La Corte IDH escucha en Brasil la responsabilidad de los estados para proteger los derechos frente a la emergencia climática

El sur de Brasil vive actualmente una de sus peores crisis. El 80% del territorio del Estado de Rio Grande do Sul está bajo el agua y hay cerca de 1,5 millones de damnificados. Más al norte, en las ciudades de Brasilia y Manaos, desde este viernes 24 de mayo y hasta el miércoles 29, estará ocurriendo algo que está profundamente relacionado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estará realizando consultas públicas sobre las obligaciones que tienen los estados frente a los derechos humanos relacionados a la emergencia climática.

Durante estos días, la Corte aterrizará en Brasil para escuchar lo que tienen que decir 116 delegaciones, unos testimonios que servirán como insumo para la respuesta que dará el tribunal a Chile y Colombia, países que, a principios de enero de 2023, le pidieron una inédita opinión consultiva a la Corte sobre este tema. “Una opinión consultiva es un manual, una hoja de ruta muy comprensiva que les dirá a los estados de la región [no solo a Chile y a Colombia] qué tener en cuenta a la hora de proteger el conjunto de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática”, explica a América Futura Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y una de las expertas que expondrá sus ideas ante la Corte esta semana.

El documento que, se espera que sea presentado a final de este año, no solo orientará a los estados sobre cómo actuar frente a la emergencia climática, sino que guiará a la sociedad civil, a la academia y generará una suerte de precedente para litigios climáticos que se den a nivel nacional y local. “La opinión consultiva que salga de este proceso también orientará al poder judicial, porque tendrán una herramienta esencial para los litigios que se planteen en los países”, agrega Soledad García Muñoz, quien ejerció hasta hace poco como la primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). García fue invitada a dar sus aportes por la misma Corte IDH en unas primeras audiencias sobre cambio climático y derechos humanos que se hicieron en Barbados en abril de este año y en la que participaron 63 delegaciones.

Aunque la expectativa está puesta sobre la opinión consultiva final, ambas expertas creen que lo que sucedió en Barbados y está por repetirse ahora en Brasil, las mismas audiencias públicas, son enriquecedoras de por sí. “Se está dando un debate plural, airado y profundo no solo sobre el impacto que la crisis climática tiene en los derechos humanos, sino cómo estos pueden apalancar la acción climática”, cuenta Krsticevic, recordando que líderes indígenas, científicos, campesinos, los mismos estados y ONGs están siendo escuchados por la Corte. De hecho, según el alto tribunal, este ha sido el proceso más participativo de la Corte Interamericana, ya que, además de las 179 delegaciones que serán escuchadas, se han recibido 262 observaciones escritas que provienen de más de 600 personas.

Una revolución jurídica climática

La crisis climática es también una de derechos humanos. La emergencia afecta el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, al trabajo y, con un enorme énfasis, vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esto, las recomendaciones que se le están dando a la Corte tienen varios frentes. Krsticevic, por ejemplo, cuenta que Cejil hace parte de varios grupos que presentarán durante estos días cuatro informes: uno sobre niñas, niños y nuevas generaciones, otro sobre defensores de derechos humanos, uno más sobre acceso a la justicia y, finalmente, un último sobre acceso a la información y producción climática.

“Le estamos remendando a la Corte que genere unas pautas especificas sobre la protección de personas que defienden el ambiente y de indígenas”, comenta. “Buscamos que se desarrolle en cierta medida lo planteado con el Acuerdo de Escazú, que se entienda que los estados tienen la obligación de defender a los defensores de la naturaleza”. Pero hay también otros temas que, cree, son urgentes y en los que se puede avanzar más en la práctica. “Esperamos una opinión consultiva en la que la Corte guíe a los estados a que generen sistemas de información que permitan una respuesta más adecuada a la emergencia climática, información que es clave para la prevención y para las medidas de adaptación”.

García lanza un aporte en la misma línea. “Hay algo que no se ha explorado tanto y es el derecho humano a la ciencia, a beneficiarse del mejor conocimiento científico”, explica. En su intervención ante la Corte que hizo en Barbados, la experta también planteó que el enfoque que se tome sobre derechos humanos en la emergencia climática debe ser “indivisible, interdependiente y digno”. En pocas palabras, lo que propone es que se aplique esa interrelación entre los derechos humanos, en la que se entienda que, cuando se vulnera un solo derecho, se están vulnerando varios a la vez. “Por ejemplo, cuando fui a La Guajira (Colombia), se hablaba principalmente de la afectación al derecho al agua o del hambre, pero en el contexto de la emergencia climática también se están vulnerando derechos civiles y políticos”, comenta.

Además, dice que espera que la Corte, en su documento final, hable de una perspectiva interseccional de los derechos. “Se debe reconocer que ha existido una discriminación histórica y de situaciones de vulnerabilidad contra ciertos grupos de personas que son, también, las más expuestas ante el cambio climático”. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, y “los niños y niñas, así como las generaciones futuras, los que no han nacido, pero a los que les hemos dejado esta casa así”.

Desde su punto de vista, lo que está pasando con estas consultas y con lo que diga la Corte será una “revolución jurídica donde, por fin, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dejan de ser derechos de segunda categoría”. Y no solo por lo que se está viviendo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. En 2022, la República de Vanuatu, un estado insular y altamente afectado por la crisis, también le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. Hace pocos días, también, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una corte de Naciones Unidas, dictaminó que los gases de efecto invernadero generados por el humano y que causan el cambio climático pueden considerarse un contaminante marino.

El cambio climático lo está cambiando todo. Y los sistemas de justicia y de litigio tendrán también que adaptarse a esto para tomar decisiones más urgentes, quizá más radicales. No es casualidad que la Corte IDH haya llegado a estos lugares tan clave en la discusión climática. Barbados es una isla del Caribe amenazada por la erosión costera y el aumento del nivel del mar, pero muy vocal sobre la reparación y las pérdidas y daños que trae el cambio climático. “En todos lados ves señales de qué hacer ante un tsunami”, recuerda García. Brasil, por su parte, es el país que más selva Amazónica tiene, esa sobre la que se habla en casi cualquier discurso climático. Pero como lo vemos hoy, Brasil no solo acaba de salir de una alerta por sequías, sino que acaba de sumergirse en una inundación histórica. La crisis climática es palpable.