Ecuador y petróleo: un desafío para la democracia y la Amazonia

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Hace dos años, Ecuador sorprendió al mundo con un referéndum histórico: más del 58% de la población votó por mantener bajo tierra casi mil millones de barriles de crudo en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane). El referéndum fue un triunfo de la democracia y un ejemplo global de cómo una sociedad puede elegir proteger la vida por encima del petróleo; sin embargo, poco ha pasado desde entonces: para agosto de 2024, sólo se había cerrado uno de los 247 pozos del bloque 43. El referéndum dio un plazo de un año para dejar de explotarlo, pero el gobierno anunció que lo hará en cinco.

Hoy, nuevas amenazas emergen y la decisión del pueblo ecuatoriano aún no está implementada. El presidente Daniel Noboa está impulsando la mayor subasta petrolera de las últimas décadas: 2,3 millones de hectáreas en 14 lotes que se superponen con los territorios de siete naciones indígenas (Sapara, Shiwiar, Waorani, Kichwa, Achuar, Shuar y Andoa) en la selva amazónica. Este giro extractivista no es solo una contradicción ecológica —considerando que ya hemos cruzado siete de los nueve límites planetarios, y que la Amazonia está al borde del colapso—, sino que agrava una crisis política y social que se vive en las calles y llega hasta los mercados financieros del Norte Global. Esto hace parte de un ambicioso plan para incrementar la inversión en el sector hidrocarburífero, que incluye 49 nuevos proyectos por 47.000 millones de dólares.

Para hacer viable su plan, el Gobierno de Noboa está impulsando medidas económicas regresivas y promoviendo legislaciones que restringen la protesta social, y debilitan tanto la independencia judicial como la gobernanza ambiental. Los liderazgos territoriales que se oponen, se enfrentan a un aparato estatal cada vez más represivo. Incluso se habla del cambio de la Constitución que priorizaría mayores garantías para los inversionistas en detrimento de los derechos colectivos (como el consentimiento previo, libre e informado) y del resto de la naturaleza.

La expansión petrolera en Ecuador no es un fenómeno solitario y no puede entenderse sin los mercados internacionales. En un reciente informe, del que Amazon Watch fue partícipe, denunciamos que más de 190 compañías de petróleo, gas y carbón están expandiendo sus operaciones en América Latina y el Caribe, con el respaldo financiero de bancos e inversionistas de Estados Unidos y Europa. Aunque la ciencia ha sido tajante en advertir que abrir nuevos lotes de petróleo es incompatible con los objetivos climáticos globales, desde la adopción del Acuerdo de París se han abierto más de 950.000 kilómetros cuadrados para exploración de petróleo y gas en la región, un área más grande que Venezuela.

El dilema es aún mayor: ¿puede haber una democracia plena en sociedades cuyas economías siguen atadas a la extracción de petróleo en territorios indígenas y de alta diversidad ecológica y cultural? El referéndum del Yasuní probó que otro camino sí es posible. El reto es que esa decisión soberana no quede sepultada bajo decretos petroleros, reformas regresivas y pactos con inversionistas.

Lo que está en juego no es solo la Amazonia ecuatoriana. La transición energética justa debe partir del principio de responsabilidad compartida pero diferenciada. La COP30 en Brasil será una prueba decisiva: ¿están los gobiernos comprometidos a declarar a la Amazonia como un territorio libre de extracción, o permitirán que se convierta en una zona de sacrificio? Esperamos que elijan el bienestar intergeneracional e interespecie, por encima de la rentabilidad a corto plazo.