Cuba, el país que la Revolución no prometió: aumentan el hambre y la mendicidad en la isla

Eran casi las cinco de la tarde de un día de inicios de agosto cuando se vio a Marta Pérez pedir dinero bajo el sol implacable que caía sobre el bulevar de San Rafael. La piel de arrugas finas, el vestido de rayas, el pelo a la altura del mentón y las uñas larguísimas, como una dama antigua, como una aparición por las calles de La Habana. Conducía un cochecito en el que iba su nieta de un año, de ojos curiosos, que se llama Cristi, o Crista, dice. Marta, de 70 años, no sabe precisar bien el nombre de la nieta, que la acompaña en la faena que nadie quiere hacer, porque quién, a la larga, desea extender la mano para que le pongan uno, dos, cinco pesos cubanos. Pero hay que comer. “Aunque sea un poquito de arroz y frijoles negros”, dice la señora. “Porque para comprar carne no tengo”.

Vive con su hija, una auxiliar pedagógica embarazada, sus tres nietos y su esposo, de 79 años, que recibe una pensión, pero “malamente le alcanza para comprar los mandados de la bodega”. Marta, que por años vendió croquetas, helados y refrescos en el restaurante El Viso, de El Vedado, también debía tener derecho a su jubilación, pero su expediente laboral se extravió y, por tanto, quedó en la nada el trabajo de toda la vida. A veces los vecinos la llaman: “Me dicen ven y lávame la ropa, que te voy a pagar”. En ocasiones limpia casas. Pero no alcanza el dinero, como no le alcanza a casi nadie en Cuba hoy.

Marta necesitaría aproximadamente 41.735 pesos cubanos (casi 100 dólares en el mercado informal) para garantizar un mes de comida digna, el equivalente a 20 salarios mínimos o dos años de pensiones para sentarse a la mesa con un plato de arroz, frijoles, carne, algún tipo de vianda o ensalada. Fueron los cálculos obtenidos por el Food Monitor Program (FMP), un programa enfocado en el rastreo y denuncia de la inseguridad alimentaria en Cuba, que controló por seis meses el precio de los alimentos en bodegas, mipymes, ferias y ventas en el mercado negro.

Es difícil sobrevivir hoy en el país de los apagones de hasta 18 horas, de las jornadas enteras sin servicio de agua, el país de las varias monedas, de la inflación del 10%, con alimentos cada vez más caros, y donde el dólar —que alcanzó la cifra histórica de más de 400 pesos en el mercado informal— se traga los pesos cubanos. Hay organizaciones que se han dedicado a contabilizar en números la desgracia cubana: la UNICEF asegura que uno de cada diez niños en la isla vive en condiciones de “pobreza alimentaria severa”; el FMP que cada vez más cubanos solo comen una vez al día; mientras que el último estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) revela que 7 de cada 10 cubanos ha dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos y que casi el 89% de la población vive en la extrema pobreza.

No obstante, la narrativa oficial procura huir de la palabra pobreza como ha evitado reconocer la desigualdad cada vez más acelerada, algo que la Revolución prometió erradicar o reducir al mínimo en su proyecto de país. La socióloga Elaine Acosta González, investigadora asociada al Instituto Cubano de Investigación, asegura que en Cuba hay una brecha cada vez mayor entre el discurso y la realidad, y entre las promesas y sus logros. “Son fenómenos que contradicen la retórica de la Revolución, que justamente había prometido un futuro mejor, de igualdad, de bienestar para toda su población. Lo que vemos 60 años después es un aumento de la pobreza o las desigualdades y, lo que es peor, una negación por parte del gobierno de cuáles son las causas estructurales que la están produciendo”, dice.

Esa negación fue, precisamente, la razón por la que el pasado mes de julio la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitió del puesto 48 horas después de que dijera públicamente que en el país no había mendigos, aún cuando las calles de la isla están pobladas de personas sin hogar, clamando por dinero o comida. Aun así, la funcionaria insistió en que solo se trataba de personas “que aparentan ser mendigos”.

Los dirigentes cubanos, adaptados a tratar el tema de la mendicidad en el país con cualquier tipo de eufemismos al estilo de “conductas deambulantes” o personas en “situación de vulnerabilidad”, tuvieron que salir a reconocer la dimensión de tales declaraciones. El propio Miguel Díaz-Canel asumió de inmediato que el aumento de personas en situación de pobreza son “expresiones concretas de las desigualdades sociales y de los problemas acumulados” en décadas, no sin recalcar el compromiso de su Gobierno. Pero, como nunca antes, estallaron las alarmas de la rabia popular. Nunca un funcionario había sido expulsado del puesto por la fuerza del desprecio de los cubanos.

“Las declaraciones de la ministra causaron tal indignación porque llegaron en un momento donde la sociedad cubana está atravesando una de sus peores crisis, particularmente durante el verano, donde se resintieron los efectos más agudos de la crisis energética, la falta de agua, con un costo muy alto para la ciudadanía respecto de cómo sostener cotidianamente la vida”, dice Acosta González. La socióloga insiste en que no era la primera vez que los funcionarios o medios oficialistas abordaban “el problema de condición de calle desde una perspectiva criminalizadora, punitivista, transfiriendo la responsabilidad del empobrecimiento generalizado de la población a los individuos y no al resultado de políticas sociales que han abandonado los criterios distributivos e igualitaristas de antaño para transferir al mercado o la familia las responsabilidades del bienestar”.

