofman opina que suprimir la moratoria sin plantear una alternativa vuelve al sistema todavía más injusto “ya que tratará de forma muy distinta a personas con historias parecidas, por ejemplo, quienes contribuyeron 29 años y quienes lo hicieron 30 años, y de forma parecida a personas con historias muy distintas, por ejemplo, es mucho más generoso con quien toda su vida hizo aportes mínimos bajo el esquema de monotributo que con quien hizo aportes altos como asalariado, pero no alcanzó los 30 años de mínimo”.

“Tendré que laburar hasta los 73”

Es el caso de Patricia Vázquez, instrumentista quirúrgica de 59 años, a la que le faltan 14 años de aportes para poderse jubilar. “Laburé toda mi vida, menos los cuatro años en los que tuve a mis dos nenas, pero la mayoría fueron laburos temporales en los que no me pagaron aportes hasta que entré al hospital público donde estoy ahora”, decía Vázquez el miércoles pasado al resumir su trayectoria laboral durante la protesta de jubilados celebrada el pasado miércoles ante el Congreso en medio de un enorme blindaje policial. “Fui a la Anses a preguntar por la moratoria, pero por unos meses no pude entrar. Ahora no sé si tendré que laburar hasta los 73 años o qué pasará porque las piernas ya no me aguantan para estar muchas horas de pie”, lamentaba. Vázquez, equipada con casco y gafas de piscina, formaba parte de una de las postas de salud autoconvocadas para asistir a manifestantes en caso de ser heridos con gases lacrimógenos o balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, como había ocurrido una semana antes.

A unos cien metros de ella, en la columna de los sindicatos docentes, Gerard, un profesor francoargentino de 52 años, veía también complicado su futuro. “Llegué a Argentina con 23 años y laburé siempre haciendo changas [pequeños trabajos informales] hasta que pude entrar como profesor de francés a una escuela, hace cinco años, y después a otra más”, aseguraba. Sus compañeros en la marcha sostenían pancartas en las que exigían jubilaciones dignas, pero él dudaba en poder acceder a una.

Las principales críticas de Milei se han centrado en las amas de casa por considerar que no les corresponde la jubilación a la que tuvieron acceso gracias a la moratoria. “Mi mamá y mi papá no pueden tener la misma jubilación porque ella no trabajó y él sí“, dijo el presidente argentino durante una entrevista el año pasado. “Uno se pregunta si hicieron la prueba de ‘no trabajar’ como ama de casa durante una semanita nada más, a ver qué tal resulta ese no trabajo”, responden desde el sindicato de amas de casa.

Economistas como Mercedes D’Alessandro sostienen que más allá del debate sobre la falta de reconocimiento oficial a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, las amas de casa son hoy un pequeño porcentaje dentro de ese 70% de trabajadores que en 2024 se jubilaron gracias a ese mecanismo. La mayoría de mujeres en Argentina trabaja también fuera del hogar, pero sus empleos suelen tener condiciones de mayor informalidad y peores sueldos que los de los varones. “El empleo doméstico es la segunda ocupación de las mujeres argentinas y es el peor pago y el más precario de todos. Se estima que de un millón de mujeres que trabajan como empleadas domésticas, 800.000 trabajan sin que nadie haga aportes por ellas”, destaca D’Alessandro, exdirectora nacional de Economía, igualdad y género en el ministerio de Economía.

“No podemos decir que no trabajan ni que el aporte es una cuestión personal, porque es sistémica. No sólo ganan mal, sino que el empleador, que es quien debería pagar los aportes que le corresponden, se los está robando a esa señora que tiene trabajando en negro en su casa”, agrega esta economista. La misma situación aplica para aquellos que tienen a personas trabajando sin contrato en pequeños comercios, talleres u otros emprendimientos.

Cippec sostiene que el camino más razonable sería avanzar “con una reforma previsional integral que unifique beneficios, simplifique las reglas sobre los haberes y elimine inequidades”. Esta solución de largo plazo requeriría amplios consensos en el Congreso para llevarla a cabo, una posibilidad que choca con el gobierno por decreto que ha priorizado Milei en su primer año y medio de mandato.