Aurora Vergara: “Vamos a persistir en la reforma educativa, aquí no se rinde nadie”

Hace un año, la ministra Aurora Vergara (Cali, 37 años) presentó ante la opinión pública la reforma con la que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba garantizar la educación como un derecho fundamental. Ese esfuerzo naufragó esta semana en el Congreso de la República, en medio de recriminaciones entre la bancada oficialista y la oposición. El sindicato de maestros, Fecode, uno de los grandes apoyos políticos del Ejecutivo, se convirtió también en uno de los mayores detractores de la versión que ya habían acordado en su día las bancadas oficialistas, independientes y de oposición para salvar el proyecto. El Gobierno se propone ahora volver a presentar una reforma a la educación. “Aquí no se rinde nadie”, le dice Vergara, una destacada académica, a este periódico.

“Colombia es de los pocos países que ha escogido la senda de hacer de la educación un derecho fundamental”, y en la mayoría de los países donde ese no ha sido el camino las desigualdades son muy profundas, explica en esta entrevista por videollamada, que atiende el jueves, el día siguiente del hundimiento de la reforma, desde su despacho en el Ministerio de Educación Nacional. La Constitución de 1991 establece que la educación va a ser un derecho fundamental, y eso requiere una serie de cambios estructurales por un periodo que abarca varias décadas. Lo que está pasando en el Congreso, sostiene, es una deliberación histórica.

Pregunta. ¿Van a persistir en el intento por reformar la educación?

Respuesta. Por supuesto. Aquí no se rinde nadie. Esa es una expresión que usa mucho el director de Planeación Nacional [Alexander López] cuando estamos enfrentando momentos que necesitan fuerza y dedicación. El cambio en educación debe ser duradero. Cuando establecimos como marca de la gestión del equipo que estaba en el Ministerio que la educación debe restaurar la dignidad, estábamos pensando en eso, en las exigencias que nos ha hecho la Corte Constitucional para restaurar la dignidad de las víctimas de la violencia y de las familias empobrecidas.

P. A priori, la reforma educativa era motivo de consensos entre diversos sectores y acabó presa de la polarización. ¿En qué momento se torció el rumbo?

R. El contexto de polarización y de imposibilidad de avanzar en la construcción de consensos pone en riesgo una serie de situaciones. Una ley como esta ayuda a regular derechos, como la educación inicial. Allí, como Gobierno, tenemos la meta de aumentar la cobertura en más de 2,7 millones de estudiantes nuevos y hemos avanzado ya con más de 1,9 millones de niños y niñas, que van ingresando por diferentes rutas de atención. Lo mismo en educación superior. Lo que el Congreso tendrá ahora que decidir es si hace de este cambio una apuesta duradera, un propósito nacional más allá de un Gobierno, y lo vuelve política de Estado.

P. ¿La resistencia de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a los acuerdos alcanzados en el Congreso es responsable de que se haya hundido la reforma?

P. Preguntémonos primero cuáles son los desacuerdos y cuáles son los temores. En esta polarización, están anclados a lo que ellos llaman una contrarreforma educativa. Radicaban en que a última hora se hubieran cambiado los textos que se acordaron, en función de la evaluación del financiamiento al sistema público. Ante la ausencia de más días para la deliberación, imperó la exigencia de archivar el proyecto para darle más tiempo a la concertación. Por eso están pidiendo nuevos espacios ahora, para trabajar el texto que se vaya a radicar en el Congreso de la República en la próxima legislatura.

P. Algunas de las razones con las que Fecode argumentó ir a huelga no estaban en la reforma educativa.

R. En un principio sí la convocaron con ideas que no correspondían con el texto. Se configuraron muchos mitos sobre el contenido de un documento que no habían consultado y que incluía, en la visión de ellos, la supresión del artículo de educación inicial o una redacción que no la hacía obligatoria. Eso no necesariamente correspondía con la realidad.

