El reto de los waorani: cómo reconstruir una selva manchada de petróleo

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Los bisabuelos de Rosa Nihua fueron indígenas waorani no contactados. “Era el tiempo en que los waorani eran uno solo y defendieron el territorio, todo lo que es el Yasuní”, cuenta la mujer de 45 años, que lleva una línea roja pintada en su cara, debajo de los ojos y la nariz. Usa una ocabogata en la cabeza, una corona tejida de paja y decorada con plumas de guacamayo rojas y blancas, que la identifica como guerrera y autoridad. Es una de las indígenas wao que lidera el viaje desde la ciudad de El Coca, la capital de la provincia de Orellana, hasta el bloque 16 del Yasuní. Las petroleras han creado un mosaico de estructuras petroleras en la Amazonia ecuatoriana, construyendo pequeñas ciudades en los campos petroleros. Han talado miles de hectáreas de bosque y despejado tierras para construir carreteras. Para llegar al bloque 16, hay que navegar una hora por el extenso río Napo, un viaje que ayuda a comprender la inmensidad de la Amazonia. El enclave está en Puerto Pompeya, y de ahí el camino continúa en carretera hasta Guiyero, una de las 84 comunidades waorani de la región. La consulta popular por la que se acordó dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 el año pasado ha avivado la lucha por terminar con la extracción petrolera en otros territorios.

Apenas se desembarca, la empresa pública de Petróleos de Ecuador, Petroecuador, realiza una inspección y registro de quienes ingresan. A pesar de que las tierras pertenecen ancestralmente a los waorani, ellos deben dejar su nombre y número de identidad para que se levante la barrera y se permita su ingreso. Con la petrolera también se negocia el combustible para los vehículos o los botes, que la entregan muchas veces gratuitamente como parte de las relaciones que la compañía debe mantener con las comunidades indígenas a las que entraron. “Tenemos que andar rogando por un par de litros, y si protestamos, vienen los militares”, reclama Rosa. “Esta es mi casa, mi tierra, no tengo que rogar por entrar. No podemos hacer nada porque la empresa se hace la dueña”, continúa.

En el camino lastrado, unas tuberías sobresalen a un lado con cinco barriles manchados de petróleo. Hay agua tornasol empozada, cinta de “peligro” y el aire apesta a gasolina. Es lo que ha quedado del último derrame de petróleo que ocurrió hace tres meses. La enorme mancha negra ha penetrado el suelo hasta expandirse a la ribera del río Indillana, contaminando todo a su paso hasta desembocar en el río Napo. Los enormes árboles que estaban en medio del derrame todavía tienen marcas negras que alcanzan más de un metro de altura desde el suelo. No ha habido remediación en el gran conflicto que siempre intenta evadir la compañía petrolera, que expone en las ciudades sus operaciones con fotografías de árboles, ríos limpios y rostros felices.

“En cinco décadas, el pueblo waorani nunca ha mejorado; al contrario, las empresas petroleras han dejado problemas sociales y de salud”, dice Rosa. Para ella, como líder indígena, el mayor desafío de las comunidades es reconstruir su tejido social después de la incursión petrolera. “Volver a ser un solo territorio”, recalca Ene Nenquimo, de la organización Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe).

En la entrada a Guiyero, un grupo de waorani viste enormes collares de la fibra de chambira, una planta sagrada amazónica, que cubre los senos de las mujeres; una falda tejida de corteza de árbol; los ojos pintados como un antifaz rojo, y la ocabogata de plumas de guacamayo en la cabeza. Los hombres están completamente desnudos. Solo llevan un cordón de chambira para amarrar su órgano sexual a la cintura, una corona de plumas y andan siempre con una o dos lanzas en las manos. Como es tradición, reciben a los extraños cantando:

Waaa kebii

Waaa kebii

Ñeñeidi Ome inime

Ñeñeidi Ome inime

El chasquido de los huayruros en los tobillos de las mujeres marca el ritmo, y las voces suenan como un lamento: Waaa kebii, un canto para pedir ser escuchados, para que les ayuden a defender su territorio ancestral. “Puede ver mi casa y puede también ver cómo viven los petroleros. Yo no tengo nada que comer, pero veo a los petroleros trabajando; pobre mi gente, no trabaja. Estoy triste y muy preocupado”, dice en lengua wao Wanpi Ahua. La comunidad Guiyero está en el bloque 16, donde el primer barril de petróleo se obtuvo en 1994. La exploración se había iniciado diez años antes y, desde entonces, se han levantado 21 plataformas, con 139 pozos activos. De esta zona salen alrededor de 10.000 barriles diarios de petróleo. El río Tiputini atraviesa la comunidad; ya no se pueden bañar ni usar el agua para la vida diaria, ni hay peces que pescar. La fuente de agua está contaminada.

