El desalojo de la última favela del centro de São Paulo reaviva el debate sobre el derecho a la vivienda en Brasil

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Edwiges Pinheiro pasa la tarde del Lunes de Pascua en su casa de la favela do Moinho, en el centro de São Paulo. Desde allí ve los silos del molino que da nombre al vecindario y la cancha enclavada entre viviendas, donde juegan unos niños. “No somos animales”, dice. Aunque sonría, le caen lágrimas. Si finalmente le toca abandonar su hogar de mala manera, no será la primera vez. Tiene 64 años y dolor de espalda. “Trabajo desde los 15 años. Primero, recogiendo fruta en el campo y, después, limpiando y reciclando”, explica la mujer de piel oscura, nacida en Minas Gerais. A los 19 años, vino a São Paulo en busca de una vida mejor y hace una década que reside en esta comunidad.

En su fachada, como en todas las del barrio, hay un cartel de la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano del Estado de São Paulo (CDHU), responsable de reubicar a quienes expulsen de la única favela que queda en pie en la región central. Es una de las 1.359 del municipio de São Paulo, en las que viven 1,7 millones de personas –un 15% de la población-, según el Censo 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Si Pinheiro se tiene que ir, quiere saber a dónde y asegurarse de que allí haya espacio para su perro y su gata.

La favela do Moinho, en el barrio Campos Elíseos, se extendió desde finales de los 90 hasta ocupar 2,5 hectáreas en un terreno entre vías de tren, que pertenece al Gobierno federal brasileño. Se calcula que allí residen unas 2.500 personas y hay decenas de comercios locales. Pero el pasado septiembre, el Gobierno del Estado de São Paulo –liderado desde 2023 por el conservador Tarcísio de Freitas- anunció su plan de recalificar el terreno para construir un parque y la estación de tren Bom Retiro. Dice que lo hará como parte del proyecto de revitalización urbana, donde, además, planean trasladar la sede del Gobierno estatal.

La peligrosidad del emplazamiento de la favela, cercada por vías de tren y con solo una entrada, es uno de los argumentos para desmontarla. Otro, es que sea un punto estratégico de PCC (Primeiro Comando da Capital) -la principal organización de crimen organizado de Brasil-, ya que es cercana a la llamada cracolandia, donde se concentran consumidores de crack. Flavia Maria, habitante de Moinho desde hace 25 años, odia que llamen a su barrio “búnker del narcotráfico". “Criminalizan a las personas de clase media baja. Hay drogas en toda la ciudad y los peores traficantes viven en barrios buenos”, argumenta.

Desalojos sin plan de realojo

El plan del Gobierno estatal para desalojar a 821 familias es controvertido por la falta de claridad. “Dan facilidades para financiar las viviendas, pero es inaccesible para la mayoría, que subsiste con trabajos informales o salarios muy bajos”, denuncia Yasmin Flores, responsable de la Asociación de Moradores. “No conseguirán pagar y acabarán en la calle”, agrega.

Los vecinos relatan que los presionan para declarar ingresos superiores a los que reciben y así poder acceder a los programas de vivienda, que exigen ganar más de un salario mínimo (1.518 reales o 270 dólares). “0 que si no firmamos ahora, quedarán las peores opciones o ninguna”, afirman algunos que prefieren mantenerse en el anonimato.

Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de São Paulo, la demanda es de 1.687 viviendas, y las ofrecerán mayoritariamente en el centro de la ciudad. Pero hay muy pocas construidas, unas 100 en el centro y 100 en la periferia. También dan ayudas mensuales de 800 reales (142 dólares) para alquiler. “Con ese dinero no hay nada por aquí, los apartamentos cuestan como mínimo 2.000 reales”, sostiene Joana D’arc Cosmo do Nascimento, de 36 años, que trabaja y estudia para ser técnica de enfermería. Ella llegó a la favela hace dos décadas. “Somos la suciedad debajo de la alfombra de la que se quieren librar”.

