“Fue como huir de la muerte”: la argentina que se hizo abogada para luchar contra los agrotóxicos

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Sabrina Ortiz tiene 38 años y hace más de una década encarna la lucha contra los agrotóxicos en Pergamino, una ciudad a 222 kilómetros de Buenos Aires, cuna de los agronegocios, donde se acumulan denuncias por fumigaciones con plaguicidas nocivos para la vida humana. En 2020, tras largas investigaciones, denuncias desoídas, enfermedades y amenazas, la Justicia argentina prohibió el uso de los químicos a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas de ese distrito y puso el foco sobre productores rurales y funcionarios por contaminación ambiental y envenenamiento.

Una calle angosta de tierra separa la vivienda del barrio Villa Alicia, en la que Sabrina vivía junto a su marido y sus hijos, de los campos de soja que entre dos y cuatro veces por año eran fumigados con agroquímicos. Cada vez que eso sucedía, el olor a veneno invadía toda la zona y respirar era imposible. Días más tarde, aparecían los síntomas en su familia y sus vecinos: brotes, desprendimientos de piel, inflamación en la garganta, náuseas... La mujer acumulaba reclamos y denuncias en el municipio, que eran descartados o ni siquiera se recibían. En 2011, luego de una fumigación aérea, sufrió una grave intoxicación y perdió un embarazo.

Allí comenzó otra lucha. Sin obtener respuesta de médicos ni abogados, Ortiz decidió estudiar Derecho para impulsar ella misma las denuncias. “Todos respondían a los intereses del agronegocio, nunca me acompañaron. Los médicos decían que eran alergias, pero muchos son productores y comercializan los químicos, otros tienen miedo a represalias”, relata a América Futura.

En paralelo, comenzó a juntar firmas y a reunirse con vecinas de otros barrios que atravesaban problemas similares. En una zona, por ejemplo, hay más de 30 personas enfermas de cáncer. Entonces, se conformó una asamblea que impulsó una ordenanza para regular las fumigaciones. La norma, sancionada en 2014, prohibió fumigar en los primeros cien metros cercanos al ejido urbano y estableció otros 500 metros donde se podrían aplicar solo los productos menos nocivos.

Sin embargo, los controles fueron escasos: la reglamentación no se cumplía, las fumigaciones con agroquímicos como el glifosato y Acetoclor, continuaban y las enfermedades se multiplicaban. Ortiz se recibió de abogada en 2017 y en 2018 radicó una denuncia anónima en la Justicia federal, que recayó en el juzgado de San Nicolás. El juez a cargo, Carlos Villafuerte Ruzo, impulsó la investigación y ordenó pericias y restricciones para aplicar plaguicidas. Fue la primera vez que se sintió escuchada.

Salir de “la línea de fuego”

Para ese entonces, los hijos de Sabrina, Fiama y Ciro, ya sufrían múltiples enfermedades respiratorias y en las articulaciones. “Les hacían estudios y no descubrían el origen, hasta que finalmente hicieron análisis de agrotóxicos que indicaron que él tenía 120 veces más de lo que puede tolerar el cuerpo humano y ella, cien”, recuerda Ortiz. Ambos recibieron tratamientos de quimioterapia. “Yo tuve dos ACV —accidentes cerebrovasculares—, los estudios comprobaron que tengo sustancias neurotóxicas en el cuerpo”, describe. “Toda la familia tenía daño genético”, añade. Esto implica que los químicos que respiró e ingirió a través del agua contaminaada dañaron el cromosoma que contiene el ADN.

Un día, su médica le dio un ultimátum: “Tenés que salir de la línea de fuego”. Sabrina y su familia debían irse del barrio, la salud de sus hijos se apagaba. “Una noche de lluvia, mientras fumigaban, cargamos unas pocas cosas y nos fuimos. Ciro miraba para atrás llorando porque dejaba sus juguetes, fue como huir de la muerte”, recuerda.

En 2019, el juez Villafuerte Ruzo prohibió las pulverizaciones y ordenó que las fumigaciones terrestres se realicen a partir de los 1.095 metros del ejido urbano, y las aéreas, a 3.000 metros. Las cifras se desprenden de una investigación del GEMA, el Grupo Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba), que determinó que a partir de esa distancia se reducía el riesgo de contaminación.

