Lula anuncia una inversión millonaria en universidades de Brasil para intentar poner fin a una huelga de profesores

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció el lunes un paquete de 5.500 millones de reales (unos mil millones de dólares) para mejorar las universidades federales y construir una decena de campus nuevos, un anuncio que llega en medio de una huelga de profesores y personal administrativo que para el Gobierno ya está durando más de lo razonable, como expresó el propio Lula en un tono más impaciente de lo habitual. El presidente brasileño hizo el anuncio de las inversiones de forma solemne, en el Palacio del Planalto de Brasilia, junto al ministro de Educación y varios rectores. Fuera protestaba un puñado de manifestantes.

La inversión, que incluye más de 200 obras en total, se dedicará sobre todo a renovar aulas, laboratorios, auditorios o bibliotecas, pero también habrá una partida para crear 10 nuevos campus adscritos a universidades ya existentes. Estarán en una decena de pequeñas ciudades del interior de Brasil. También se refuerzan las becas, sobre todo las dedicadas a garantizar que estudiantes más vulnerables, como indígenas o quilombolas (descendientes de las comunidades de esclavizados que escaparon de sus amos) no tiren la toalla y sigan en la universidad. Algunas de estas medidas ya se habían anunciado a cuentagotas y ahora se les ha dado un nuevo empaque. La idea es aliviar el descontento en la enseñanza superior.

Desde abril, profesores y funcionarios de universidades e institutos federales (centrados en la formación profesional) realizan paralizaciones en centros de todo el país. Piden subidas en los salarios, mejoras presupuestarias para los centros y que se anulen normas aprobadas en los gobiernos de los expresidentes Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022). La movilización tiene un seguimiento desigual y no ha llegado a paralizar las universidades por completo, pero es una piedra en el zapato para el Gobierno, sobre todo porque la defensa de la educación pública siempre ha sido una de las banderas de las políticas sociales del Partido de los Trabajadores (PT). Las protestas empañan esa imagen.

Lula, que forjó su carrera política como líder sindical, reconoció que los profesores y funcionarios tienen derecho a protestar, pero dejó entrever que está perdiendo la paciencia con unas negociaciones que no avanzan como a él le gustaría: “No es por un 3%, un 2% ciento o un 4% que vamos a estar toda la vida en huelga. Vamos a ver otros beneficios. ¿Tienen una idea de lo que se ha ofrecido? Porque Brasil está lleno de dirigentes sindicales que son valientes para decretar una huelga pero no tienen valentía para acabar con ella”, se quejó el mandatario en el acto de presentación de las inversiones.

En la misma ceremonia, a la rectora de la Universidad de Brasilia y presidenta de los rectores de las universidades federales, Márcia Abrahão, le tocó dar el tirón de orejas, recordando que los salarios están realmente desfasados y que hay algunos administrativos que incluso ganan menos que el salario mínimo —que está en 1.412 reales (263 dólares)—. Las demandas varían, pero en general los profesores piden aumentos del 22% empezando ya este año, y el Gobierno los promete a partir del año que viene. Todo se complica porque hay varios sindicatos involucrados. Algunos ya llegaron a acuerdos, pero otros no. Esta semana hay nuevas rondas de negociación y se espera que las medidas anunciadas por Lula ayuden a destensar el ambiente.

En paralelo al trabajo en las mesas de negociación, los impulsores de las protestas también hacen malabarismos para que la oposición bolsonarista no se apropie de sus reivindicaciones para desgastar a Lula. Muchos de los docentes o personal universitario votó al líder de la izquierda con esperanza tras los recortes y el desdén de Bolsonaro hacia las instituciones de educación superior, y a pesar de la frustración actual no quieren ver sus quejas en manos de la extrema derecha. La semana pasada, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside Nikolas Ferreira, uno de los congresistas ultras más locuaces y activos en redes, creó un grupo de trabajo sobre la huelga. A los sindicatos no les hizo mucha gracia: “Buscan resignificar la lucha de los trabajadores (…) No podemos aceptar esa situación. La huelga tiene el sentido de defender y ampliar la democracia y los derechos sociales y no la destrucción de la clase trabajadora”, decía Luis Acosta, uno de los representantes del Sindicato Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior.

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