Juan Fernando Cristo, ministro del Interior: “No hicieron trizas la paz, pero congelaron la implementación. Tenemos que recuperar ese tiempo perdido”

Juan Fernando Cristo (Cúcuta, 60 años), el ministro de Interior del Gobierno de Gustavo Petro desde agosto, ocupa el que ya había sido su despacho en el segundo piso de la casona La Giralda, con un balcón que tiene vistas a la Casa de Nariño, el palacio presidencial ubicado al otro lado de la carrera octava. Los pisos de madera crujen con el paso de funcionarios. La actividad es frenética en este miércoles lluvioso, víspera del octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Además de haber sido senador por cuatro periodos, embajador en Grecia y cónsul en Caracas, el político cucuteño había ocupado la cartera de la política en el periodo de Juan Manuel Santos (2010-2018). Fue negociador de paz con las FARC y participó en los diálogos con el ELN, que este Gobierno ha retomado.

Cristo lidera el plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo, que ha recibido el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y prioriza las acciones en los 170 municipios PDET (por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial). Son los lugares más golpeados por el conflicto armado, donde viven siete millones de personas. El plan de choque, entre otras, busca acelerar la reforma rural integral y mejorar la seguridad en comunidades afectadas. “Reunimos por primera vez en dos años la Comisión de Garantías de Seguridad que presidió el presidente; definimos unas acciones con los ministerios de Justicia y Defensa, y la Fiscalía, para hacer planes piloto en el norte del Cauca y sur de Bolívar para garantizar la vida, integridad y el liderazgo de excombatientes y líderes sociales. No podemos seguir permitiendo que asesinen firmantes, y menos que los asesinen quienes están sentados en una mesa de negociaciones con el Estado”, dice en el arranque de esta entrevista. Volcado en ese plan, además de la agenda legislativa, Cristo ha visitado 14 de las 16 zonas PDET, desde la Sierra Nevada, en el norte del país, hasta Putumayo, en el sur.

Pregunta. ¿Qué percibió en esas visitas a las zonas PDET?

Respuesta. Yo lo definiría en tres palabras. Primero, liderazgo social. El capital social que se ha construido desde el 2016 es inmenso y la gente desconoce esos liderazgos afros, indígenas, campesinos, ciudadanos. Segundo, miedo de la inseguridad que lamentablemente está volviendo a muchos de esos territorios. Eso hay que reconocerlo y enfrentarlo. Y tercero, esperanza. Me tiene muy impresionado lo que uno ve en esas comunidades a pesar de todas las dificultades. Cada reunión ha sido con 400 o 500 personas, las instancias PDET, los grupos motores, los alcaldes, los resguardos indígenas, los concejos comunitarios afro… y todos siguen teniendo esperanza en que el acuerdo transforme su vida y sus territorios. Es un compromiso que el Estado tiene que cumplir.

P. A ocho años de la firma, ¿el Gobierno ha incumplido sus compromisos?

R. Esto no es blanco y negro, no es tan fácil decir cumplimos o no cumplimos. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que el país ha avanzado en la implementación. Lamentablemente se perdieron cuatro años del Gobierno del presidente [Iván] Duque, que fue elegido con el compromiso de hacer trizas la paz. No la hicieron trizas, pero sí congelaron la implementación. Tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Entre otras cosas, por eso queremos ampliar la vigencia del plan marco de implementación por ocho años más, para poder cumplir con esos territorios. Eso no se hace la noche a la mañana. Son décadas, tal vez siglos, de abandono. Se han hecho cosas, pero han sido insuficientes.

P. ¿La paz total relegó la implementación de la paz firmada en la primera mitad de este Gobierno?

R. Es un tema más de percepción que de realidad. Las dos se necesitan, están íntimamente ligadas. No puede haber paz total sin implementación. Son los mismos territorios, los mismos habitantes. La gente está esperando que el Estado llegue con paz total, o con implementación, o con los PDET, o con los que se llaman ahora procesos de transformación territorial o el cumplimiento de los acuerdos parciales. Al final todas son apuestas por transformar esos territorios. Si no adquirimos conciencia de que hay que volcar la acción del Estado colombiano, y de la sociedad en su conjunto, a ello, no hay acuerdo de paz total ni hay ofensiva militar que valga, vamos a seguir asistiendo a un reciclaje de esas violencias de esos grupos criminales. Tenemos que llevar a esos jóvenes de esa lógica de la guerra, de la economía ilícita, a una lógica de transformación y de economía productiva. Es un proceso que cuesta tiempo y recursos. Por eso hemos planteado que debería ser parte de un gran acuerdo nacional.

P. ¿En qué consiste el proyecto de ley que propone ampliar los plazos de la implementación?

R. Es muy sencillo. La vigencia de las zonas PDET, normativamente hablando, está planteada hasta 2030. Consideramos que tal como se ha venido avanzando en la implementación, en el desarrollo de esos planes de enfoque territorial, no alcanzaremos a cumplir con todas las metas y expectativas. Acabamos de hacer una actualización del plan marco y encontramos rezagos en algunos números. Vuelvo y digo, en cuatro años no se hizo prácticamente nada. Por eso, el proyecto plantea ampliar la vigencia de las zonas PDET hasta 2038. Para ser claro, no tiene nada que ver con la vigencia de la JEP ni de la reforma política.

P. ¿Ampliar los plazos no es de alguna manera posponer los compromisos del Estado?

R. Hay que ser realistas, no es posponer sino graduar. Es decirles a las comunidades con franqueza: “Hay un plan de choque, vamos a acelerar la implementación, pero necesitamos más tiempo”. Eso lo planteó el presidente Petro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha sido difícil la articulación del Estado, es un plan ambicioso de transformación del territorio. Es recuperar esos cuatro años perdidos y darnos un plazo adicional.

P. ¿Cuál es el principal obstáculo para avanzar a mejor ritmo?

R. Son varios. La seguridad en los territorios, hay que reconocerlo, se ha deteriorado. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Tenemos que avanzar paralelamente en los dos frentes, recuperar la seguridad y avanzar en la implementación. También, hay que decirlo, la articulación del Gobierno central con los departamentos y municipios y las comunidades, y entre el propio Gobierno central. Eso siempre ha sido un problema del Estado colombiano, no de este Gobierno.

P. Usted participó en los diálogos del Gobierno Santos con el ELN, y es víctima de esa guerrilla. ¿Ve en el ELN la voluntad de paz que en su día tuvieron las FARC?

R. Yo siempre quiero ser optimista, pero el ELN se encarga de volverlo a uno pesimista. Estos señores no han entendido que el tren de la historia los dejó, que es una lucha armada anacrónica que tiene el rechazo de la inmensa mayoría de la población colombiana. Están perdiendo una enorme oportunidad en un Gobierno que le sigue apostando a la paz total, una mesa de negociación articulada, con una agenda definida, un norte, y ellos se encargan todos los días de generar frustraciones en la sociedad. Yo francamente no entiendo qué es lo que quiere el ELN. Hasta tanto no tomen una decisión definitiva y unificada de que el camino no es la violencia, de que tienen que dejar las armas, va a ser muy difícil para cualquier Gobierno alcanzar un acuerdo de paz.

P. ¿Piensa dejar el Gobierno para buscar una candidatura en 2026?

R. Llevo cuatro meses y ya me quieren sacar. Déjenme por lo menos pasar la Navidad tranquilo (risas). Tengo un compromiso con el acuerdo nacional, con la implementación, con una agenda de reformas que necesita este país. Estamos dedicados a cumplir el compromiso.