Un ‘cazaplaguicidas’ hecho en Argentina: creado un dispositivo para monitorear pesticidas en el aire

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Hace más de 20 años, Argentina adoptó un modelo de agroproducción extensivo con una fuerte base en los transgénicos. El país se convirtió en uno de los tres grandes productores de soja del mundo, sólo superado por su vecino Brasil y por Estados Unidos. Y la actividad es la principal generadora de divisas de un país económicamente golpeado.

La otra cara de ese modelo de producción es el impacto ambiental de los plaguicidas, que afecta a los ecosistemas, produce una pérdida de la biodiversidad y multiplica los pueblos “fumigados”. Con la idea de realizar mediciones ambientales en zonas de resguardo, un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Paraná (Entre Ríos) creó el AR-PUF, un detector de pesticidas en el aire, en conjunto con el Gobierno de la provincia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la nación.

“El equipo es un muestreador de aire de alto volumen, que permite la captura de plaguicidas presentes en esa matriz; funciona tanto para aquellos que se encuentran en fase vapor como particulada. El equipo toma muestras de aire con una bomba de aspiración y es este aire el que pasa por filtros específicos que permiten captar los plaguicidas. Luego, los filtros se llevan a un laboratorio para la determinación de las concentraciones de los plaguicidas de interés. Al día de la fecha no se comercializan estos equipos en el país, por lo cual su fabricación nacional permite un costo menor y una mayor accesibilidad para quien desee adquirirlo”, dijo Mariela Seehaus, investigadora del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná.

Un trabajo de Seehaus en Entre Ríos halló presencia de glifosato en localidades de la provincia. La necesidad de continuar con las mediciones y diagnosticar el problema la llevaron a impulsar la creación del dispositivo junto a su equipo.

“A través de mi tesis de maestría pude realizar una medición ‘indirecta’ sobre la calidad del aire. En ese momento se monitoreó la presencia de glifosato y su principal metabolito de degradación (AMPA) en la depositación atmosférica; es decir en las partículas que ingresan a la superficie desde la atmósfera y que se depositan ya sea por su peso o por acción de las lluvias. El monitoreo fue en 15 puntos de la localidad distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas, en tres momentos con diferentes intensidades de uso de los plaguicidas en la zona. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60% de los puntos, con diferencias entre los tres momentos de medición y en las tres áreas bajo estudio”.

El desarrollo puede ser de utilidad para monitorear el aire en zonas de resguardo. “Consideramos importante que esta información pueda ser utilizada por otras áreas, fundamentalmente las relacionadas a la salud y que sean un insumo cuando se hacen evaluaciones de riesgo. También en el momento de la evaluación pública y privada de diferentes estrategias de manejo integrado de plagas, nuevas tecnologías y desarrollos de biosiunsumos”, dice la investigadora.

Para desarrollar el dispositivo, Seehaus no trabajó de forma solitaria. Convocó al ingeniero químico y becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Manuel Hadad, que venía trabajando en el desarrollo de aparatos con estas características. “En principio, el aparato permite conocer una información que no había: la cantidad de glifosato en el aire. Ese dato se desconocía. Se empezó a ver el efecto nocivo en la leche, en la miel, en los pájaros, en los animales… La idea es delimitar con criterio de mediciones cuál es la distancia a la que el glifosato no llega. Esa distancia no se podía estudiar porque no existía el equipo”.

El costo de un equipo AR-PUF es similar a uno traído de los Estados Unidos. De todas formas, la fabricación local implica un ahorro en traslados e impuestos. “El desarrollo cuesta lo mismo. El tema en un país como Argentina es traerlo desde afuera. El costo del transporte y otros gastos asociados a las transferencias internacionales hacen que sea el triple de caro. No es una tecnología de punta pero sí logramos hacerla más robusta, precisa y acorde al mercado local. Tiene ese valor agregado”, explica la investigadora.

Un equipo para monitoreo de pesticidas en aire es sólo una herramienta; un aporte de datos que sirve para sentarse a la mesa y discutir otro gran tema en Argentina: el mal manejo de productos químicos para uso agrícola, que va mucho más allá del glifosato. Un reciente informe técnico-científico, realizado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y otros organismos oficiales, advertía sobre el uso y los impactos de la atrazina, un herbicida sistémico selectivo autorizado en Argentina para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, cultivos de soja, papa, algodón, trigo y girasol, entre otros. Y prohibido en 37 países, muchos de ellos de la Unión Europea.

“La atrazina ha resultado ser un contaminante frecuente en todos los compartimientos ambientales analizados en distintas provincias argentinas, pudiendo presentar frecuencias de entre el 50 y el 100 %. Además, muchas veces las concentraciones exceden los límites permitidos establecidos por organismos nacionales o internacionales. Esto permite deducir que es un contaminante pseudopersistente en aguas epicontinentales porque, dada la persistencia de la molécula, la frecuencia y los volúmenes anuales de uso, se excede la capacidad natural de depuración del ambiente”, detalle el informe.

Luego, en sus conclusiones, el trabajo indica: “Se identifica una falta de datos e información en todo el territorio nacional sobre las concentraciones de atrazina y sus metabolitos en alimentos, biota, agua superficial y subterránea y aire, así como estadísticas de uso, datos epidemiológicos de exposición, riesgo e impactos en la salud y falta de evaluaciones de riesgo”.

Seehaus considera que los análisis son importantes a la hora de abordar las problemáticas ambientales que tiene el país. “Es necesario incorporar a la comunidad a la hora de pensar o diagramar las posibles soluciones. Contar con la información que el equipo puede brindarnos colabora a la hora de tomar decisiones y seguir avanzando en la definición de mejores tecnologías agropecuarias, delimitación de zonas de resguardo, evaluaciones de riesgo y validación de prácticas de manejo de cultivos”.

Damián Marino, profesor en el área de Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET, cree que la situación es acuciante y que necesita “acciones concretas” más allá de las mediciones. “Basta con recorrer los últimos 20 años de la ciencia argentina para notarlo: sobran los estudios, las evidencias y los datos. Lo que falta es transformar esa información científica en acciones concretas, marcos regulatorios y prohibiciones. Es decir, políticas públicas activas de uso de suelo. Fijate en el documento sobre la atrazina. La situación está para tomar acciones, que deben venir desde distintos sectores. Falta regulación ambiental, resolver cuestiones vinculadas a la salud pública y a los sistemas de producción”, dijo Marino, que realizó numerosos trabajos sobre el nivel de contaminación que produce la aplicación indiscriminada de herbicidas.