El dilema de Costa Rica: ¿cómo hacer que su ‘economía jaguar’ no devore a la población vulnerable?

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El reporte de una división del Bank of America calificó en febrero a Costa Rica como una ‘economía jaguar’ por su ritmo de crecimiento de la producción, el dinamismo de las exportaciones ligadas a la tecnología, la bajísima inflación con que cerró el 2023 y la notoria mejoría de las cifras fiscales. Lo anunció exultante el presidente Rodrigo Chaves en una de sus conferencias de prensa semanales televisadas al comparar el momento de su país con los años de impulso de los “tigres asiáticos” en la segunda mitad del siglo XX. Pero, para muchos costarricenses, ese felino pasa de lejos o los está amenazando.

Las cifras macroeconómicas utilizadas en ese informe de promoción de inversión sobre los bonos costarricenses son ciertas. La nación centroamericana registró en 2023 un crecimiento del PIB de 5,1%, el mayor entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Fue el país con más baja inflación (-1,8%) de América Latina. Mostró el descenso del desempleo a menos de 8% y mejoró el promedio del salario real. La relación deuda/PIB bajó dos puntos hasta 61% y las agencias calificadoras mejoraron la nota crediticia, tras la aprobación del FMI al cumplimiento de las metas fiscales por medidas de austeridad aprobadas durante el Gobierno anterior.

“¡Vean qué belleza! Esto no lo van a decir los noticieros aquí ni los analistas criollos”, decía Chaves en su habitual estilo mordaz, anticipándose a numerosas objeciones que ha señalado la prensa local, la academia, especialistas independientes, gremios, partidos opositores y hasta la Iglesia Católica. Los buenos números macroeconómicos encubren las condiciones en que viven amplios grupos de la población y el crecimiento de la brecha frente a los sectores más aventajados.

Costa Rica es el país de la OCDE con peor desigualdad de ingresos, según los datos del año 2022, sin que en 2023 hubiera de señales de mejoría, pues más bien continuó la caída en la inversión social registrada en la última década. Entre 2014 y 2024, la inversión social pasó de ser 50% del presupuesto del Gobierno Central en 2014 a un 38%, según informes de la Contraloría de la República. En 2022, se recortaron el 28% de las becas para estudiantes pobres. Costa Rica es la nación con mayor porcentaje de pobreza entre naciones de la OCDE, estancada en más de 20% durante este siglo independientemente de cuánto crezca el PIB o quién gobierne. Es el terreno fértil para las organizaciones narcotraficantes, cuyas peleas empujaron al país a su peor registro de homicidios en la historia, aunque sin afectar hasta ahora la recuperación de la industria del turismo después de la pandemia ni la llegada de inversiones, que más bien inundan de dólares la economía y han llevado al tipo de cambio más bajo en 10 años.

El Gobierno ha informado de que ahora hay solvencia fiscal y que la revaluación del colón es una “señal de éxito”, pero a la hora de destinar dinero a la educación, becas, salud o a vivienda social, la realidad es otra. No alcanza, ha dicho el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, premiado como el mejor ministro de finanzas en 2023 por la revista The Banker. “El Ministerio de Hacienda hará todos los esfuerzos necesarios para realizar esta transferencia de recursos, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas, fiscales y presupuestarias así lo permitan”, respondió cuando diputados lo interrogaban por la manera de revertir la reducción de 110.000 becas para estudiantes pobres registrada en 2022. Reconocía así que la prioridad del momento son los indicadores financieros y no la recuperación del sistema de bienestar que durante décadas colocó a Costa Rica en un sitio de admiración internacional.

“¿De dónde los vamos a tomar (los recursos)?”, se cuestionó Acosta para responder preguntas de la prensa, después de escuchar a una mayoría de diputados reprochar las prioridades del Gobierno. “Hay dos Costa Ricas, una de la macroeconomía, y otra de los que tratan de sobrevivir”, le dijo un legislador liberal. “Se anteponen las cifras fiscales sobre la calidad de vida de las personas”, criticó un parlamentario de la derecha. “Estamos viviendo un ahorro muy caro, porque perpetúa la pobreza”, lamentó una legisladora del ala socialdemócrata. “La ‘economía jaguar’ es la que se come las becas y la inversión social”, añadió un legislador de izquierda.

