Supersalarios, la clave de que el gasto de Brasil en el Poder Judicial sea seis veces el de Francia

La jueza Maria Izabel Pena Pieranti actuó en varios casos muy sonados en Brasil en los últimos años. Su nombre había salido en la prensa porque, desde su juzgado en Río de Janeiro, se ocupó del cónsul alemán que en 2022 asesinó a su marido en el apartamento que compartían junto a la playa de Ipanema. También se encargó de asuntos pestilentes de los bajos fondos, como el expediente sobre Adriano Nóbrega, un policía de élite reconvertido en cotizado asesino a sueldo que encarnó como nadie las turbias relaciones entre las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y la política carioca antes llevarse sus secretos a la tumba. Pero la magistrada volvió con fuerza a los titulares el pasado enero porque en el último mes antes de jubilarse recibió una nómina que dejó escandalizados a sus compatriotas. Pieranti cobró 1,1 millones de reales en noviembre de 2023, lo que vienen a ser 210.000 dólares. El 80% correspondía compensaciones por vacaciones no disfrutadas o por hacer guardias.

Supersalarios como este son uno de los motivos por los que el sistema judicial de Brasil es el más caro del mundo, según un estudio comparativo elaborado por el Tesoro. El gasto en justicia supone el 1,6% del PIB brasileño. Es decir, los tribunales brasileños cuestan cuatro veces más que la media internacional y seis veces más que los de Francia o Tailandia. Y por comprar dentro de las fronteras, absorbe más fondos del erario público que la suma de los cuerpos de policía, los bomberos y el sistema de prisiones. O más que el programa Bolsa Familia para los más necesitados.

El debate en torno al desmesurado costo ha resucitado esta semana con la publicación de la detallada radiografía en números elaborada por un organismo oficial, el Consejo Nacional de la Justicia.

El gasto en el Poder Judicial en 2023 se puede resumir en un puñado de cifras: ascendió a 132.000 millones de reales (o 25.000 millones de dólares), lo que significa que a cada brasileño, sea centenario o un bebé recién nacido, le supuso el equivalente a 125 dólares al año. Nueve de cada diez de esos reales se destinan a los salarios y los extras previstos en la normativa. Existen pluses para todos los gustos. Está la venta de vacaciones —una práctica extendida que consiste en no tomarse parte del descanso y cobrarlo—, las primas establecidas por el exceso de casos atendidos, por acumular tareas como participar en una conferencia, las ayudas para la vivienda y la alimentación, las dietas…

El diario Estadão sentencia este viernes en un billete editorial que el informe del CNJ “refuerza la necesidad de acabar con esta farra”. Y añade: “El escenario que traza muestra a una élite del servicio público a la que solo le falta cobrar el laudemio [un derecho que se pagaba a los señores] para completar el elenco de beneficios extravagantes que reciben a costa de los plebeyos”.

La abultada nómina que el Estado pagó a la magistrada Pieranti en noviembre de 2023 no es única ni excepcional, aunque pueda parecerlo. Este febrero, 46 magistrados de los tribunales del Estado de Rondonia también se embolsaron más de un millón de reales por cabeza, según Estadão. Todo legal, por supuesto. El editorial de Folha de S.Paulo da una de las claves: “Dotado de un enorme poder de negociación, el gremio [judicial] nunca sacia el espíritu despilfarrador y corporativista”.

En una de esas contradicciones tan típicas de Brasil, el dineral abonado a este puñado de togados está amparado por la ley aunque multiplique por 25 el techo salarial de los funcionarios públicos, solemnemente inscrito en la Constitución y que equivale al sueldo de los magistrados del Tribunal Supremo.

Las ingentes cantidades de informaciones que son públicas al amparo de las leyes de Transparencia brasileña garantizan a la prensa y la sociedad civil brasileña una rica materia prima para seguir la pista a sus impuestos. El debate sobre los privilegios de jueces y fiscales también está calentito porque el Congreso debate una propuesta de enmienda constitucional para retomar los quinquenios, extintos hace años. Si saliera adelante, el sueldo base aumentaría automáticamente cada cinco años para los magistrados.

Incluso el presidente del Tribunal Supremo, Luis Roberto Barroso, ha reconocido que la presión de la justicia sobre las arcas públicas es elevada. “El Poder Judicial es un servicio caro. Por eso, estamos comprometidos a brindar un buen servicio”, prometía recientemente. Barroso aprovechó para quejarse de que los togados son blanco recurrente y fácil de la ira popular. Recordó también que este país ostenta otro récord mundial, el de litigios. “Tenemos que pensar cómo afrontar la epidemia de judicialización que existe en Brasil, somos plusmarquistas mundiales”, decía. Los 18.000 jueces tienen ahora mismo sobre sus mesas 80 millones de casos.

Y lo peor para los contribuyentes que estos días entregan la declaración de la renta es que los gastos en magistrados y tribunales van en aumento. Se han disparado un 60% en 15 años. Los brasileños son perfectamente conscientes de que los togados son los más privilegiados entre la casta de los políticos y altos funcionarios. Además de ser los empleados públicos con los salarios más altos, tienen derecho a dos meses de vacaciones, el doble que las estipuladas en la ley para sus compatriotas.

El Tribunal Supremo acaba de anunciar que adelanta un día sus sesiones a finales de junio, las últimas antes del receso de julio, para que sus señorías puedan viajar a Lisboa a participar en un foro jurídico que organiza la empresa del magistrado Gilmar Mendes y que reúne a cada año en Europa a representantes de los tres poderes. Parte del quien es quien de Brasilia se reencuentra al otro lado del Atlántico.

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