Gustavo Petro otorga la nacionalidad colombiana a Jorge Glas, antiguo vicepresidente de Ecuador y condenado por corrupción

El presidente colombiano, Gustavo Petro, agitó una nueva controversia diplomática este martes al publicar en X que Jorge Glas, el antiguo vicepresidente de Ecuador que se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad, ha recibido la nacionalidad colombiana. Desde Quito, la respuesta llegó con frialdad: “Jorge Glas sigue siendo ecuatoriano”, replicó el Gobierno de Daniel Noboa a través de la Cancillería. En un mensaje al grupo de prensa de la institución, la diplomacia ecuatoriana aclaró que no ha recibido “ningún documento oficial” por parte del Gobierno colombiano que acredite tal nacionalización ni tampoco una solicitud de repatriación. Por su parte, el presidente colombiano eliminó su trino minutos después de haberlo difundido. La publicación retirada incluía una foto del documento oficial de naturalización y en ella Petro pedía al Gobierno de Ecuador “su entrega al Gobierno colombiano”, una solicitud que hasta el momento no se ha oficializado.

La reacción de Ecuador subraya que, independientemente de un eventual otorgamiento de otra nacionalidad, las tres sentencias por corrupción que pesan sobre Glas “continúan vigentes” y seguirán su curso “conforme a la legislación ecuatoriana”. El mensaje busca cerrar el paso a cualquier intento de internacionalizar la situación judicial del político, convertido en figura simbólica para el correísmo, porque es el último alfil del partido de izquierdas y el único que guarda prisión. Petro, el primer presidente de izquierda de la Colombia reciente, es un viejo seguidor del expresidente Rafael Correa.

Glas cumple condena en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Guayaquil, reconvertida por el Gobierno en la cárcel para recluir a los líderes más peligrosos del crimen organizado. El exvicepresidente fue trasladado allí el 5 de abril de 2024, pocas horas después de que la Policía irrumpiera por la fuerza en la Embajada de México en Quito para capturarlo, tras haber recibido asilo político por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La operación provocó una condena generalizada de la comunidad internacional, pero Noboa, un joven político de derechas, defendió la medida como un acto de soberanía. Petro intervino entonces, y anunció que Colombia promovería una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La más reciente de las tres sentencias contra Glas le fue impuesta en junio. El delito es el peculado, en el caso conocido como “Reconstrucción”. En él, los jueces concluyeron que desvió fondos públicos destinados a las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas. El fallo, impulsado por la Fiscalía, añade ocho años de prisión a una cadena que parece no tener fin. Glas permanece entre rejas, aferrado al discurso de persecución política y esperando, quizás, que alguna nacionalidad extranjera le abra una puerta de salida. Además de la recién estrenada de la vecina Colombia, el político tiene el pasaporte alemán, ya que su abuelo paterno fue un judío alemán que huyó del nazismo.

Su caída, desde que Correa lo designó gerente del Fondo de Solidaridad en 2007, ha sido larga y estrepitosa. Amigo del entonces presidente desde que se conocieron en grupo de boy scouts del Guayaquil en los años setenta, fue su ministro de Telecomunicaciones, de sectores estratégicos y su vicepresidente. En 2017, recién reelecto en ese cargo como fórmula de Lenín Moreno, fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. En 2019, mientras cumplía esa pena, la Fiscalía abrió una nueva investigación por el caso “Sobornos”, en el que también fue procesado el expresidente Correa y parte de su círculo más cercano. La acusación apuntaba a un esquema de financiación ilegal del movimiento correísta Alianza País mediante pagos de contratistas del Estado, una práctica sistemática que habría nutrido las campañas electorales del correísmo. El expresidente, que gobernó el país entre 2007 y 2017, ha negado siempre los cargos y ha exigido una auditoría internacional que revise el proceso judicial.