El intento de quemar vivos a dos militares en el Putumayo sume en una crisis la penúltima mesa de la paz total

La delegación del Gobierno de Colombia que adelanta una negociación de paz con los Comandos de la Frontera ha exigido a ese grupo armado que rechace “de manera categórica e inmediata” el intento de quemar vivos a dos militares en Putumayo, o de lo contrario se levantará de la mesa para adelantar consultas con el presidente Gustavo Petro. “La conducta de los autores de estas acciones de barbarie no puede tolerarse, ni sobre esos hechos se debe guardar silencio”, afirma un comunicado publicado a primera hora de este jueves con la firma de Armando Novoa, el jefe negociador del Gobierno con la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que incluye a los Comandos de la Frontera. “Esos hechos son incompatibles y ponen en grave riesgo los significativos avances alcanzados en nuestra Mesa de Diálogos de Paz”, advierte el documento.

La delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no ha tardado en responder “sobre los terribles señalamientos” en contra de esa organización. Aunque “lamenta y rechaza” los hechos ocurridos en Putumayo, no arroja mayores luces sobre su presunta participación. En el texto solicita que sean “aclarados exhaustivamente”, poner en marcha el “mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado” y reitera sus “compromisos adquiridos” de respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la “vigencia plena” de los derechos humanos. A la espera de reacciones frente al segundo comunicado, uno de los pocos procesos de la política de paz total que sobrevive se enfrenta a un momento crítico por cuenta de una acción criminal que ha conmocionado al país.

Los dos militares fueron víctimas del ataque de la víspera en el municipio de Villagarzón, en el selvático departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, donde personas sin identificar trataron de quemarlos vivos. El hecho fue denunciado en un primer momento por el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. La agresión ocurrió en medio de una asonada durante la destrucción de un laboratorio de cocaína en la región donde operan los Comandos de la Frontera. “Quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”, aseguró el ministro en un mensaje de redes sociales, acompañado por las imágenes del momento en que los dos uniformados eran atendidos por compañeros del Ejército y por un grupo de enfermeros. Sánchez también ofreció una recompensa de 200 millones de pesos (unos 50.000 dólares) para quien proporcione información que permita identificar a los responsables.

Durante las operaciones militares, un grupo de civiles, bajo presión y constreñimiento de los Comandos de la Frontera, habría prendido fuego a dos integrantes del Ejército Nacional, reportó por su parte la Defensoría del Pueblo. Como resultado, un oficial y un soldado sufrieron quemaduras de gravedad, confirmó la noche del miércoles. “Estos hechos son intolerables. En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”, señaló la entidad encargada de velar por la defensa de los derechos humanos.

La reacción no se hizo esperar. “Repudiamos de manera categórica esa acción criminal por ser incompatible con las mínimas reglas de humanidad y por atentar contra el derecho a la vida y los más elementales principios del Derecho Internacional Humanitario y manifestamos nuestra solidaridad con los militares y la fuerza pública”, manifiesta el comunicado de la delegación del Gobierno, firmado por Novoa y otros miembros del equipo negociador. También solicita que la mesa de diálogos “rechace de manera categórica e inmediata” este atentado. Si la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no acompaña ese rechazo, adviertía, la delegación se retirará de la reunión actualmente en marcha para preparar las zonas de ubicación temporal en Nariño y Putumayo, áreas en las que cesan los operativos militares. Lo harían para adelantar consultas con el comisionado de Paz, Otty Patiño, y con el presidente Petro.

La mencionada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano reúne a los Comandos de la Frontera y a la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Son dos estructuras que se desprendieron a finales de 2024 de la Segunda Marquetalia, la diezmada disidencia de las FARC encabezada por Iván Márquez, para mantener las negociaciones con el Gobierno. Los Comandos de la Frontera, en particular, tienen presencia en los departamentos de Putumayo y Caquetá, en el sur del país, donde están muy involucrados con todo tipo de economías ilícitas.

La accidentada negociación ya había estado en cuidados intensivos después de que agentes de la Fiscalía detuvieron sorpresivamente en febrero a Andrés Rojas, Araña, el máximo comandante de los Comandos de la Frontera y uno de sus delegados en la mesa. Lo hicieron al final de una ronda de diálogos con el Gobierno en un hotel de Bogotá, y justificaron la detención en una circular roja de Interpol con fines de extradición, por cargos relacionados con narcotráfico en una corte de Estados Unidos. A pesar de ese traspiés, en mayo de este año los negociadores de ambas partes acordaron crear dos zonas de ubicación temporales, una en Putumayo y otra en el vecino Nariño, para que agrupen a 120 combatientes dispuestos a llegar a la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil. También se comprometieron a realizar actividades de desminado y entregar material de guerra. Todos esos avances quedan pendiendo de un hilo por el ataque contra los uniformados de esta semana.