La atípica ecologista que consiguió prohibir el agroquímico que contaminaba las montañas de Costa Rica

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Hace casi diez años, Isabel Méndez, una ama de casa y colaboradora de la iglesia, paseaba cerca de la naciente que surtía de agua a los 5.000 vecinos de su comunidad Cipreses, en la cresta de la cordillera volcánica central de Costa Rica, y se sorprendió al ver una nata blanca sobre el suelo entre los sembradíos de hortalizas. Caminaba por el monte porque pretendía preparar la misa tradicional para que la comunidad le pidiera a la Virgen de los Ángeles las lluvias deseadas por los agricultores, pero la inquietud de la mujer acabó siendo el principio de otra historia. El resultado fue una larga lucha ecologista, hasta que, en 2024, logró la prohibición del clorotalonil, un fungicida vetado en Europa por ser probablemente cancerígeno para el ser humano y que en este conservador pueblo de montaña se utilizaba de manera descontrolada y contaminaba el acueducto, según exámenes de laboratorio de la Universidad Nacional contrastados en Suiza.

Para lograrlo, atravesó un laberinto de documentos institucionales, consultas y gestiones que hizo con EcoCipreses, el grupo comunitario que Méndez formó junto a cuatro vecinos. Como ecologista atípica, cree que también hay mérito divino, dice al recordar episodios tensos junto con otros divertidos de la última década, mientras ojea una pila de documentos. Repasa el trabajo que hizo con el grupo en defensa del ambiente hasta lograr que se firmara la prohibición del clorotalonil en toda Costa Rica por puño y letra del propio presidente, Rodrigo Chaves, un crítico de las causas ecologistas.

“El clorotalonil crea preocupaciones significativas para la salud de los individuos, ya que se encuentra categorizado como probable carcinógeno humano, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés,) y también presenta preocupaciones para la salud por su posibilidad de ser un perturbador endocrino y generar efectos en el desarrollo embrionario”, se lee en la orden de prohibición del producto, que era el cuarto más vendido en el país.

A los creadores de EcoCipreses aún les parece increíble haber sacado adelante ese decreto presidencial hasta hacerlo entrar en vigor en julio. Fue una señal de que, después de todo, las instituciones sanitarias costarricenses aceptaron el peligro que representaba el uso de ese agroquímico y las autoridades agrícolas admitieron a regañadientes la necesidad de su prohibición. Aunque esto solo sucedió después de que la Sala Constitucional emitiera una resolución a mitad de 2023 favorable a la denuncia de Méndez y su grupo.

La firma presidencial fue la confirmación de que también hay luchas ambientales con final feliz. La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, lo celebró al visitar un pueblo cercano para pedir a los ciudadanos denunciar la venta o utilización del clorotalonil y lanzar un plan de muestreo en otros acueductos de la región, donde viven unas 60.000 personas y de donde salen la gran mayoría de papas, zanahorias y repollos para el resto del país.

“Nos da orgullo saber que lo logramos porque entendemos que, al otro lado de la puerta, había grandes intereses económicos de las empresas que lo comercializaban. Hubo momentos en que dudamos lograrlo, sentimos temor y recibimos amenazas”, cuenta Méndez después de volver a visitar el sitio donde, en 2014, surgió la inquietud inicial que la llevó a hacerse preguntas, articularse con vecinos, pedir apoyo a universidades y a generar contactos con otras fuerzas que ayudaron a elevar la denuncia a escala nacional.

Aunque Méndez, al mirar los cultivos, sospecha que algunos agricultores siguen utilizando el peligroso pesticida por el contrabando, ve también el vaso medio lleno y deja salir una sonrisa. Cree que con la prohibición hubo también una sacudida de conciencia, porque alrededor de la naciente ha crecido vegetación donde hasta hace unos meses los cultivos de hortalizas casi tocaban la fuente de agua. Incluso algunos pocos productores han virado hacia métodos orgánicos. Por esto, la activista presume que la fuente natural de agua ya no está tan expuesta a ese plaguicida cuyos residuos son más persistentes en el medio ambiente, lo que aumentaba la probabilidad de que se filtraran en la tierra hasta las capas de agua, al acueducto y a los grifos de las casas, según los especialistas que ayudaron a la causa desde el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional.

