La eliminación de un grafiti reaviva el debate por la memoria de la violencia paramilitar en Medellín

Con tarros de pintura, recipientes, mezcladores y rodillos llegaron este martes los jóvenes del colectivo Fuerza y Graffiti hasta el deprimido vial del Terminal del Norte de Medellín. La imagen se repetía. Los primeros días de enero, cuando las autoridades encontraron restos óseos en el sector de La Escombrera, un colectivo pintó allí un graffiti con una sola frase: “Las cuchas tienen razón”. Se refería a las madres que llevan dos décadas luchando por sus desaparecidos, señalando que sus cuerpos fueron ocultados en esa zona de la emblemática Comuna 13 de la capital antioqueña. Un día después, por orden de la Alcaldía, la frase amaneció tapada por varias capas de pintura gris. La disputa por la memoria en esas paredes, desde entonces, no ha terminado.

El alcalde Federico Gutiérrez, cercano al expresidente y político antioqueño Álvaro Uribe, ha defendido la eliminación del mural. “Una cosa es el graffiti como expresión artística, ejemplo de lo que se ha logrado en la Comuna 13 y en otras zonas de Medellín (...). Otra cosa muy diferente es el desorden y quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad”. Sus palabras fueron secundadas por varios políticos de derecha como el concejal Andrés Gury Rodríguez, quien ha señalado a los colectivos artísticos de ser “la primera línea y sus vándalos dañando bienes públicos”.

La secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín, en cabeza de Carlos Alberto Arcila, no se ha pronunciado por la polémica, pero el secretario sí defendió la gestión de la Alcaldía con las mujeres buscadoras. “El 9 de octubre de 2024, bajo la administración de Fico Gutiérrez se develó junto a las mujeres buscadoras y la JEP un mural en homenaje a las víctimas de desaparición forzada en Medellín en la terminal del Norte. Hoy este es un lugar de memoria para la ciudad”, escribió.

Del otro lado, desde el presidente Gustavo Petro —con quien compitió infructuosamente Gutiérrez en las elecciones de 2022— hasta los líderes de las víctimas de la guerra en esa zona de Medellín, han manifestado su descontento.

Max Yuri Gil, investigador del conflicto armado en la Universidad de Antioquia, ha controvertido públicamente la decisión, señalando el impacto que pueden tener sobre la memoria colectiva. “El alcalde no puede determinar cuáles memorias son válidas y cuáles no, qué es arte y qué no, qué es bonito y qué no. El mural, más allá de su significado visual, es un reconocimiento de una parte de la historia de Medellín que ha pretendido ser borrada”, dice por teléfono.

No es el primer graffiti que el sector más conservador de Antioquia pinta de gris. A comienzos de diciembre, el mismo colectivo había hecho un mural con el rostro de Margarita Restrepo, una de las lideresas de Mujeres Caminando por la Paz, el colectivo de buscadoras de desaparecidos de la Comuna 13, a quien ven como símbolo de lucha y resistencia en la búsqueda de las personas desaparecidas. Duró apenas horas. La pared amaneció borrada por iniciativa del concejal Andrés Gury Rodríguez, del Centro Democrático, el partido que fundó y lidera el expresidente Uribe. La mujer buscadora cuestionó al alcalde en una entrevista con RTVC, el medio público del Ejecutivo. “Le pregunto al alcalde por qué borró el mural donde me pintan a mí y no borra el de Pablo Escobar”, señaló, en referencia a un mural del sangriento capo del narcotráfico, que dejó cientos de víctimas por asesinatos y bombas en Medellín.

“¿Quieren ver la juventud en movimiento? El arte de las juventudes barriales que no es la cultura miamiense. El grafitti dirigido por el poder qué no es arte y el grafitti hecho por el creador libre que es arte”, escribió por su parte Petro este martes. La disputa con su contradictor político había empezado más temprano, cuando el presidente dedicó otro trino al político antioqueño. “¿Por qué se dedica a borrar el arte que expresa uno de los peores horrores humanitarios en Medellín: la Operación Orión, la entrega al paramilitarismo de la Comuna 13 y la desaparición de centenares de personas?”.

El alcalde, uno de los mayores contradictores políticos del Ejecutivo de izquierdas, le contestó horas después. “Mi compromiso con la memoria de la Comuna 13 es absoluto. Desde mi administración hemos centrado los esfuerzos en garantizar los derechos de las víctimas, a diferencia de su mal llamada paz total, que se dedica a negociar y dar garantías a los criminales”, escribió.

La puja por los murales refleja el choque sobre de visiones sobre la Operación Orión, la intervención militar urbana más grande que se ha hecho en Colombia. Realizada en octubre de 2002 contra las milicias urbanas de las guerrillas que tenían control sobre zonas de la populosa Comuna 13, la impulsó el entonces recién posesionado presidente Uribe, quien había sido ya alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, y el entonces alcalde Luis Pérez. Varios jefes paramilitares de la época, como Diego Fernando Murillo Don Berna, han asegurado que en ellos participaron en el operativo, acompañando al Ejército en allanamientos, capturas, torturas, asesinatos y desapariciones de personas a quienes consideraban colaboradores de la guerrilla. Aunque hay discusión sobre el coste humano, la oenegé Corporación Jurídica Libertad señala que resultaron 80 personas heridas, 88 asesinadas, 12 torturadas, 92 desaparecidos y 370 detenidos.

Desde diciembre pasado, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), dos organismos estatales creados a raíz del acuerdo de paz con las FARC, han informado de hallazgos forenses de cuerpos en el sector de La Escombrera, una montaña de esa comuna en que se usó como vertedero de basuras hasta 2019. Esas autoridades han indicado que los restos fueron datan de la década de los 90 o comienzos de los 2000. Aunque todavía hay pocas certezas, porque apenas inicia el proceso de identificación de los restos óseos, el lugar comienza a mostrar indicios de que allí estarían sepultadas víctimas del conflicto armado urbano. El magistrado Gustavo Salazar, de la JEP, ha señalado que no se puede definir en este punto si se trata de víctimas de fuerzas estatales, de milicias guerrilleras, de grupos paramilitares o de otros actores.

La noticia dio esperanza a las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad y posicionó la frase que hoy es motivo de disputa política: “Las cuchas tienen razón”. La expresión se volvió tendencia en redes sociales y la han usado otras oenegés de derechos humanos como una bandera de que, aunque durante 20 años el Estado negó la existencia de cuerpos en La Escombrera, los más recientes hallazgos pueden cambiar esa historia. El debate por la acción de la alcaldía le ha dado más visibilidad a la frase y a la lucha de las “cuchas” .

La búsqueda de la JEP inició en 2019, cuando decidió poner el ojo sobre esta zona de Medellín con una medida cautelar para impedir que se siguiera utilizando el lugar como un vertedero de escombros y así poder empezar sus excavaciones. Desde entonces, un equipo especializado de forenses ha liderado las búsquedas en lo más profundo de la montaña para desenterrar parte de la memoria del conflicto armado urbano de la segunda ciudad del país.