La pobreza en Cuba, una acumulación

La falta de vivienda es otra de las causas por las que muchos cubanos han terminado en la calle. Los vecinos de las ruinas del edificio Riomar —fruto de la explosión inmobiliaria de los años cincuenta en el vistoso barrio habanero de Miramar— tienen algo en común: son gente que, en su mayoría, llegó del oriente, que no tiene casa, que vivía en condiciones de hacinamiento, o que algún huracán le arrasó el hogar. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el déficit de viviendas en Cuba es de 862.000 inmuebles, aunque se cree que las cifras son mayores.

Yuneily Villalón, de 44 años, ahora ocupa un espacio del complejo de 11 pisos y más de 200 apartamentos, que en un tiempo fue una joya moderna de la arquitectura de la ciudad, con vestíbulo, recepción, salones de fiesta, varios ascensores y dos piscinas, habitada por dueños que se fueron del país con la llegada de los Castro, un edificio que luego el Gobierno se agenció, como tantas otras propiedades en la isla.

Ahora, Villalón vive en el apartamento de unos dueños que no conoce, un espacio sin ventanas o puertas, de frente a la costa norte y azul, donde ha acomodado ollas para cocinar, un colchón o algunos muebles que le regalaron los vecinos, gente como ella, que tampoco tenía dónde vivir y se acuarteló en el inmueble. Allí conserva un retrato de Fidel Castro. “Este es mi jefe”, aclara antes que nada. Vivía en Santiago de Cuba, al oriente de la isla, pero hace un tiempo decidió a mudarse a La Habana. “Allá no hay nada, no hay dónde trabajar, tengo que salir adelante”, asegura. El desempleo en el país se mantiene en el 12%.

Villalón llegó a La Habana buscando trabajo, con la promesa de traer a sus dos hijos. Gana unos 1500 pesos (menos de cinco dólares) como empleada en una casa de monjas, y aún así dice que está mejor que cuando vivía en oriente. A veces tiene agua, a veces pasa días sin verla llegar. A veces tiene luz y cocina con la hornilla eléctrica, cuando no, prepara la comida con leña a orillas del mar. “No soy la única que vive así”, dice. “Somos unos cuantos, gente que está buscando salir adelante”.

El edificio está habitado por gente que vive al margen, con lo que puede. Pero es lo mejor que han podido conseguir, y permanecen con el miedo de que vengan a desalojarlos. El edificio, aunque destruido, los guarda de la lluvia, del frío de la madrugada. Si no estuviera, solo tendrían la calle, y a la calle no quieren ir. “Vamos a ver qué van a hacer con nosotros”, dice Villalón con desgano.

Más allá de las cifras oficiales, es imposible conocer la dimensión del fenómeno de las personas en situación de calle en Cuba hoy. El último censo en la isla, realizado en 2012, registra que para entonces había unas 1108 personas con “conductas deambulantes”. Para 2024, el propio Gobierno reconoció que más de 3.700 personas eran atendidas en centros de protección social. No obstante, la realidad es peor que la que reflejan estos números.

Aunque con la depresión económica de inicios de los noventa cada vez más cubanos comenzaron a habitar las calles por falta de techo o comida, los expertos coinciden en que este es un fenómeno acrecentado en los últimos años. ¿Las razones? Un país golpeado por la crisis de coronavirus y el derivado cierre del turismo; la dolarización de la economía, que deja a la población dependiente de las remesas que recibe del exterior, y medidas económicas calificadas de fallidas como la Tarea de Ordenamiento, que han drenado el bolsillo de las familias cubanas, y han arrastrado al país a una de sus mayores crisis.

El economista Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, considera que otros cambios recientes, como la expansión del sector privado y el surgimiento de las Mipymes, que “han favorecido a quienes cuentan con propiedades, capital o residen en zonas como La Habana y otros centros urbanos” también “pueden haber acentuado la desigualdad”. “Lo lamentable es que ese incremento en las diferencias de ingresos y de calidad de vida no ha estado acompañado por un crecimiento económico sólido, como sí ocurrió en China o Vietnam. En cambio, el país enfrenta la combinación más adversa: una economía en declive y una brecha social en expansión. Esta situación es el resultado directo del modelo económico, de sus políticas y de diversas decisiones adoptadas a lo largo de estas décadas”, sostiene.

En medio de esta situación, el Gobierno cubano anunció en agosto el aumento del salario medio mensual a 6.649 pesos (unos 15 dólares), un incremento del 16,4 %, que sigue significando una cifra mínima para el gasto de la familia común. Solo un día después de la dimisión de la ministra cubana, se anunció un aumento del 50% de las pensiones bajo el precepto de la Revolución, según el canciller Bruno Rodríguez, de “no dejar a nadie atrás” y beneficiar a un millón 324.599 de adultos mayores. La pensión mínima se sitúa ahora en 3000 pesos (poco más de 7 dólares). Pero, en medio de una crisis donde los ancianos son los más apaleados, este aumento tampoco les ayudará a llegar a fin de mes.

“La pensión media ha perdido más del 60% del poder adquisitivo entre 2021 y 2024”, explica Torres. “Y la inflación continúa, aunque a menor ritmo, por lo que me temo que esto es solo un alivio ligero en relación con la pérdida sostenida de poder de compra que han experimentado los hogares, y especialmente los jubilados”. El economista no ve una solución a corto plazo a la crisis cubana. “Como esto es resultado del descalabro económico, no se ve una estrategia viable para remontar la crisis actual. Va a requerir cambios profundos y varios años, no estamos ante una recesión típica”.