Los colombianos que dependen de subsidios y créditos públicos cierran el año en la incertidumbre por el déficit presupuestal

El presidente Gustavo Petro encara el 2025 con varios grupos celebrando el nuevo año con un trago de incertidumbre. Sobre todo los que no saben si se mantendrán los subsidios y créditos públicos a los que han tenido acceso, ante el hueco presupuestal del Gobierno. Hace tres días, el mandatario señaló que habría “un cambio de rumbo del uso de subsidios”, que maneja el Departamento de Prosperidad Social (DPS), con destinos a su cierre y a su transformación. Al mismo tiempo, el Gobierno asegura a miles de universitarios, nerviosos de no contar con préstamos educativos en el ICETEX, que les garantiza los créditos de los que dependen sus estudios. También se muestran nerviosos los excombatientes de las extintas FARC, que no recibieron sus subsidios en diciembre y piden al presidente seguir apoyando el acuerdo de paz del 2016. Petro no ha explicado aún, en detalle, qué programas sociales se verán afectados por la crisis presupuestal, y la información sale en un gota a gota que aumenta la angustia.

Una cabeza del Gobierno que salió a dar explicaciones es el exsenador Gustavo Bolívar, hoy director en el DPS. Un subsidio clave que desaparece, contó en Caracol Radio, es “Colombia sin hambre”, una transferencia en dinero para que las familias que viven en la pobreza extrema puedan comprar alimentos. Bolívar también ha indicado que por ahora solo cuenta con la mitad del dinero de “Jóvenes en acción”, un subsidio para jóvenes pobres que lo usan para terminar sus estudios. Otros subsidios aún están por definirse y seguramente el decreto de liquidación del presupuesto, que aterriza los montos en programas más concretos, dejará más claro cuáles se mantienen. Se espera que el presidente lo firme antes del cambio de año.

“Aquí viene la instrucción del presidente, y es que con el tiempo estas transferencias tienen que dar lugar a proyectos productivos”, explicó Bolívar. “No podemos eternamente estar esclavizando a la gente con un subsidio, y tampoco al Estado”, añadió. La crisis presupuestal se ha convertido, a la fuerza, en una oportunidad de la izquierda para explicar sus críticas a un sistema de subsidios que creció y se fortaleció en administraciones de derecha. Una oportunidad para hacer una contrapropuesta.

En el tema del hambre, Bolívar explica que el Gobierno prefiere financiar cocinas comunitarias u otros emprendimientos alimentarios a mantener un subsidio que no se convierte en largo plazo en una inversión sostenible para mejorar la alimentación en el país. “La filosofía del Gobierno es hagamos inversión social duradera, porque los subsidios que cuestan billones de pesos, pues se esfuman, la gente los consume”, dijo a la emisora.

Unos dos millones de personas se benefician de “Colombia sin hambre”. El presidente ahora los invita “a configurar cooperativas productivas y recibir créditos para la producción”. Bolívar ha explicado que estos préstamos tendrán tasas subsidiadas por el DPS. “Necesitamos que la gente trabaje, que genere su propio ingreso, porque los estamos perpetuando en la pobreza”, opina el director. La gente, sin embargo, está nerviosa sobre los subsidios que se acabarán de un día para otro.

Un político que tradujo ese nerviosismo, en lo que se refiere a otra transferencia estatal, fue el excomandante de las FARC y ahora cabeza del partido político Comunes, Rodrigo Londoño. “Al día de hoy no ha sido entregada la renta básica de la que dependen miles de firmantes en proceso de reincorporación”, denunció este lunes en la mañana. En este caso se trata de un monto mensual que gira la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Los excombatientes afectados han dicho públicamente que no se giró este mes “debido a la falta de autorización por parte del Ministerio de Hacienda al Fondo Colombia en Paz”. Londoño escaló la preocupación a la Presidencia.

“La paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado”, le escribió a Petro. “Ni un peso se quitará a la financiación del acuerdo de paz con las Farc”, le prometió el presidente en X. “Las partidas hacia los excombatientes y las zonas PDET serán financiadas desde el Ministerio de Hacienda y Planeación con traslados presupuestales después de firmado el decreto de liquidación este 31 de diciembre”, añadió.

En el mundo de las universidades hay también estudiantes nerviosos con la crisis presupuestal. La representante opositora Catherine Juvinao dice que el Gobierno aún debe a las universidades públicas un billón de pesos, más de 200 millones de dólares. El presidente y su ministro de Educación niegan que sea así, pero este último ha aceptado en varias ocasiones que la delicada situación fiscal ha retrasado pagos a las universidades públicas y a la institución estatal que maneja créditos a quienes van a universidades privadas, el ICETEX. Estos últimos han recibido apenas en diciembre los pagos para los dos semestres del año que termina, cuando las demoras se hicieron públicas.

Petro ha asegurado que los estudiantes beneficiados por esos préstamos contarán con recursos el próximo año. “Nadie que dependa de créditos del ICETEX, perderá esa sostenibilidad”, dijo en noviembre, antes de que el Legislativo negara su proyecto de ley de financiamiento para añadir 12 billones de pesos al presupuesto. Pero el ministro ha sido claro en que, en el largo plazo, prefiere cambiar el sistema por uno que se enfoque en financiar las universidades públicas y no en dar créditos para asistir con deudas a las privadas.

Si bien ha dicho que garantizará los giros del ICETEX, este lunes el Ministerio retiró su ambivalencia frente a la institución. “Es falso que existan deudas multimillonarias con universidades privadas del país. Las deudas de los créditos del ICETEX recaen sobre los beneficiarios y sus familias, en un modelo que ha generado desafíos e impactos enormes para muchos usuarios”, escribió la institución en la cuenta de X.

Con estos estudiantes de universidades públicas y privadas, muchas familias en la pobreza extrema están esperando saber si en 2025 podrán mantener los planes que tenían, y que dependían de dineros estatales. Algo similar ocurre ya no con los beneficiarios finales sino con entidades de la salud, la infraestructura o la cultura, que también requieren recursos del presupuesto para seguir operando. En pocos días sabrán con claridad cuánto dinero hay disponible.