¿Más universidades o mejor uso de la capacidad existente?

Colombia se encuentra en medio de una transición demográfica que está transformando la demanda por educación. Actualmente, la matrícula universitaria alcanza aproximadamente 2,5 millones de estudiantes, pero las proyecciones muestran una disminución significativa en las próximas décadas debido a la reducción en el tamaño de las cohortes jóvenes. Según datos del DANE, los nacimientos en Colombia han caído de manera sostenida durante los últimos años, y Bogotá ha experimentado una reducción aún más pronunciada. Cuando los niños que hoy tienen entre 0 y 4 años lleguen a la edad universitaria, habrá un millón menos de jóvenes en comparación con las generaciones actuales.

Este cambio demográfico ya está impactando los niveles educativos previos. De acuerdo con un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en 2023 la matrícula en educación preescolar, básica y media descendió a 9,5 millones de estudiantes, el nivel más bajo en años. Esto representa una caída del 1,9% respecto a 2022. Este descenso está estrechamente ligado a la drástica disminución en el número de nacimientos, que en 2023 alcanzaron un mínimo histórico de 510.748, un 11% menos que en 2022 y un 24,5% menos en comparación con 2012.

El impacto sobre las instituciones educativas es alarmante. Desde 2018, cerca del 12% de las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas, han cerrado. Esto equivale a 6.263 colegios inactivos: 3.817 públicos y 2.446 privados. Este fenómeno refleja una crisis en la oferta educativa que, si no se aborda con prontitud, podría agravar la deserción escolar y limitar aún más el acceso a una educación de calidad.

A esta problemática se suman decisiones recientes en política pública que han agravado la situación. Durante los años en que se expandieron los programas de becas públicas, muchas universidades invirtieron en infraestructura, contrataron más docentes y desarrollaron plataformas digitales. Sin embargo, la eliminación de estos programas ha generado una contracción abrupta. Además, la decisión del Gobierno de “marchitar” el Icetex ha golpeado especialmente a las universidades privadas, que dependen de estos créditos para atraer estudiantes de estratos medios y bajos.

La tendencia demográfica y las decisiones de política pública están afectando directamente la demanda de educación postmedia, incluyendo la universitaria, técnica y tecnológica. En las universidades no oficiales, el número de estudiantes de primer semestre en programas de pregrado se redujo un 27% entre 2016 y 2020. Aunque después de la pandemia se observó una ligera recuperación, la disminución acumulada entre 2016 y 2022 fue del 16%.

Frente a estas circunstancias, muchas instituciones privadas han tenido que reducir personal y cerrar o fusionar facultades, lo que ha llevado a una significativa subutilización de su capacidad instalada. Este panorama plantea retos financieros y organizacionales sin precedentes para un sector que hasta hace pocos años se encontraba en expansión.

En este contexto, la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, delineada en el Plan Nacional de Desarrollo, genera preocupación. Propone la creación de 26 nuevas universidades que ofrecerían 500.000 cupos adicionales. Aunque la meta parece loable, plantea serias dudas sobre su eficiencia y sostenibilidad. ¿Es sensato construir nuevas instituciones cuando existe un exceso de capacidad instalada en las universidades privadas? La respuesta parece ser un rotundo no. La construcción de nuevas universidades implicará elevados costos en infraestructura, operación y mantenimiento, además de la contratación de personal docente y administrativo, recursos que podrían utilizarse de manera más efectiva.

En lugar de construir nuevas universidades, el Gobierno podría implementar programas de becas que aprovechen la capacidad existente en las instituciones privadas. Esto no solo sería una solución inmediata, sino también una estrategia rentable que beneficiaría tanto a los estudiantes como a las universidades. Si el Gobierno tiene reservas sobre la idea de subsidiar la demanda mediante becas, una opción viable sería establecer alianzas estratégicas con las instituciones privadas. Estas colaboraciones permitirían canalizar recursos públicos hacia el uso de los cupos ya disponibles, optimizando la infraestructura existente y ampliando las oportunidades educativas para los jóvenes colombianos.

Por último, si bien las decisiones del Gobierno, sumadas a la transición demográfica, conducirán a una oferta laboral reducida y con menos calificación en el futuro cercano, el sector privado puede desempeñar un papel clave proporcionando becas y créditos universitarios a estudiantes de menores recursos. Al invertir en la capacitación de los jóvenes, el sector privado no solo contribuiría al aumento de la utilización de la capacidad instalada en las universidades, sino que también fortalecería las competencias de la futura fuerza laboral. Esto, a su vez, generaría un impacto positivo en la productividad y competitividad del país.

El sistema de educación superior en Colombia enfrenta un futuro incierto. La combinación de factores demográficos y políticas públicas poco alineadas amenaza con reducir el acceso a la educación universitaria para las nuevas generaciones, al tiempo que la capacidad instalada de las universidades privadas permanece infrautilizada. Por esto, es urgente replantear las estrategias de inversión en educación superior. En lugar de dispersar recursos en la creación de nuevas instituciones, el país debería enfocarse en fortalecer las existentes, fomentar la calidad educativa y promover la colaboración entre el sector público y privado. Solo a través de una colaboración más efectiva y del uso óptimo de la infraestructura existente, Colombia podrá enfrentar con éxito los desafíos que plantea la transición demográfica y garantizar a sus jóvenes un futuro con mayores oportunidades educativas y laborales.