Petro lanza un ultimátum al Clan del Golfo y amenaza con bombardearlos

Los bombardeos militares contra grupos armados en Colombia vuelven a estar sobre la mesa, por primera vez en el año y medio que lleva el presidente Gustavo Petro en el poder. El anuncio de las Fuerzas Militares –siempre y cuando se confirme que no hay presencia de menores de edad en los campamentos– se produjo luego de que la semana pasada una emboscada del Clan del Golfo matara a cuatro militares en Segovia, en el nordeste de Antioquia. Ese episodio, el enésimo ataque de la principal banda del narcotráfico contra uniformados en los últimos tiempos, también hizo que el propio mandatario endureciera el tono. “Su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que nosotros estamos golpeando”, aseguró sobre la ofensiva militar en marcha. Y lanzó un ultimátum: “Si no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado”.

La paciencia de Petro con el Clan del Golfo se ha agotado. Todas las semanas hay noticias relacionadas con sus acciones en algún lugar de Colombia. Ya hace un par de semanas, con ocasión de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario había dicho en la Casa de Nariño que de momento no hay contactos con ese grupo. Tampoco hay un marco jurídico para un eventual sometimiento, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dicho sin ambages que no es una prioridad en la apretada agenda legislativa del Gobierno.

Incapaz de dar pasos hacia un sometimiento colectivo e involucrado en un sinnúmero de rentas ilícitas, el Clan del Golfo parece haberse cerrado las puertas de la política de paz total con la que el presidente se propone negociar en simultáneo con diversos grupos armados. Más allá de los altibajos, ese traspiés contrasta con las mesas de diálogos abiertas con la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC). En ambos casos se han acordado ceses al fuego vigentes hasta mediados de año, y el Gobierno ya anunció el propósito de arrancar un proceso con el otro gran grupo de disidentes, la Segunda Marquetalia.

“El Gobierno agotó el capital político de la paz total en las negociaciones con el ELN y el EMC”, apunta el analista Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad. Los acercamientos con el Clan del Golfo, una banda que ha pasado por varios nombres, por el contrario, no han cristalizado. “No hay tiempo ni marco jurídico” para que encaje en la paz total, como se proponía originalmente el presidente, añade. “Yo creo que es evidente que la paz no va a ser total. Eso es positivo, en la medida en que aterriza el alcance de lo que puede hacer el Gobierno”.

El Clan se autodenomina como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El que ha sido su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, reciclado varias veces en el mundo criminal después de haber sido miembro de la guerrilla del EPL y de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue capturado en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos. El entonces presidente, Iván Duque, lo celebró con grandilocuencia como el “golpe más importante de este siglo contra el narcotráfico”, que marcaba el fin de la banda. Se equivocó de plano. Su extradición no mermó el poder del Clan del Golfo, ahora encabezado por Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. Por el contrario, se ha expandido desde entonces.

El Clan del Golfo es responsable de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años, según las autoridades. Sus tentáculos se extienden a ejercicios de control criminal asociados a la extorsión, la minería ilegal e incluso la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También está involucrado en el paso récord de migrantes por las peligrosas rutas que atraviesan la espesa selva del Darién que separa a Colombia y Panamá; ese alarmante flujo se produce gracias al dominio que ejerce del lado colombiano. La banda mantiene guerras abiertas con distintos grupos, entre ellos el ELN en el departamento del Chocó, donde pretende controlar las salidas al mar Pacífico.

“Es una estructura de crimen organizado que progresivamente avanza hacia la configuración de un gran ejército, con mucha presencia en la zona noroccidental y norte del país”, advierte Gerson Arias, investigador de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, que prepara un informe sobre el último intento de negociación con el Clan del Golfo en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). El grupo ha pasado de contar con unos 4.000 miembros en 2018 a más de 6.000 en la actualidad, con intentos por atribuirse un carácter más político. “Todavía no entendemos la magnitud de cómo funciona el Clan”, señala Arias, que echa en falta una mirada estratégica para lidiar con esa realidad. Ante la reciente ofensiva del Gobierno, Mantilla vislumbra dos posibles escenarios. Que el Clan entre en un momento de espera, de consolidar lo ya alcanzado, o que vuelva a ocurrir lo que pasó al final del periodo de Duque, cuando arreciaron los ‘paros armados’ con los que confinan a la población y los ‘planes pistola’ que atentan contra la fuerza pública, con el propósito de presionar al Gobierno. Lejos, en cualquier caso, de la paz total.

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