Además, el juez procesó a tres productores, Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, por contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud, un delito que en Argentina prevé penas de tres a diez años de prisión. Esa causa ya se encuentra elevada a juicio oral. Según Ortiz, horas después de un allanamiento en sus campos, Roces disparó contra su vivienda, mientras que la hija de éste fue a la casa de sus padres para amenazarla, un caso por el que también entabló una demanda. “Les dijo que me iban a encontrar muerta en una zanja”, recuerda. La familia acusada no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de América Futura.

Cambios de ADN que pueden desencadenar cáncer

Delia Aiassa es genetista investigadora del grupo de GEMA. En su laboratorio privado analizó las muestras de sangre de la familia de Sabrina Ortiz que probaron los elevados niveles de contaminación. “Hay muchos químicos que pueden romper el material genético”, detalla Aiassa en declaraciones a América Futura. “El organismo repara el daño como mecanismo de defensa, pero si se mantiene en el tiempo, lo más probable es que llegue un punto donde no pueda repararlo, las células se dañen de forma permanente y se produzcan cambios en el ADN. Eso puede desencadenar algún tipo de cáncer”, explica.

La investigación sumó un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que advirtió que las muestras de agua de tres barrios de Pergamino no eran aptas para el consumo humano. El estudio utilizó como referencia códigos sobre concentraciones de plaguicidas que admite la Unión Europea, ya que el 90% de los productos regulados por el Código Alimentario de Argentina no se utilizan en la actividad productiva. Además de glifosato, la prohibición alcanza a otros plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y productos fitosanitarios, como Triticonazol, Metolaclor, Clorpirifos, Imidacloprid y 2.4D.

El municipio de Pergamino apeló el fallo y solicitó anular los límites para fumigar, aunque en 2020 una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó las medidas con el objetivo de preservar la salud humana. Ahora se espera que la Corte Suprema de Justicia dicte una sentencia definitiva. La Justicia ordenó al Gobierno local repartir agua potable en los barrios afectados, Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad. Tras varias negativas, las autoridades aceptaron impulsar la compra.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, en el poder desde hace casi ocho años, tacha de falsos los informes que prueban la contaminación. Por el contrario, cita un estudio de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que indica que el agua era apta para el consumo humano. “Ninguno de los valores determinados superaba los límites permitidos”, le dijo a América Futura. “Nuestra Secretaría de Salud no comprobó que en esa zona haya aplicaciones de fungicidas o algún agroquímico más fuerte que tenga alguna incidencia en enfermedades mayor que en otras zonas del mundo”.

Martínez quita peso al hecho de que dos exsecretarios de Ambiente Rural de su gestión estén siendo investigados por la Justicia por la falta de controles sobre los campos. “Nosotros no creemos que haya existido incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hubo una exigencia sobre Pergamino que no existió en otras ciudades”, argumentó el intendente que cree que el caso “va a quedar en nada”.

Por su parte, la agrónoma Virginia Aparicio le indicó a América Futura que los informes del municipio se llevaron a cabo sin tomar como referencia los químicos que se utilizan en la actualidad, e insistió en que se debe reducir el uso de plaguicidas: “Hay herramientas, se pueden utilizar nuevas tecnologías. El interés más importante debería ser la salud humana”, dice. Para Aiassa, habría que avanzar en modelos productivos similares a los que aplicaron países europeos de reducción de agroquímicos y que “no utilicen una cantidad exorbitante de sustancias tóxicas”.

A más de una década del comienzo de su lucha, Ortiz sigue lamentando la falta de humanidad de las autoridades municipales. “Nunca nadie se acercó a ofrecer ayuda, sentí que mi vida y la de mis hijos valía menos que nada”, dice. La abogada ahora espera que la Corte Suprema de Justicia mantenga la prohibición de fumigar. “Hay pruebas de sobra, espero que falle a favor de la vida y la salud, no de las corporaciones”, apunta esperanzada. “Este modelo arrebató la vida de muchas personas. Me pude haber muerto en dos ocasiones, tengo dos manchas en la cabeza y a veces tengo temblores, pero estoy en este plano para algo”.