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Yapacana: la voracidad minera en Venezuela llega a la cima de un tepuy

Imágenes satelitales evidencian la presencia de maquinarias mineras en el parque nacional, una de las varias áreas protegidas venezolanas afectadas por el extractivismo

Militares venezolanos patrullan el Parque Nacional de Yapacana en diciembre de 2022.
Militares venezolanos patrullan el Parque Nacional de Yapacana en diciembre de 2022.YURI CORTEZ (AFP)
Florantonia Singer

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Horas de análisis de imágenes satelitales de alta resolución han llevado a una terrible conclusión a organizaciones ambientalistas en Venezuela. En la cima del tepuy Yapacana, en el Estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, están las huellas de la minería ilegal, que parece incontrolable. Desde 2018 hay indicios pero en los últimos meses, con las imágenes analizadas por el Proyecto MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project de la ONG Amazon Conservation), se ha escudriñado a fondo. Hay unas 3.800 piezas de maquinaria en el parque nacional, lo que evidencia un proceso bien tecnificado, a pesar de estar al margen de la ley. Y en la cima del tepuy han identificado 86 piezas de maquinaria. “No hay casos similares en otros países de la Amazonía en los que se esté explotando la cima de un tepuy. Es muy único y grave, sobre todo teniendo en cuenta que está dentro de un parque nacional”, advierte por correo electrónico el investigador Matt Finer, director de MAAP.

La grave crisis económica en Venezuela es el telón de fondo de esta fiebre extractivista que se vive al sur del Orinoco. El Yacapana ha atraído a entre 15.000 y 20.000 mineros, entre locales y miembros de comunidades indígenas y grupos extranjeros como las guerrillas colombianas del ELN y las disidencias de las FARC, que controlan parte del negocio en la zona, según denuncias de Naciones Unidas y otras organizaciones. Esta zona está ubicada en uno de los estados menos poblados y más pobres y apartados de Venezuela, a más de 700 kilómetros de la capital. Pese a la distancia, de Caracas parten autobuses tres veces por semana hacia la Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas, y desde otras regiones de Venezuela con frecuencia diaria. Quienes viven en Puerto Ayacucho también hablan de la presión que hay sobre el pequeño aeropuerto del poblado, que solo ofrece vuelos comerciales quincenales pero en el que constantemente aterrizan avionetas que, según denuncian, son parte de esa movilización en torno a la minería ilegal. Millones de venezolanos se han ido del país por la crisis, pero también otro número indeterminado ha migrado hacia las minas para sobrevivir.

“La minería se ha convertido en un factor de atracción poblacional y también se ha incrementado la presencia de los grupos armados que tienen el dominio sobre el territorio y la gente”, dice por teléfono el geógrafo Héctor Escandell, de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Amazonas. Esto se ha exacerbado recientemente y dos datos lo evidencian. El primero: la investigación de Finer encontró una nueva deforestación de más de 750 hectáreas dentro el Parque Nacional Yapacana entre 2021 y 2022. 17 de esas hectáreas arrasadas están en la cima del tepuy. El segundo: el Estado Amazonas tiene la tasa más alta de homicidios (18 por cada 100.000 habitantes) de todo el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Un año atrás estaba en el puesto 20. El 7 de enero, el cadáver de un indígena maniatado fue encontrado en el Yapacana como otra evidencia de la espiral violenta en torno a las minas ilegales.

“Se ha hecho un esfuerzo intencionado por fortalecer la cultura minera como una oportunidad de obtener los recursos, lo que ha generado conflictos interétnicos y con ello la erosión de los pueblos indígenas”, denuncia Escandell, que también subraya que ninguno de los pueblos del Estado Amazonas se ha beneficiado de esa minería. “San Fernando de Atabapo, frente a Yapacana, es un pueblo que no crece, no tiene luz ni agua. Del lado colombiano, en cambio, Puerto Inírida ha multiplicado su población por 30, tiene hospitales, calles, electricidad”, enumera.

Oro y endemismo

En Yapacana ya son 3.227 hectáreas las que están afectadas por la minería, según el último cálculo de la organización ambientalista SOS Orinoco, que ha liderado las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos y la devastación ambiental en esta región. En este parque hay una actividad minera más concentrada, a diferencia de otros espacios en el vecino Estado Bolívar, que han analizado con sistemas de información geográfica. “Cada día aparece una nueva mina”, dice Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco.

