Las muertes violentas caen en Venezuela por la diáspora y los operativos policiales de exterminio

El pasado día de Reyes, un grupo de vecinos de San Agustín, una barriada popular tradicionalmente muy peligrosa del centro oeste de Caracas, organizó una de sus fiestas vecinales en el conocido Afinque de Marín. Fue una insólita cita urbana, relajada e inclusiva, a la que asistió parte de la clase media-alta, normalmente atrincherada en el este de la ciudad, para bailar salsa hasta la madrugada. En las redes sociales surgen iniciativas que ofrecen paseos turísticos nocturnos al centro histórico de Caracas, una actividad totalmente improcedente, por peligrosa, hasta 2017. El centro en los últimos meses está resplandeciente y con negocios que empiezan a dejar sus puertas abiertas por la noche. La vida nocturna ha regresado con vigor en los circuitos de restaurantes, no solo en Caracas. El miedo ha empezado a desaparecer.

El repliegue del hampa ―con los apagones, la baja del tráfico automotor y la relativa quietud en las calles― es uno de los matices más notorios de esta nueva cotidianidad en Venezuela, uno de los países más peligrosos del mundo desde la llegada del chavismo al poder. El Observatorio Venezolano de Violencia calcula que en 2022 hubo en el país 10.700 muertes violentas y 2.300 homicidios, una cifra que supone una caída espectacular de los datos habituales hasta hace cinco años y la más baja desde 1996. De un promedio de 90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes como pico en 2018, la tasa se sitúa en 35 por cada 100.000 desde 2020.

En 2018 se registraron en el país 23.000 homicidios, de acuerdo a los datos que ofrece el libro Revolución de la Muerte, de los abogados penalistas Luis Izquiel y Fermín Mármol García. En 2016, la cifra fue de 28.000 personas. La ola criminal que vivieron los venezolanos durante comienzos de siglo ha sido la más grave de toda su historia, lo que alimentó la diáspora.

De los 9.300 muertes violentas de 2022, el OVV discrimina 1.200 por casos de “resistencia a la autoridad” y 5.700 están inscritas en un nebuloso rubro denominado “en averiguación”, una anomalía estadística que sugiere ajusticiamientos policiales o casos no resueltos, y que expresa una cifra “16 veces más alta que el umbral establecido como aceptable por convenciones internacionales sobre el tema, como el Protocolo de Bogotá”. 1.300 casos son desapariciones sin esclarecer.

Roberto Briceño León, director del OVV, sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, y Luis Izquiel, abogado especializado en materia criminal, coinciden en identificar dos causas fundamentales de este descenso. La histórica diáspora ciudadana de 2017, que se llevó consigo a buena parte de la población joven de origen popular, tradicionalmente víctima y victimario del delito; y los ya frecuentes operativos policiales de exterminio de maleantes que ha ejecutado la fuerza pública. Ambas realidades han operado con enorme impacto.

Parte del hampa nacional ha emigrado a Colombia, Perú y Chile. El Tren de Aragua es una organización criminal venezolana conocida y temida ya en esos países. “Muchos reos con beneficios procesales emigraron caminando por la frontera desde 2018″, afirma el periodista especializado Javier Ignacio Mayorca.

“¿Se reducen los homicidios a causa de una mejora social en el país?”, se pregunta Briceño León, quien acaba publicar su libro Tanatopolítica en Venezuela. “Por supuesto que no. Tampoco porque haya una estrategia de seguridad. Hay un cambio de circunstancias: la quiebra nacional ha obligado a la delincuencia a emigrar. Hay un cambio en el modelo de negocio del hampa, que ha tomado los campos. Los robos de bancos han desaparecido, nadie tiene dinero. No hay efectivo en los cajeros automáticos. Desapareció el secuestro exprés”.

Nicolás Maduro parece haberse decidido a hacer aquello que su predecesor y maestro Hugo Chávez jamás quiso encarar: reprimir. “Desde hace un tiempo se han ido acentuando las operaciones de exterminio de delincuentes, a algunas les han puesto nombre, a otras no. Se dieron cuenta de que en operaciones nacionales llaman más la atención y atraen críticas, así que hacen operativos regionales sin anuncios y les ponen nombres a operaciones concretas. Con eso han acabado con muchas bandas criminales en el país”, dice Izquiel.

Las Operaciones de Liberación del Pueblo, cruzadas policiales mixtas contra los entramados delincuenciales rurales y urbanos, han sido criticadas por numerosas ONG por el continuo ajusticiamiento de personas inocentes y tratos crueles.

“Este tipo de operativos no pueden hacerse en una democracia. Entrar a un barrio y matar a 20 personas, aunque cinco de ellas sea inocentes, como ha sucedido en innumerables ocasiones en el Gobierno de Maduro”, afirma Izquiel, que afirma que Maduro ―un presidente que no tiene, ni de lejos, la popularidad de Hugo Chávez― he hecho importantes inversiones en el pie de fuerza policial y militar del país.

Las cosas distan mucho de estar resueltas, a pesar de la mejora. La pobreza se ha agravado enormemente en estos años. Parte de la delincuencia ha retornado en los flujos migratorios, en ocasiones expulsados de otras naciones. Delitos como el robo y la extorsión han conocido un repunte en 2022. Varias megabandas, escuadrones de maleantes organizados y dotados con armas largas, todavía operan en caminos de la geografía nacional, y grupos gangsteriles trabajan en las zonas mineras del sur del Orinoco. Las guerrillas colombianas siguen causando estragos en la frontera.

“Hay una acción selectiva del Gobierno en el enfrentamiento a bandas, la norma no se aplica completa”, dice el periodista y experto Javier Ignacio Mayorca, autor del portal especializado Crímenes Sin Castigo: “Las policías tienen sueldos mermados, no están motivadas. Varias megabandas trabajan con toda tranquilidad desde Venezuela y no son molestadas por el Gobierno. La banda del Koki ―desmantelada en un comentado operativo en Caracas en 2019, responsable de la mayoría de los secuestros urbanos de entonces― estuvo varios años siendo tolerada”.

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