Vestir santos sin desvestir otros

El dilema consiste en vestir santos sin desvestir otros, la figura que utilizó para explicar la disyuntiva el economista y consultor Alberto Franco, exdirectivo del Banco Central de Costa Rica, exdirector por Costa Rica ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representante del Gobierno actual en sus primeros seis meses ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). “Hay que abrirnos a la posibilidad de revisar cada gasto o descobijar alguno de los indicadores, pero no podemos dejar de cubrir lo prioritario en áreas claves, como educación, salud y seguridad o pobreza”. Franco explica que no sólo se debe atender por justicia social o porque tradicionalmente ha sido un sello del sistema costarricense, sino también porque a mediano plazo, esa inversión dará una rentabilidad medible también en términos macroeconómicos. “Dejar a miles de niños sin acceso a la educación hoy nos hará pagar una factura muy cara en poco tiempo”, dice Franco, advirtiendo que también los organismos internacionales esperan de Costa Rica un equilibrio entre la estabilidad financiera y la paz social.

Por eso, a Franco le parece comprensible el mensaje de Nogui Acosta sobre la necesidad de priorizar ahora la estabilidad fiscal y los indicadores macroeconómicos para “crear espacios” para aumentar la inversión social, pero admite que puede haber riesgos. “Aplaudo los esfuerzos del país para ordenar las finanzas desde el 2018, pero el manejo en este momento debe ser fino para no afectar esas áreas esenciales que nos dan rentabilidad social”. Otros analistas y diputados opositores sospechan que la contención de gasto en 2024 puede obedecer a una intención de aumentarlo en 2025 para mejorar la imagen antes de las elecciones de febrero de 2026, aunque la ley impide a Chaves la reelección inmediata.

Por el momento, Chaves lo celebra y en cada semana insiste en su conferencia de prensa: “Costarricenses, vamos bien”, pero no siempre entra en el detalle de los datos, y en algunas ocasiones diluye la verdad. Por ejemplo, exalta la tasa de desempleo más baja en 14 años, pero evita decir que ello no obedece a la creación masiva de empleos, sino que se relaciona a la salida de más de 100.000 personas del mercado laboral en el último año, sobre todo mujeres, jóvenes y personas con menor nivel educativo, por razones diversas que conforman una “alerta amarilla”, según un análisis del Banco Central en enero.

Sólo una parte de la población se beneficia con el dinamismo de las exportaciones de bienes como dispositivos médicos y otros productos fabricados bajo un régimen especial que creció en 2023 por encima de 10%, tres veces más que las empresas tradicionales, aunque aporta una séptima parte del PIB y menos de un octavo de los puestos laborales. Es la continuidad de las “dos caras de Costa Rica” que han señalado distintos informes durante las últimas dos décadas, un período en que el país ha aumentado la desigualdad, en dirección contraria a la tendencia promedio de América Latina. La recuperación económica posterior a la pandemia también ha ensanchado la brecha.

También hay condiciones adversas ocultas en la cifra de inflación. Es cierto que cerró en 2023 con cifra negativa, pero no alcanza para compensar los aumentos de los años 2021 y 2022, lo cual hace que las familias ahora siguen pagando precios más altos que hace tres años, señaló Alberto Franco, quien reitera la necesidad de fortalecer los programas asistencia básica a hogares en pobreza o cerca de caer en ella.

Es lo que pidieron también los obispos de la Iglesia Católica en un duro mensaje al acabar febrero: “Nuestro modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo. No se perciben medidas para paliar la pobreza. La inversión social del país se ha ido desplomando aceleradamente”, criticaron los prelados en la declaración, antes de lanzar entre sus recomendaciones la necesidad de retomar el diálogo entre sectores y entre poderes. Con ellos coincide el economista Franco y el informe de 2023 del centro de investigaciones Estado de la Nación: la pertinencia de que el Ejecutivo y el Legislativo bajen la tensión y tomen decisiones que permitan solucionar las necesidades de la población mediante métodos políticos que son parte de la “marca país”.

Esos acuerdos son los que pide Michael Jiménez, de 39 años, que alimenta a su familia con lo poco que gana como repartidor de comidas mediante plataformas digitales. No tiene seguro social, no cotiza a pensión y el hijo mayor salió del colegio para buscar empleo, pero no encuentra aún. En su casa nunca hacen más de dos comidas. “Yo era mecánico, pero el patrón cerró el taller en la pandemia y me quedé en la calle. Pude comprarme una moto a crédito para trabajar en esto, pero para muchos está muy duro. En la política uno sólo ve pleitos del Gobierno con los diputados y así no se logra nada. No sé quiénes tienen la razón, pero sí sé quiénes lo sufrimos, los que estamos abajo”.