Bombardeos y glifosato: Petro apela a las ideas de seguridad que antes criticaba

“Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”. El mensaje de Gustavo Petro esta semana, con un término que ya había entrado en desuso, no fue cualquier volantazo. En respuesta a una de las recientes asonadas que entorpecen las operaciones de la Fuerza Pública, en las que incluso se ha llegado al extremo de intentar quemar vivos a dos militares, el presidente de Colombia planteó que, ante lo que considera una “táctica mafiosa”, la Corte Constitucional “debe reconsiderar su sentencia”. Aunque no entró en detalles y es muy difícil de llevar a la práctica su propuesta, se refería al fallo que impide retomar la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos, una controversial estrategia antinarcóticos que Petro fustigó en el pasado. No es la primera idea manida a la que recurre el mandatario de izquierdas para enfrentar la compleja crisis de seguridad.

La fumigación aérea con glifosato, un producto potencialmente cancerígeno, está suspendida desde 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución. En otra sentencia de 2017, el alto tribunal determinó que, entre otros requisitos, las autoridades solo podían reactivar las fumigaciones si establecían con investigaciones científicas que esas aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente. Antes de ser presidente, Petro prometió que en su periodo no habría una gota del herbicida. Sin embargo, su Gobierno ha enfrentado una polémica reciente por la compra de 22.000 litros del herbicida para fumigación terrestre. Aunque los entendidos coinciden en que es casi imposible volver a asperjar –el antecesor y rival político de Petro, Iván Duque, lo intentó infructuosamente durante su periodo–, esa contradicción en los cambios prometidos en la política frente a las drogas causó un desconcierto generalizado.

Los bombardeos son otro ejemplo. Uno de los primeros anuncios de Iván Velásquez, el primer ministro de Defensa de este Gobierno, fue el de suspender los ataques aéreos de campamentos de grupos ilegales en los que pueda haber menores de edad, un freno que los restringió al máximo, dado que el reclutamiento de menores es una práctica constante de las múltiples estructuras que coexisten en el país. En cualquier caso, solo volvieron a estar sobre la mesa después de que una emboscada del Clan del Golfo mató a cuatro militares en Segovia, en el nordeste de Antioquia, en febrero de 2024. Y, luego, el presidente Petro cumplió el pasado marzo su amenaza de bombardear sin contemplaciones a la mayor banda del narcotráfico, y el grupo ilegal más grande, en esa misma región de Colombia. En este 2025, bajo el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, un general retirado de la Fuerza Aeroespacial, el Estado ha realizado al menos cuatro bombardeos contra grupos armados.

El nombramiento en febrero de Sánchez, el primer ministro de Defensa militar desde la Constitución de 1991, se podría considerar otro bandazo. El Gobierno arrancó, bajo la batuta de Velásquez, con el propósito de sacar a la Policía Nacional de la órbita del Ministerio de Defensa para fortalecer su carácter civil –que, además de un viejo debate, era una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, parte del más amplio debate sobre una reforma de fondo a las fuerzas de seguridad–. Esa promesa de campaña también se empantanó. En la dirección contraria, ante la deriva de su política de paz y el deterioro de una seguridad para la que no había una estrategia clara, Petro decidió poner en cabeza de la cartera de Defensa a un militar, algo que no hicieron sus antecesores de derechas. Una respuesta pragmática que más de un observador consideró un retroceso.

Para Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado, en Bogotá, “el Gobierno del presidente Petro no logró construir una hoja de ruta o una estrategia coherente en seguridad y defensa nacional. Por ello, se somete a los bandazos políticos, esto es, a cambios discursivos en las declaraciones sobre la toma de decisiones de política pública”. Lo que Petro prometió en campaña no se compadece con lo que ha formulado en los tres años largos que ya lleva en la Casa de Nariño, señala el experto. “Es más, los anuncios recientes en materia de seguridad no estaban en su plan de Gobierno y son contradictorios con las acciones que se diseccionaron desde los ministerios de Defensa, Justicia e Interior”, añade en un rápido repaso de esos bandazos.

Al anuncio de la fumigación aérea, los bombardeos o el ministro de Defensa militar, Libreros añade otro ejemplo. Petro dijo en campaña que iba a garantizar la integridad de las líneas de mando en la Fuerza Pública, recuerda. “Pero, tan pronto como se posesionó, la rompió llamando a los cargos de mando a oficiales con menos antigüedad en las fuerzas y en la Policía Nacional”. Eso llevó a una salida en los primeros seis meses de aproximadamente 75 coroneles y generales. “Y luego, en un tercer acto, reintegró a algunos altos oficiales, como es el caso del director de la Policía y del comandante del Ejército”, rememora.

Durante el ejercicio de su primer Gobierno, la izquierda no logró desarrollar una doctrina de seguridad, coincide Jorge Mantilla, investigador especializado en el conflicto armado. “Aunque el ejercicio narrativo de Gobierno está marcado por unos tintes ideológicos muy claros en economía o en recursos naturales, en seguridad prima el pragmatismo. Pero es un pragmatismo que está mucho más cerca de la improvisación y la confusión que de tomar decisiones prácticas y rápidas”, advierte. “Este Gobierno deja a la izquierda sin una agenda de seguridad clara. Las repercusiones políticas las vamos a ver en las elecciones de 2026”, concluye.