El Gobierno de Petro enfrenta el fantasma de las interceptaciones ilegales en Colombia

El trauma por un escándalo del pasado, cometido por un Gobierno en las antípodas del actual, revive en Colombia. Se trata de las interceptaciones ilegales — chuzadas, en buen colombiano— a altos magistrados, cometidas por un Gobierno. El pasado 14 de junio un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que su celular ha sido intervenido, al igual que el de sus colaboradores. “Con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos”, escribe el magistrado en el documento. Una semana larga después, el problema ha escalado a las más altas instancias del Estado.

El pasado viernes, la Corte Constitucional informó que invitó a la fiscal a la Sala Plena de los togados para presentarle la denuncia. Al día siguiente, la Fiscalía anunció que había abierto una investigación para determinar si se cometieron irregularidades. Este lunes, la misma Presidencia de la República respondió que adelanta una investigación interna “con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”.

Hasta el momento no se conocen ni los detalles de la denuncia, ni los avances en las investigaciones reseñadas. Pero tienen gran repercusión porque las interceptaciones ilegales hechas desde el palacio presidencial o su entorno no son nuevas en Colombia.

Quien hoy está en medio de las críticas, además de Petro, es Carlos Ramón González. Uno de los hombres más cercanos al presidente desde cuando militaron en la misma guerrilla, el M-19, González reemplazó a Sarabia como director de la Presidencia. Desde febrero pasó a ser el director nacional de Inteligencia. En ese cargo, ya enfrentó un debate de control político en el Congreso, previo a la denuncia de Ibáñez. Ante la pregunta de si estaba perfilando opositores, magistrados o periodistas, de lo que hasta ahora no se han presentado pruebas, negó todos los señalamientos. Sin embargo, la oposición criticó que los congresistas del Pacto Histórico, la bancada del petrismo, propusieran que la sesión de control legislativo fuera reservada y sin acceso a la opinión pública, argumentando que se trataba de asuntos de seguridad nacional.

En esa rendición de cuentas, que finalmente fue pública, González le pidió a las altas cortes que hagan una veeduría de “seguimiento y control a las actividades de inteligencia y no se siga especulando más”. Hoy, esas mismas cortes se solidarizaron con la denuncia del magistrado Ibáñez y pidieron a la Fiscalía celeridad en las investigaciones. “Demandamos al Gobierno Nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor”, escribieron en una misiva.

Las otras denuncias de “chuzadas”

Esta no es la primera que el Gobierno Petro enfrenta señalamientos por supuestas interceptaciones ilegales. Ya había ocurrido en mayo de 2023, con el sonado caso de su número dos, Laura Sarabia, y su entonces niñera, Marelbys Meza. Meza denunció que, tras la desaparición de una maleta con dinero de la casa de Sarabia, miembros de la seguridad presidencial le realizaron irregularmente a una prueba de polígrafo. Después, se conoció que la línea telefónica de Meza y de otra trabajadora doméstica de Sarabia fueron interceptadas, bajo una orden de otros asuntos, en el marco del mismo proceso. Aunque la hoy directora del Departamento Administrativo de Presidencia ha defendido su inocencia, la Fiscalía Penal Militar y la justicia ordinaria han adelantado diligencias como parte de investigaciones por los presuntos delitos cometidos.

Desde entonces, el presidente ha defendido el proceder de sus funcionarios y ha advertido que las órdenes no han salido de la Casa de Nariño. En junio de 2023, en una ceremonia de ascenso de militares en pleno furor del escándalo, aseguró que su Gobierno no va a repetir “las suciedades que otros gobiernos hicieron”. Dijo: “Ni se les ha dado esa orden ni se les dará, porque el respeto a los derechos humanos es tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes: se respetan”.

Petro se refería al espejo ante el cual inevitablemente se miran las interceptaciones ilegales, un pasado que en ese entonces usó el fiscal general Francisco Barbosa, permanente crítico de Petro, para decir que al país que habían regresado las chuzadas. Tanto Petro como Barbosa se referían al a las interceptaciones ilegales que hizo el exitinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El presidente Gustavo Petro, de hecho, fue víctima de ellas. Junto con otros opositores del momento y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, sufrieron interceptaciones y seguimientos ilegales.

Otro Gobierno que tampoco salió bien librado fue el del expresidente Iván Duque, quien afrontó el caso de las denuncias conocidas como “Carpetas secretas”, que contenían denuncias de escuchas ilegales a opositores políticos, periodistas y jueces por parte de la inteligencia militar. La magnitud de su escándalo fue tal, que ocasionó la salida del general Nicasio Martínez de la comandancia del Ejército.

En el Gobierno Duque también se conoció la denuncia de la instalación de micrófonos clandestinos en el despacho del magistrado César Reyes, de la Corte Suprema de Justicia, quien para el momento llevaba el caso de manipulación de testigos contra el expresidente Uribe.

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