La justicia de Argentina condena la contaminación con agroquímicos

En el primer juicio sobre contaminación con agroquímicos en una potencia agrícola como Argentina, un tribunal de Córdoba ha sentenciado la noche del martes a tres años de prisión condicional a un agricultor y a un piloto de avionetas que al fumigar plantaciones de soja transgénica habían contaminado a un barrio vecino de esta ciudad. Los ecologistas argentinos, que esperaban que efectivamente los acusados acabaran tras las rejas, consideran histórico que alguien haya sido condenado en Latinoamérica por el abuso de herbicidas e insecticidas rurales.

En el proceso se juzgaron dos casos de contaminación: uno de 2003 y 2004 y otro de 2008. Pero madres del barrio afectado, el empobrecido Ituzaingó Anexo, comenzaron a denunciar las fumigaciones desde 2002 y el fiscal del juicio, Marcelo Novillo Corvalán, denunció que 169 de los 5.000 vecinos habían enfermado de cáncer hasta 2010 por efecto de la polución.

Parra y Pancello no irán a la cárcel mientras no cometan otros delitos

Dos terratenientes, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, y el piloto Edgardo Pancello fueron acusados por diversos querellantes, entre ellos un exsecretario de Salud de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez, por la presunta fumigación aérea con el herbicida glifosato y el insecticida endosulfán a menos de 1.500 y 500 metros, respectivamente, del casco urbano, que son las distancias establecidas por ley. Ambos agroquímicos suelen usarse en las plantaciones de soja transgénica. Argentina es el tercer mayor productor mundial de esta oleaginosa, detrás de EE UU y Brasil. "Ituzaingó Anexo es un barrio contaminado, enfermo, en terapia intensiva", relató el fiscal.

Después de dos meses y medio de juicio oral, y tras una noche de vigilia de las madres de Ituzaingó y otras organizaciones sociales y ecologistas, el tribunal ha condenado a Parra y Pancello, que no irán a la cárcel mientras no cometan otros delitos, mientras que Gabrielli fue absuelto por la falta de pruebas en su contra. A diferencia de los querellantes, el fiscal había considerado inocente a Gabrielli, pero había pedido cuatro años de reclusión efectiva para los dos condenados y había sugerido que, en caso de que la pena fuera de prisión condicional, ambos hicieran un servicio social en hospitales oncológicos. Pero los jueces determinaron que el agricultor Parra cumpla durante cuatro años con 10 horas semanales de tareas en instituciones sanitarias, sin especificar su especialidad, y que el piloto Pancello haga lo mismo pero durante ocho horas semanales. Además, Parra no podrá usar agroquímicos durante los próximos ocho años y Pancello, durante diez.

El médico querellante Ávila Vázquez afirma que el uso de agroquímicos en Argentina ha aumentado

El médico querellante Ávila Vázquez afirma que el uso de agroquímicos en Argentina ha aumentado, a la par del avance de las semillas transgénicas, de los 30 millones de litros en 1990 a los 340 millones en 2012. “Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas. Los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación. Son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios. Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentaron notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes. Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas se diagnostican con frecuencia en estas áreas. Más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fumigados fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%”, enumera Ávila Vázquez. Los colectivos de agricultores, multinacionales fabricantes de agroquímicos y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner han defendido el uso de estas sustancias siempre que se cumpla con las debidas precauciones, como la fumigación alejada de las ciudades y pueblos y solo en los días en que no haya viento.

"Quedó clarísimo que es un delito”, ha opinado Ávila Vázquez sobre la condena por contaminación. “Podría haber sido un poco más (de años de prisión), puede que la gente no se sienta respondida por esto, pero hemos dado un paso muy grande", ha añadido el integrante del colectivo Médicos de Pueblos Fumigados. El fiscal ha señalado que “sienta un precedente para las causas” sobre agroquímicos “que están paralizadas" desde el noreste hasta el centro-este de Argentina, un país donde la soja, en su mayoría transgénica, supone el cultivo más abundante.