La huelga de los funcionarios ambientales de Brasil amenaza grandes planes del Gobierno de Lula

Los funcionarios ambientales de Brasil llevan casi medio año confinados en sus despachos en señal de protesta para exigir mejoras laborales. El 1 de enero paralizaron el trabajo al aire libre. Eso significa que se acabaron las inspecciones sobre el terreno, el embargo de propiedades o la confiscación de material usado en actividades ilícitas. Aunque su movilización ya tiene impacto medioambiental y económico, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rompió las negociaciones a principios de mes porque considera imposible satisfacer todas las demandas. Ellos replican que, en las actuales condiciones, difícilmente se cumplirán las ambiciosas metas gubernamentales en materia ambiental y debaten su endurecer su postura y emprender una huelga en toda regla. Un alto cargo de Petrobras estimó en mayo que, si la huelga se prolonga, podría suponer la pérdida del 2% de la producción anual de petróleo, es decir, más de 50.000 barriles al día.

Los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y de organismos como el Ibama (la agencia de protección ambiental) o el instituto Chico Mendes (ICMbio, para la biodiversidad), son, junto al profesorado de las universidades federales, la punta de lanza de unos empleados públicos que exigen mejoras laborales tras el congelamiento salarial de los años Bolsonaro.

La movilización coloca al presidente Lula en una posición complicada. Por un lado, a nadie se le escapa que cimentó su carrera política como líder sindical y organizador de huelgas laborales —estos días ha reiterado su respeto a los que ejercen ese derecho democrático— pero el déficit público aumenta y el jefe del Gobierno empieza a estar irritado con las protestas.

El presidente anunció, la semana pasada, una inversión millonaria en educación superior y nuevos campus en un compromiso que fue considerado como un intento de neutralizar una huelga que dura ya muchas semanas en decenas de universidades.

En cambio, las negociaciones con los representantes de los funcionarios ambientales se han roto. Este es un cuerpo de empleados públicos crítico en dos aspectos: ellos son los encargados de implantar la política ambiental, un asunto central en la política exterior del Gobierno Lula y uno de los asuntos que colocó como prioridad en su campaña electoral. También son esenciales para dar las licencias ambientales en un sector central de la economía como el del petróleo y el gas.

Que a finales de 2023 el Gobierno de Lula concediera jugosas subidas salariales a varios cuerpos de policía —un sector mayoritariamente en sintonía con el bolsonarismo— y no a colectivos que, en principio, le son más afines irritó a estos sobremanera.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, se encuentra en medio del pulso. “Los funcionarios son fundamentales y estratégicos para luchar contra la deforestación, evaluar las licencias ambientales y proteger las unidades de conservación”, recalcó Silva la semana pasada durante una visita a Juazeiro (Bahía), en el Brasil más árido, antes de hacerse eco de los argumentos gubernamentales: “Han estado seis años desatendidos [durante los mandatos de Bolsonaro y Michel Temer] y no tenemos posibilidades de recuperar todo lo perdido”.

Los cinco meses largos de protesta de los agentes ambientales del Ibama se han traducido, por ejemplo, en una fuerte caída de las denuncias por deforestación (-82%), de las multas ambientales (-64%), y en un aumento espectacular (17 veces) del área degradada en la Amazonia (es decir, afectada por la extracción selectiva de la madera más valiosa), detalla al teléfono Wallace Lopes, director de la asociación nacional de funcionarios de carrera Ascema. Añade que solo han gastado el 3% del presupuesto para inspecciones en tierras indígenas. Solo salen al terreno en caso de emergencias como fuegos de grandes dimensiones u órdenes judiciales.

Pero los impactos se sienten mucho más allá de la Amazonia, las tierras indígenas o las reservas naturales. Miles de automóviles, atascados en los puertos por la lentitud de los trámites de importación —porque los funcionarios trabajan con enorme celo y apuran el plazo de los 60 días—. La concesión de licencias ambientales para nuevos proyectos de infraestructura, petrolíferos, gasísticos, paralizada. Se limitan a renovar las ya existentes. Una mala noticia para un presidente que acaba de anunciar un plan mastodóntico de inversiones públicas —buena parte de ellas en los sectores más afectados por la movilización en el área medioambiental— con el ánimo de reactivar la economía, crear empleos y atraer inversiones.

“En 2023 trabajamos mucho y entregamos resultados”, explica Lopes en referencia al primer año de este tercer mandato de Lula, cuando la deforestación en la Amazonia cayó un 22% tras los nefastos resultados de la Presidencia de Bolsonaro, cuando la pérdida de árboles en la Amazonia se aceleró como nunca en las décadas anteriores. Se quejan de que ni el presupuesto ni la estructura del departamento han cambiado de un año para otro.

“Pero ya avisamos que en 2024 necesitábamos inversiones”, añade el también inspector del Ibama y apunta al calendario: “En 2026 tenemos una COP [conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que se celebrará en Belém, en la Amazonia]”.

Los empleados de los órganos ambientales, conscientes de que el Gobierno quiere llegar allí con un expediente de éxitos, mantienen la presión. “Pedimos una reestructuración de la carrera más allá de las reivindicaciones salariales”, afirma Lopes, que es analista ambiental y ha coordinado importantes operaciones en la Amazonia. Destaca el déficit crónico de funcionarios en esta área que se arrastra hace años. Los del Ibama son unos 4.900 cuando deberían rondar los 8.000. El número de inspectores, por ejemplo, es tan irrisorio que a cada uno le corresponde ocuparse de “un territorio equivalente a Dinamarca”, explica.

Aunque estén echando un pulso al Gobierno Lula para exigir mejores condiciones salariales, admiten que trabajar con este Gabinete está a años luz del mandato anterior: “El Gobierno Bolsonaro fue un capítulo aparte, estábamos perseguidos y acosados. Este Gobierno os deja trabajar, no interfiere. Podemos planificar y ejecutar lo que planificamos”, subraya. Y la jefatura de los organismos ambientales vuelve a estar en manos de civiles, de funcionarios de carrera, y no de policías militares.

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