México prohíbe el glifosato para frenar sus efectos nocivos en la salud

México se ha propuesto terminar con el uso indiscriminado de plaguicidas. El Gobierno ha ordenado la prohibición del glifosato –el herbicida más utilizado en el mundo– para 2024. El decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020, que también busca prohibir el maíz transgénico, argumenta que “tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como de algunas especies animales”. El país latinoamericano se une así a la creciente lista de países que, como Austria o Alemania, están vetando el glifosato, convertido en el símbolo de los perniciosos impactos de la agroindustria. La compañía Monsanto patentó el pesticida en 1974 con la marca Roundup, pero desde que venció la patente en el año 2000 también lo comercializan otras empresas.

Entre 2011 y 2012, más del 70% de las abejas de los apicultores de Hopelchén murieron. Los habitantes de ese municipio de Campeche, al sur de México, llegaban a sus apiarios y encontraban a esos pequeños polinizadores por el suelo. El desplome en las poblaciones de abejas coincidió con la llegada de Monsanto a su territorio: en 2012 los cultivos de soya transgénica en la península de Yucatán superaban las 60.000 hectáreas. Las semillas del gigante agroindustrial están genéticamente modificadas para resistir al glifosato, un herbicida que acaba con las malas yerbas de la cosecha. Y, con las abejas, también.

Jorge Oziel Pech aprendió el cuidado ancestral de esos insectos desde niño. Los indígenas mayas como él llevan cientos de años produciendo miel y consideran sagrada a la abeja autóctona de esas tierras, la melipona. Pero los pesticidas, rociados desde avionetas para fumigar grandes extensiones de monocultivos cerca de sus comunidades, amenazaron su principal forma de subsistencia y sus tradiciones. El glifosato también permeó otras esferas de su vida: apareció en muestras de orina, en sus pozos y hasta en el agua embotellada.

La polémica sobre los daños que ocasiona ha sido intensa desde hace años. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como “probable cancerígeno” para los humanos, pero la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea no lo considera como tal. Organizaciones ambientalistas han denunciado las presiones que ha ejercido Monsanto para evitar esa clasificación en Europa y Estados Unidos. Pero el cabildeo no ha corrido tanta suerte en los tribunales. El gigante alemán Bayer, que compró Monsanto en 2018, aceptó pagar 10.900 millones de dólares el año pasado para terminar con decenas de miles de demandas en EE UU por casos de cáncer, supuestamente causados por el pesticida.

Lo que cada vez es un hecho más difícil de negar es el efecto que tiene sobre ecosistemas e insectos como las abejas, que son esenciales para polinizar cientos de cultivos. En 2018, un estudio de la Universidad de Texas reveló que el glifosato altera el microbioma intestinal de las abejas y debilita su sistema inmunológico. Y el año pasado, la propia Agencia de Protección Ambiental de EE UU reconoció que puede dañar o matar a más del 90% de las especies en peligro de extinción.

En México, la lucha emprendida por los apicultores mayas llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a suspender la siembra de soya transgénica en Yucatán y Campeche. Jorge Oziel Pech, sobrino de la líder de ese movimiento, Leydy Pech, ve como una nueva victoria el decreto para la prohibición del glifosato, pero dice que es “solo el inicio”. “El glifosato es la sustancia de la que más se habla, pero existen otras que causan mayores daños y que se comercializan de forma incontrolada en la región”. En México hay 140 plaguicidas autorizados que en otros países están prohibidos por su toxicidad.

Aunque no hay datos fiables sobre la cantidad de glifosato que se utiliza en este país, sí se sabe que la Secretaría de Medio Ambiente impidió la importación de 67.000 toneladas entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, dice Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).

Bejarano forma parte de la organización Sin Maíz No Hay País, que lleva 13 años luchando por proteger las variedades nativas de ese grano. Su movimiento consiguió que la Justicia mexicana suspendiera en 2013 la siembra de maíz transgénico hasta que la Suprema Corte se pronuncie. El experto celebra el decreto, que ve como una manera de “contener a una agricultura industrial que externaliza los costos en la salud y el medio ambiente”.

El Consejo Nacional Agropecuario y su líder, Bosco de la Vega, han emprendido una fuerte campaña en contra de la prohibición del glifosato, asegurando que reducirá drásticamente la productividad. “Traemos grandes amenazas para la producción nacional. Los propios miembros del gabinete están poniendo un freno de mano al desarrollo”, afirmó en agosto del año pasado durante un foro.

Las visiones enfrentadas sobre el campo mexicano también quedaron patentes al interior del Gobierno. Por un lado, el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, impulsaba la agroecología y la prohibición del glifosato. Por otro, el exjefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo –un empresario con negocios en la industria porcina de Yucatán–, se oponía. Ninguno se encuentra ya en el Gobierno, pero la prohibición finalmente prosperó tras la salida de ambos.

Jorge Oziel Pech está convencido de que una agricultura más sostenible es posible y destaca el ejemplo de los cultivos orgánicos en México, uno de los países con mayor producción libre de agroquímicos del mundo. “Hay una oportunidad de iniciar la promoción de estos modelos más amigables con el medio ambiente. Quizá cueste, no va a ser fácil, porque tenemos todo un modelo agroindustrial impuesto desde hace décadas y va a ser complicado transitar. Pero hay que empezar”.