Imagen de un tepuy en el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y donde se han identificado 62 sectores mineros.
Imagen de un tepuy en el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y donde se han identificado 62 sectores mineros.Harry Kikstra (Getty images)

Desde los años 90, está prohibida la minería en todo el Estado Amazonas, aunque históricamente se ha practicado. La zona no fue en incluida en el Arco Minero del Orinoco que Nicolás Maduro decretó en 2016 como un área estratégica para la explotación de recursos -que abarca 12% del territorio nacional- pero vive el mismo arrase. “Ese decreto dio un impulso a la minería. Es una política que va más allá de esa zona decretada y está impactando todas las áreas protegidas al sur de Venezuela”, agrega Burelli. La minería también ha llegado al Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se han identificado 62 sectores mineros, incluso a poca distancia del Auyán-tepuy y su Santo Angel, la caída de agua más alta del mundo. Hay minería en el Caura, en la Reserva de Biosfera del Alto Orinoco, en Imataca. Las minas ilegales de Venezuela ocupan el segundo lugar -más de 900 focos mineros- entre los países amazónicos respecto al número y el área que ocupan, según SOS Orinoco.

En los análisis de Finer no es posible establecer qué tipo de minería se desarrolla en la cima Yapacana con esas 86 máquinas. Entre los habitantes de Amazonas se ha empezado a llamar este tepuy como “el cerro de oro”. Pero para los geólogos resulta insólito que estén excavando en el tope de una montaña como un tepuy, formado con algunas de las rocas más antiguas del planeta y que por lo general no contienen vetas auríferas. El oro está abajo, en la selva, donde ciertamente es más extensa la mancha de la deforestación. Pero en la cima hay otras riquezas que ahora están amenazadas y son las especies endémicas documentadas por la ciencia. Al menos tres árboles y arbustos solo existen en ese tepuy: el Tepuianthus yapacanensis de unos 10 metros de alto, la Pachira yapacanae que alcanza cinco metros de altura y el arbusto Pentamerista neotrópica. Además está la Navia saxicola, un tipo de bromelia que solo se encuentra en la cima de Yapacana. Entre la fauna, también hay especies únicas como el sapito rojo del Yapacana (Minyobates stermarki), un ave llamada hormiguero del Yapacana (Myrmeciza disjunta) y dos especies de caracoles de tierra que solo han sido colectadas en ese lugar (Plekocheilus (Eurytus) tepuiensis y Drymaeus (D.) yapacanensis). “La Amazonia es una área de mucho endemismo. Se necesita más investigación para saber si esas especies siguen ahí o si están a punto de extinción y también para encontrar más especies, sobre todo de insectos, otros invertebrados y plantas. Pero tampoco se puede hacer investigación donde hay grupos armados”, señala la bióloga Bibiana Sucre, directora de la organización Provita.

Los fondos climáticos

En diciembre, en una operación militar, se intentó desalojar algunas minas. Los primeros días de 2023, unos 350 agentes incursionaron de nuevo en la montaña para desmantelar otras áreas de trabajo. Se han destruido maquinarias, mangueras, motores, pero no se ha producido ninguna detención. El pueblo de San Fernando de Atabapo, vecino de Inírida, en el lado colombiano, está en protesta. La paralización de la actividad minera, tras el cierre de los accesos al Cerro Yapacana, amenaza con dejar sin sustento a 20.000 personas. Los capitanes indígenas se han plantado exigiendo permisos para explotar el oro de manera artesanal, supuestamente con menores consecuencias sobre el medio ambiente y la montaña considerada sagrada en su cultura.

La respuesta del Gobierno venezolano en las últimas semanas a la minería denunciada durante años ha sorprendido a ambientalistas, que no dejan de ser escépticos con los resultados y las intenciones reales de esta movilización militar. Maduro ha promovido el extractivismo en el país al punto de que en 2019 ofreció una mina de oro a cada gobernación del país para que pudieran generar ingresos para hacer gestión. Ahora, señalan los activistas, los intereses parecer estar centrados en ser parte de la repartición de fondos internacionales para el ambiente, como el que acaba de recibir Brasil de Alemania para preservar la Amazonía. Esto también explica la presencia del mandatario chavista en la COP27 de noviembre pasado, donde se acordó un fondo de “pérdidas y daños” para países vulnerables.

“Hay expectativas de poder acceder a financiamiento climático. En muchos ámbitos, el Gobierno estaba excluido por falta de estructura y datos que demuestren que se abocan a ello. El año pasado se creó una oficina de Cambio Climático en el Ministerio de Ecosocialismo como parte de los compromisos que deben cumplir los países para acceder a los fondos”. En esto coincide Olnar Ortiz, defensor de derechos humanos en el Estado Amazonas, quien ha denunciado asesinatos y desapariciones por el conflicto que ha generado la explotación descontrolada los recursos. “No se había hecho nada por frenar la minería hasta ahora”. Está por verse qué compromisos puede cumplir Venezuela en la alianza por la Amazonía que han planteado recientemente los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva.

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