“Tuvimos que aprender mucho sobre cómo funcionan los agroquímicos y también cómo funcionan las instituciones del Estado, cómo denunciar y cómo buscar aliados”, relata Méndez, al mencionar el entusiasmo que también tuvieron en esta lucha sus compañeros de EcoCipreses. Nombra a Jordan, un veinteañero profesor de un colegio, y a dos vecinas amas de casa y agricultoras llamadas Ana María y Karla. También habla del aporte de Fabián Pacheco, otro miembro del equipo que sí tenía años de experiencia como ecologista a nivel nacional y que pronto hizo migas con Isabel, quien se define como una luchadora social desde la iglesia, desde la escuela del pueblo o desde su casa, donde a menudo cuida de sus nietos y hace tejidos en medio de imágenes de la Virgen de los Ángeles.

Fue una lucha de participación comunal en un país poco dado al activismo ciudadano; por eso el doble valor que la acredita y el reconocimiento que ha recibido la mujer como lideresa en defensa del medio ambiente.

“El grupo fue pequeño, pero poco a poco tuvimos apoyo de otras personas que veían los pasos que dábamos hasta que logramos la prohibición”, recuerda la mujer, aludiendo también a la hostilidad que recibieron de personas cercanas a la junta comunal que administra el acueducto y que es presidida por un importante agroproductor local que, precisamente, ha defendido el clorotalonil como inocuo. Poca importancia le dio la asociación local a la relación con el cáncer que se ha señalado en países europeos y a las razones por las cuales las empresas envían a otras naciones lo que no pueden vender en sus territorios de origen. En otras comunidades cercanas a Cipreses, en cambio, el comité a cargo del acueducto acabó sumándose a las denuncias del grupo ecologista y ahora aplauden también la prohibición total del producto.

Pero no todo está solucionado, advierte Méndez. Las alertas siguen encendidas por sospechas de la comercialización ilegal del producto traído desde Panamá y por los años que puede tardar la purificación de los manantiales. El equipo no bajará la guardia hasta que haya pruebas de que el agua está llegando limpia a los hogares y no se necesite más la repartición con camiones cisterna, algo que ocurre desde 2022, cuando se emitió una primera alerta sanitaria que recomendaba evitar consumir el agua. También está pendiente el muestreo de más acueductos en la región y la vigilancia sobre otros productos agroquímicos en Costa Rica, el país del mundo con mayor consumo de plaguicidas por hectárea, según un estudio del 2021 auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las prioridades, ahora, son controlar las sustancias contenidas en los vegetales que come la población nacional y conservar limpias las fuentes de agua en momentos de dificultades nacionales para garantizar el acceso al agua potable. Por eso también comparten con otras comunidades costarricenses la experiencia sobre cómo organizarse frente a amenazas al recurso hídrico.

“Mi papá era agricultor, como casi todos aquí, y murió de cáncer gástrico. Hay muchos casos de cáncer en esta zona y los médicos casi aseguran que es por tanto plaguicida. En juego está la salud de nosotros y también el agua de mis hijos y mis nietos. El Estado tiene instituciones que pueden ayudar, pero solo responden si hay presión de la gente, de nosotros, si nos organizamos y nos plantamos contra intereses económicos muy grandes”, dice la lideresa. También habla de la importancia de la “cultura local”, al referirse a las costumbres agrícolas y la fuerte presencia de vallas publicitarias o almacenes de marcas de pesticidas que aún forman parte de este paisaje rural en el que cada día recorre un camión repartidor de agua. Por lo menos, hasta nuevo aviso.