Su vecino Claus de Oliveira Viera, trabajador de 50 años que llegó desde Porto Alegre, está de acuerdo. “La mitad del salario sería solo para los gastos”. Aún no ha firmado el acuerdo con el Gobierno. “Dan un plazo de un mes para dejar la vivienda y aún no tenemos garantías”, explica.

Críticas al plan estatal

El Gobierno federal ha desautorizado recientemente la demolición de viviendas en la favela do Moinho. Para permitir ceder el terreno al Estado de São Paulo, exige información clara sobre la dirección y plazo de entrega de las viviendas de sustitución, y el proyecto detallado de intervención en la zona. Varias entidades civiles también cuestionan el plan. “No tanto el parque ni la permanencia en ese terreno, sino la forma en que se plantea el desalojo, que no garantiza la continuidad de los moradores en la región central”, explica Lara Araujo Giacomini, investigadora del Laboratorio de Espacio Público y Derecho a la Ciudad (labcidade) en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAUUSP). Raquel Rolnik, una de las urbanistas que coordinan el laboratorio, añade que, aunque es deseable mejorar las condiciones de vida de los habitantes, “si el Gobierno estatal no tiene programa para atender a quienes ganan por debajo del salario mínimo, no puede obligarlos a salir de allí sin una alternativa viable”.

Sin ella, algunas personas podrían acabar sin hogar, una situación en las que están más de 96.000 en São Paulo, según datos recientes del Observatorio Brasileño de Políticas Públicas con la Población en Situación de Calle (OBPopRua) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Luciene dos Santos es una de las vecinas en riesgo. Comparte una casa improvisada a la entrada de la favela con su nieto de cinco años. Allí tienen cama, televisión, baño y cocina. “Dicen que no es una casa, pero si nos echan de aquí nos quedamos en la calle”, lamenta, mientras enseña el papel de la Defensoría Pública, a donde acudió a denunciar la situación.

El martes 22 de abril, las primeras diez familias de la favela do Moinho abandonaron sus hogares en un clima de tensión. Ahora, sus casas están tapiadas con ladrillo. Muchos vecinos no pegaron ojo, expectantes por lo que pasaría al día siguiente. Hace días que viven rodeados de coches de la Policía Militar, y denuncian el uso excesivo de la fuerza. “El Viernes Santo entraron echando gas pimienta”, relata la lideresa comunitaria Alessandra Moja, junto al coche policial que hace guardia en la entrada de la favela. Acaba de negociar con los agentes que han cortado la calle para que permitan el paso a un servicio de donación de alimentos.

El pasado lunes 28, se celebró una audiencia pública en la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp) para tratar posibles soluciones de vivienda. Participaron líderes vecinales y figuras destacadas que apoyan la causa, como el padre Júlio Lancellotti, la arquitecta Raquel Rolnik, el economista Eduardo Suplicy y el abogado Vitor Goulart Nery, que representa a la comunidad a través del Escritório Modelo de la PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

De zona industrial abandonada a barrio

El Moinho Central abrió en 1949 y llegó a ser uno de los molinos más importantes de la ciudad, incluyendo una parada de tren en la puerta para distribuir la mercancía. Con la desindustrialización del centro de São Paulo, cerró y el terreno quedó abandonado. Francisca Nunes Cordeiro, conocida como Xica, fue una de las primeras en llegar, en los noventa. “Estaba lleno de maleza, no había ninguna casa”, cuenta la pernambucana de 73 años. “Llegué joven, con unos cuarenta y tantos años, madre soltera y responsable de mis nietos. No paraba, vendía pescado y limpiaba jaulas de gallinas en la feria. Era mucho sufrimiento y mucha humillación en la calle. Cuando llegaba a casa, lloraba como una loca”, recuerda.

Ahora, con la amenaza de desalojo de la comunidad, Xica confía en las autoridades: “Saben lo que es mejor para nosotros. Lo importante es que no nos dejen en la calle”. Es optimista, pero no todos consiguen mantener ese estado de ánimo. Estos días, entre agresiones e incertidumbre, sienten que, como dice la canción de Cartola, el mundo es un molino. Que tritura sueños. Esperan que no sea así, como pone en una de las pancartas con las que protestan por las calles del centro de São Paulo.