En Guiyero, solo la casa comunal conserva el estilo de las chozas que construían sus ancestros. Las demás viviendas son de madera y techo de zinc. Una vez que el canto termina, los jóvenes se sientan en el patio central de la comunidad, conectan los teléfonos móviles y miran concentrados videos en Facebook. En pocos días volverán a clases, con poco entusiasmo. El colegio les resulta difícil porque las materias no se imparten en su lengua. Su primer idioma es el wao, pero el profesor es de origen kichwa y las clases se dan en español.

De repente, el ambiente se altera con la llegada de un equipo de la petrolera. Los niños corren descalzos a ver a los visitantes y se hipnotizan con el uniforme y el arma de un militar. Algunos, poco tímidos, se atreven a tocar el arma y lo siguen mientras camina. Están ahí para dar una capacitación sobre las leyes de tránsito, porque algunos jóvenes que trabajan fuera de la comunidad han comprado motocicletas y andan a exceso de velocidad, causando accidentes. Las relaciones entre la empresa y la comunidad no son las mejores, asegura Germán Ahua, dirigente de Guiyero. Las exigencias en salud, educación y trabajo no se han cumplido. De 297 personas que viven en la zona del bloque 16, ni una decena está contratada por la compañía, explica su líder.

Alguna vez, los indígenas waorani se movían por uno de los territorios más extensos que cualquier otro pueblo indígena de la Amazonia ecuatoriana. Miles de waoranis caminaban por más de 800.000 hectáreas de bosque. Nómadas y cazadores, los wao fueron el último grupo indígena en tener contacto con la civilización. En 1956, el mundo exterior los encontró por primera vez en la espesa selva. Un grupo de misioneros evangélicos estadounidenses llegó a la Amazonia para evangelizarlos, pero terminaron muertos atravesados por las lanzas. Al mismo tiempo, las exploraciones de petróleo ya habían alcanzado regiones desconocidas para muchos, como el Tiputini, en el extremo oeste del oriente, territorio de los waorani.

Ecuador llevaba una década explotando petróleo, tras abandonar el modelo agroexportador basado en el banano, el café y el cacao. El país apuntaba al desarrollo y modernización del Estado a través de la exportación del crudo amazónico, la región históricamente más pobre. La Amazonia es la segunda región con mayor prevalencia de desnutrición crónica y la primera en desnutrición global y aguda, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sus fuentes de agua están contaminadas por altos porcentajes de la bacteria E. coli, que causa enfermedades y estanca la posibilidad de combatir la desnutrición. El 37% de las defunciones tienen como causa diagnósticos inespecíficos, clasificados como “síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte”.

La civilización ha alcanzado a los waorani con todos sus problemas, como el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, los suicidios, la contaminación y enfermedades crónicas. Y sobreviven en completo abandono del Estado. En la Amazonia, las petroleras lo suplen en sus obligaciones y en condiciones injustas y precarias. Lo hacen a través de los “convenios de compensación social” que firman entre las comunidades y la compañía a cambio de extraer el petróleo. Entre las principales solicitudes está el abastecimiento de agua potable, electricidad, vivienda, escuelas o centros de salud. Todo lo que el Estado está obligado a proporcionar.

Y a pesar de los miles de millones de dólares generados de la explotación de crudo en sus territorios, en las comunidades lamentan que las compensaciones se entregan a cuenta gotas o no llegan nunca. Para Pedro Bermeo, portavoz de Yasunidos, la organización que promovió el referéndum para evitar la extracción del bloque 43 del Yasuní, no existe una relación igualitaria entre el Estado y las comunidades, sino más bien racista y colonialista. “El Estado nunca ha estado presente justamente para que sean las petroleras las que interactúen con las comunidades. Ha sido la estrategia sistemática para crear la dependencia de las compañías petroleras”, añade.

