Los 25 años de interceptaciones ilegales en Colombia: escándalos de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque

“Cualquier chuzada ilegal, se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente, son violaciones de derechos humanos. El Gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará”, defendió este viernes el presidente Gustavo Petro ante el escándalo por la interceptación ilegal de los teléfonos de la niñera y la empleada doméstica de su dimitida jefe de gabinete, Laura Sarabia, que sigue con muchos detalles pendientes por esclarecer. “Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron”, declaró el mandatario en medio de un vendaval político de consecuencias imprevisibles.

Aunque el fiscal Francisco Barbosa dijo la víspera con dramatismo que las ‘chuzadas’ habían regresado al país en el Gobierno de Petro, las interceptaciones ilegales nunca se fueron desde el gran escándalo que enlodó al gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Los episodios abundan en la historia reciente de Colombia, incluso después de que el DAS fuera desmantelado en parte por ese caso. No todos los casos han sido de la misma magnitud, ni se dirigían a los mismos objetivos —y en unos ha habido investigaciones judiciales más efectivas que en otros–. Pero las ‘chuzadas’ son un problema crónico.

Las ‘Chuza-DAS’ del Gobierno de Álvaro Uribe

Uno de los mayores escándalos judiciales de los dos periodos de Álvaro Uribe (2002-2010), revelado en los medios en 2008, fue el de las interceptaciones ilegales que se hicieron durante varios años desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para espiar a magistrados de la Corte Suprema, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Básicamente, a cualquiera que pudiera ser crítico del entonces presidente. Varios de los ‘chuzados’ en ese momento hoy están en el poder, como el entonces senador Gustavo Petro y el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa. Los dos, en la época, investigaban la ‘parapolítica’: las relaciones de políticos, como el primo del presidente, Mario Uribe, con grupos paramilitares. Y muchos más ‘chuzados’ que ahora tienen representación en el Gobierno, como el periodista Hollman Morris (hoy subgerente de RTVC) o la senadora Piedad Córdoba (ahora parte de la coalición oficialista). Este episodio es recordado como las ‘chuzadas’ del DAS.

“Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República”, dijo Álvaro Uribe en 2010 cuando la Fiscalía de entonces decía que las interceptaciones las había hecho el DAS pero se habían ordenado directamente desde la Casa de Nariño. Petro, desde el Senado, señalaba a Uribe como responsable. Él siempre ha negado ser quien dio la orden de las interceptaciones.

Uribe fue denunciado penalmente por el caso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano designado para juzgar las actuaciones de los presidentes cuando están en el cargo, pero es una institución tan lenta e ineficiente por su carácter político que solo un caso de los cientos que ha recibido ha salido de ella, y no fue este. En contraste, algunos exfuncionarios de Uribe sí fueron procesados por las chuzadas, e incluso terminaron condenados. Entre los de más alto rango están María del Pilar Hurtado, directora del DAS en 2007 y quien fue condenada en 2015 a 14 años de cárcel por violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y concierto para delinquir; Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia de Uribe, condenado el mismo año por las interceptaciones ilegales; y Jorge Noguera, también director del DAS y quien ya había sido condenado por el asesinato de un profesor.

Ante el completo desprestigio de la institución, el presidente Juan Manuel Santos desmanteló el DAS en 2011 después de más de medio siglo de funcionamiento. La inteligencia del Estado pasó entonces a una nueva organización, la Dirección Nacional de Inteligencia.

La oficina del Ejército que espiaba a los negociadores de paz de Juan Manuel Santos

Un pequeño local de almuerzos y servicios de tecnología ubicado en el occidente de Bogotá sirvió como fachada para que miembros del Ejército espiaran de manera ilegal las comunicaciones de los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC durante el proceso de paz en La Habana. Desde la oficina clandestina, llamada Andrómeda, se interceptaron durante varios meses de 2012 y 2013 los correos electrónicos y los mensajes de celular de Humberto de la Calle, para entonces jefe negociador del Ejecutivo en La Habana; Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz, y Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, entre otros.

Además de los jefes de negociación del Gobierno, se comprobó que en Andrómeda también se hacía seguimiento a las comunicaciones privadas de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y otros políticos de izquierda. Después de que el escándalo estallara, el jefe del equipo de diálogo de la guerrilla de las FARC en ese momento, Iván Márquez, ahora prófugo de la justicia, denunció que a ellos también los estaban espiando. Márquez responsabilizó públicamente al expresidente Uribe de estar detrás de las escuchas ilegales. “No se les olvide que Álvaro Uribe es el enemigo público número uno de la paz en Colombia”, dijo Márquez. El líder guerrillero agregó “aquí no solo se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de las FARC”.

Una investigación periodística de la revista Semana, que reveló el entramado de espionaje, pudo comprobar que en la oficina clandestina trabajaban dos tipos de personas: militares activos y hackers civiles. Uno de los miembros del equipo de Andrómeda le contó en su momento a Semana la metodología: “A uno se le ordena hackear X cuenta de correo. A otro, conseguir las conversaciones de X o Y PIN de BlackBerry y a otro, bajar las conversaciones de WhatsApp. Los civiles solo tienen un pedazo de la película. Pero toda la información llega a los jefes, que son los que reciben la información completa”.

Después de que se conocieran los hechos, el ministro de Defensa de entonces, Juan Carlos Pinzón, ordenó al comandante del Ejército iniciar una investigación para determinar si Andrómeda estaba adscrita oficialmente al batallón de inteligencia del Ejército o si eran unas “ruedas sueltas” de la fuerza pública quienes ordenaban las interceptaciones. Al final, se comprobó que Andrómeda era una operación legítima, pero no todo lo que se hacía allí era legal. En ese momento, el Gobierno Santos decidió relevar a dos generales del Ejército: el jefe de inteligencia Mauricio Ricardo Zúñiga, y el director de la Central de Inteligencia Técnica, Jorge Andrés Zuluaga.

El fantasma más oscuro del uribismo en el periodo de Duque

El Gobierno de Iván Duque, ahijado político de Uribe, también se vio sacudido por una serie de denuncias de escuchas ilegales a políticos opositores, jueces y periodistas por parte de la inteligencia militar. El escándalo incluso provocó la salida de su controvertido comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, quien ya venía siendo cuestionado por su papel en el regreso del fantasma de los llamados “falsos positivos” –asesinatos de civiles presentadas como bajas en combate–. Renunció a finales de 2019, aduciendo razones familiares.

Esas ‘chuzadas’ fueron ordenadas y realizadas desde instalaciones militares, para “blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”, según el reportaje de la revista Semana que las explicó. Los oficiales que habían entregado información a la prensa sobre diversos hechos de corrupción dentro de las fuerzas armadas a lo largo del año inmediatamente anterior también fueron blancos de seguimientos, de acuerdo con la publicación.

En su momento, las revelaciones apuntaban a que los datos de las escuchas ilegales tenían como destino a un político del Centro Democrático, el partido de Gobierno. Por esos días, también se hallaron dos micrófonos escondidos en el despacho del magistrado César Reyes, que llevaba el caso contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos en la Corte Suprema de Justicia. Previamente, los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras habían denunciado que eran víctimas de interceptaciones con el propósito de hacerles un “montaje judicial”.

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