La crisis humanitaria en el Catatumbo ya deja 60 muertos, más de 18.000 desplazados y 46.000 niños sin clases, según la ONU

El Catatumbo se está desangrando. La montañosa región del departamento de Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela, vive hoy una de las peores crisis humanitarias que haya sufrido Colombia en las últimas décadas. Los ataques de miembros de la guerrilla del ELN para sacar de la zona al bloque 33 de las disidencias de las extintas FARC han traído graves consecuencias para la población civil, al punto de que el presidente Gustavo Petro ha anunciado la declaratoria de los estados de conmoción interior y de emergencia económica para tratar de recuperar el control del territorio y proteger la vida de las casi 300.000 personas que viven en la zona. Un informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en la mañana de este martes, revela que en cinco días de esa guerra entre dos grupos ilegales ha habido por lo menos 60 asesinatos, se han visto obligadas a desplazarse más de 18.000 personas, y 46.000 niñas, niñas y adolescentes están desescolarizados.

De acuerdo con el informe, la violencia se ha concentrado en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego. La mayoría de las personas desplazadas han llegado a las ciudades de Ocaña, en occidente del Catatumbo, y a Cúcuta, la capital del departamento y al suroriente de la zona, en búsqueda de acompañamiento y protección. La ONU también confirmó que en este momento hay más de 1.000 personas de 23 comunidades indígenas que permanecen confinadas, sin poder salir de sus territorios. Además, registra la privación ilegal de la libertad por parte de los grupos armados de al menos 30 personas. “La ONU Derechos humanos condena las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y abusos perpetrados por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo”, se lee el documento.

Juan Carlos Monge, encargado de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos en Colombia, ha hecho un llamado a las autoridades a que adopten medidas eficaces y estructurales de protección “que rompan los confinamientos actuales que enfrentan las comunidades en el Catatumbo, pero sobre todo que les permitan vivir en paz, sin la presencia de grupos armados no estatales, que llevan varias décadas vulnerando los derechos de la población”. Monge exhorta al Gobierno de Petro a iniciar a la brevedad la implementación de la Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones criminales, “como una manera de iniciar los cambios estructurales y de transformación territorial necesarios para mitigar el flagelo de la violencia”.

La Oficina de la ONU también verificó el homicidio de dos personas defensoras de derechos humanos, los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, así como múltiples amenazas en contra de otros liderazgos sociales, lo que ha llevado en muchos casos a que se desplacen junto con sus familias. “ONU Derechos Humanos subraya también la necesidad de que el Estado garantice que las y los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos puedan seguir ejerciendo su vital labor en el territorio”. Además de las amenazas y estigmatización a los líderes de la región, en los últimos días se ha registrado el homicidio de al menos seis firmantes de paz que vivían en el Catatumbo.

Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las FARC y ahora líder del Partido Comunes, denunció este martes en su cuenta de X la muerte de Pedro Nel Angarita, firmante de paz y vicepresidente de Corporación Reincorpaz. “Otro crimen demencial y atroz”, escribió el excombatiente conocido en la guerra como Timochenko. Los demás exguerrilleros asesinados fueron Pedro Rodríguez Mejía, que murió después de que varios hombres del ELN entraran a su casa en El Tarra; Jhan Carlos Carvajalino Quintero, Albeiro Díaz Franco, Yurgen Martínez Delgado y Jhon Freddy Carrascal García.

Ante estos hechos, el Ejército Nacional anunció que ha reforzado la seguridad en la región con más de 500 hombres adicionales, distribuidos en 10 batallones. Se trata de 180 soldados en la fuerza terrestre, 103 hombres del Batallón de Fuerzas Especiales Rurales y 60 de las Fuerzas Especiales Urbanas. “El objetivo de este despliegue es proteger a la población civil frente al accionar de los grupos armados organizados (GAO) que operan en la región”, explicó la Presidencia de la República. A la fecha, dicen las autoridades, 14 integrantes del llamado frente 33 se han entregado al Estado en diferentes unidades del Ejército desplegadas en el Catatumbo, como forma de proteger su vida ante la arremetida. Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado qué medidas tomará bajo el estado de conmoción interior y bajo la emergencia económica, ni ha emitido los decretos que oficializan el anuncio de las declaratorias.