La relación entre las partes se evidencia en un documento que elaboró Petroecuador, la compañía operadora del bloque 43 ITT, y que fue enviado a la Corte Constitucional para explicar cómo y en qué tiempo cerrará todos los pozos petroleros. En el informe se detalla que desde el año 2014 se han firmado 11 convenios de compensación social con las siete comunidades del área de influencia directa, con un promedio de avance en el cumplimiento del 76%. La inversión de esos convenios en los últimos diez años ha sido de apenas 14,4 millones de dólares, a pesar de que el bloque 43 ha generado ingresos por 6.700 millones de dólares entre 2016 y 2022, según el Banco Central de Ecuador.

Después de la consulta popular

En el imaginario de los ecuatorianos, el Yasuní es un parque protegido porque es uno de los lugares más biodiversos del mundo. No todos conocen el significado de la palabra Yasuní, ni su origen, pero en español es sencillo pronunciarlo. Sin embargo, no es una palabra waorani, ni tiene un significado para este grupo indígena al que se le impuso un parque protegido en su territorio. En los 10.000 kilómetros de extensión que tiene el parque hay nueve bloques petroleros con centenares de pozos activos. Solo el bloque 43, el último en abrirse en 2016, tiene 246 pozos de crudo. La consulta popular que ordenó dejar el petróleo bajo tierra en 2023 solo aplica al bloque 43, que corresponde al ITT, manejado por Petroecuador, porque los informes de las autoridades ambientales habían determinado la presencia de las dos últimas poblaciones en aislamiento voluntario: los tagaeri y taromenane. Aunque en el bloque 16, que está a cuatro horas en embarcación del 43 ITT, Ramón Ahua, habitante de la comunidad de Guiyero, asegura haber visto en por lo menos dos ocasiones a un grupo de taromenani. La última vez fue hace menos de una semana, cuando vio a un grupo de mujeres bastante cerca. “Son altas, robustas, con el cabello negro y largo, y andaban completamente desnudas”, relata el hombre.

“Este es el momento más crítico que estamos pasando como waorani: cómo volvemos a unirnos, así como éramos antes”, dice Ene, y detalla que fue uno de los puntos debatidos en la primera Cumbre del Yasuní, a propósito de cumplirse un año del mandato popular de cerrar los pozos petroleros del bloque 43. “Nuestros ancestros lucharon en unidad, no dispersos. Ese es el mayor desafío”, añade Nenquimo.

El cierre del bloque 43 conlleva profundos retos socioeconómicos, no solo por los indicadores de pobreza, sino por la dependencia que han provocado las actividades petroleras durante décadas, determinando una vinculación precaria de los pueblos de la zona con la industria petrolera. En la cumbre, los participantes dibujaron un enorme árbol para exponer su futuro post petróleo. Proyectaron impulsar el turismo comunitario, una actividad limitada ahora por el control de las compañías petroleras que impiden el ingreso a las zonas. También quieren ampliar la comercialización de artesanías de las mujeres waorani para su independencia económica y fortalecer las alianzas con otras organizaciones.

En mayo, el Gobierno de Daniel Noboa conformó un Comité para desmontar el bloque 43 ITT del Yasuní y cumplir con la orden constitucional. Unos días antes de que venciera el plazo impuesto por la Corte, envió un informe del impacto del cierre a los jueces del máximo tribunal en el que detalla que se necesitan cinco años y cinco meses para abandonar la zona. El informe fue elaborado por Petroecuador, que determinó que cerrarlo y desmontar toda la infraestructura y remediar los pasivos ambientales, tomaría alrededor de diez años. La compañía alerta que el cierre anticipado tendría un impacto significativo porque afectaría directamente a siete comunidades indígenas, unas 2514 personas que se benefician a través del programa de relaciones comunitarias. Pero el documento, en el que también participaron otros ministerios del área social, no detalla la intervención del Estado para garantizar los derechos de éstas.

La noticia de que el cierre tomará diez años no fue bien recibida por el pueblo waorani, que además protesta por no haber sido tomado en cuenta en la construcción del documento. Ögue terete - tomamo ïnñiguima, “hablando se entiende la gente”, repitieron en el encuentro con diferentes líderes indígenas y locales. Para ellos, no puede haber reparación sin su participación directa, porque requiere la experiencia en el territorio y la confianza para ingresar a las comunidades. “Sin nosotros no hay reparación”, dice uno de los mandatos enviados a la Corte Constitucional. “Nos han obligado a convivir con la explotación petrolera en el Yasuní y con todas las consecuencias sociales, como las divisiones comunitarias, y ambientales, como la contaminación de nuestros ríos y selvas. El asunto del Yasuní es un asunto waorani”, concordaron cientos de líderes que, esta vez sí, esperan ser escuchados.