Nomen nescio: nombre desconocido (s)

En medio de la discusión sobre la existencia o no de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto El Dorado, una cifra revelada por el Comité de la ONU contra la desaparición forzada, se diluyeron los hallazgos principales de la tercera visita del organismo al país: la desaparición forzada es una realidad latente en el país y tiene un índice de impunidad del 98%.

En Colombia estamos acostumbrados a dar debates sobre las formas y no sobre el fondo. Si bien es necesario esclarecer la fuente oficial que le reportó al Comité la cifra de 20.000 cuerpos sin identificar y quién en el Gobierno estuvo a cargo de revisar el documento previo a su publicación, el debate debería estar centrado en el informe de hallazgos preliminares, que es muy diciente sobre la situación de derechos humanos en varios territorios del país. Al tiempo que el informe reconoce y exalta la labor desempeñada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, también “lamenta” que la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sea limitada.

Según el documento, al menos siete circunstancias dan continuidad a esta violación de derechos humanos, entre ellas el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas con fines de explotación sexual, la desaparición en medio del desplazamiento forzado y la migración, la desaparición en medio de protestas sociales y las desapariciones en relación con los conflictos por la tierra.

La delegación del Comité alerta que “genera preocupación la ausencia de la institucionalidad en varias partes del territorio”, sobre todo en zonas en las que los grupos armados se han reacomodado y ahora ejercen una gobernanza armada que limita tanto la asistencia a las víctimas como su falta de acceso a la justicia. Una situación a la que se suma su falta de confianza en la institucionalidad, pues señalan que no denuncian por las repuestas deficientes y la inacción de algunas instituciones.

Justamente esa falta de justicia y esas dificultades para denunciar hacen que exista un subregistro en el número de casos reportados. Los datos más recientes, recolectados por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la ONG Human Rights Data Analysis Group, hablan de alrededor de 121.768 personas desaparecidas entre 1985 y 2011. Esa base de datos estima que el número total de víctimas podrían llegar a 210.000.

Fue apenas en 2000, bajo la Ley 589, que Colombia reconoció la desaparición forzada como un delito específico. Hasta entonces, las desapariciones se tipificaban como otros crímenes, como el secuestro o el desplazamiento forzado. A partir de los datos recogidos por la Comisión de la Verdad, los principales responsables de esta violación continuada de múltiples derechos humanos fueron los grupos paramilitares (52%), la extinta guerrilla de las FARC (24%), y los grupos paramilitares en asocio con el extinto DAS y miembros de la fuerza pública, o directamente los agentes de estatales (8%).

Pese a que existan informes que identifican a los presuntos responsables, como el de la Comisión de la Verdad, los del Centro Nacional de Memoria Histórica y los de distintos organismos internacionales, el Comité ha advertido que el índice de impunidad podría llegar al 98%. Es decir, existe un problema estructural que no ha sido abordado adecuadamente desde hace décadas y que se ha profundizado gobierno tras gobierno, todo en detrimento de la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Las cifras hablan por sí solas y ante la magnitud de los hechos ¿no sería pertinente que la JEP abriera un macro caso sobre desaparición forzada? Para el Comité, la transversalización de la desaparición forzada en los demás macro casos no da cuenta de la dimensión y sistematicidad que tuvo y sigue teniendo. Hay que recordar que sus primeros registros datan de finales de la década del 70 y principios del 80, durante la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, y se han extendido hasta hoy, cuando existen desapariciones trasfronterizas en el contexto de los procesos migratorios, según las entrevistas realizadas por el Comité y referidas en el informe.

En la misma JEP se han revelado hechos escabrosos con relación a este crimen. El testimonio de William Gacharná, exdirector de la Cárcel Modelo de Bogotá, da cuenta de su magnitud: más de 100 desaparecidos, centros de tortura y fosas comunes al interior del penal en la década del 90. Al él se suman los relatos de otros comparecientes ante el Tribunal y la vasta documentación de los expedientes de Justicia y Paz que, con corte a 2015, habían llevado a desenterrar más de 6.420 cuerpos, de acuerdo con cifras del portal VerdadAbierta.com.

Fuera de los embates del conflicto armado, tampoco se pueden olvidar todas aquellas personas que a diario vemos en las redes sociales con el titular “se busca”, niñas y adolescentes en su mayoría, y otros casos que han recorrido Colombia sin respuesta alguna como la de Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero Andrés Camilo, desaparecido en abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, en el norte antioqueño.

Detrás de cada Nomen nescio o nombre desconocido, hay una historia atravesada por múltiples violaciones de derechos humanos que merece ser contada y dignificada, también hay una historia familiar de lucha y persistencia por encontrar a sus seres queridos. Ejemplo de ello, las decenas de mujeres buscadoras como Fabiola Lalinde (q.e.p.d), quien durante más de 30 años luchó por la verdad y la justicia por la desaparición forzada y homicidio de su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde, en octubre de 1984. A todas se les debe una verdad y una reparación.