P. ¿El Gobierno reconoce la importancia del sector privado en un sistema mixto de educación superior?

R. Lo reconoce y lo financia. Logramos aumentar la tasa de cobertura en dos puntos —el Gobierno la encontró en 53% y ya la llevamos por encima el 55% — trabajando de una manera muy sólida con políticas como Universidad en tu territorio y la política de gratuidad. Son más de 2,2 millones de estudiantes, de los cuales tenemos un poquito más de 800.000 en el sistema público, 450.000 en el Sena y 900.000 en el sistema privado. Para que esos estudiantes estén en el sistema privado, el Gobierno nacional le transfiere al Icetex más de 2,8 billones de pesos para financiar los fondos poblacionales. Entonces, no solamente reconoce ese sistema mixto; está pagando para que se consolide. Entendemos que las universidades esperan recibir muchísimo más financiamiento. Sin embargo, en coherencia con el programa de Gobierno, la apuesta es fortalecer el financiamiento de la educación pública. Por eso le duplicamos las bases presupuestales a las universidades públicas.

P. La oposición alega que el Gobierno incumplió su palabra cuando el Pacto Histórico radicó su propia ponencia.

R. Los congresistas son independientes, por eso somos varias ramas de poder -Legislativa, Ejecutiva y Judicial-. Ellos tienen autonomía en establecer cómo radican ese documento, lo que impulsó esa decisión fue el diálogo entre estos congresistas y Fecode. Eso lo respetamos como Gobierno, considerando que son ellos y ellas los que tendrían que liderar esa posición en el Congreso de la República.

P. El presidente Petro ha hablado de cambios de gabinete para los últimos dos años del Gobierno, ¿ha contemplado dar un paso al costado?

R. Desde el primer momento en que una ministra se posesiona, sabe que ese mismo día puede terminar su vinculación. Siempre he trabajado con la responsabilidad de que cada día, cada hora y cada minuto que estoy viviendo es el último que tengo para entregar resultados en educación.

P. ¿Cuál es el plan ahora para reformar la educación?

R. En educación se requieren leyes sólidas promulgadas con grandes consensos. Eso lo venimos viendo en Colombia en las últimas décadas, y a nivel internacional con las reacciones de los jóvenes y las grandes movilizaciones. Lo que viene ahora es garantizar que el país se ponga de acuerdo. Esta generación está esperando mayor financiamiento al sistema público, más oportunidades de gratuidad, más oportunidades de formación para los docentes. El plan, como Gobierno, es seguir aumentando nuestra tasa de cobertura. La ruta se ancla también a un paquete de reformas que llegarán al Congreso: al sistema general de participaciones, a la ley de educación superior y al estatuto etnoeducador docente.

P. ¿El conflicto por la escogencia del rector de la Universidad Nacional enrareció el ambiente de la reforma? Hay sectores que señalan amenazas a la autonomía universitaria.

R. Este es un debate que hemos sostenido en los últimos tres meses, anclado también al contexto político. Es comprensible la preocupación. La invitación que hemos hecho a todas las instancias es que de la misma manera en que el Gobierno ha respetado la autonomía, los procedimientos en los consejos superiores de todo el país, esperamos que la coyuntura de la Universidad Nacional permita que continúe con su calendario académico. Que las medidas y las decisiones que adopten en su nueva rectoría le permitan seguir siendo ese proyecto científico y cultural de la Nación. Contarán siempre con el respaldo del Gobierno, respetando nuestra palabra, como lo hicimos en el marco de ese consejo, y respetando la autonomía y las decisiones que tomen.

P. ¿El Gobierno está promoviendo una Constituyente desde las universidades?

R. Las declaraciones, que ustedes conocen, son las que ha hecho el presidente de la República. Como Ministerio de Educación Nacional, nuestro trabajo con las universidades es fortalecer sus bases presupuestales. Darles el recurso que necesitan para recibir más estudiantes en el marco de la política de gratuidad, seguir aumentando la cobertura, fortaleciendo la infraestructura.

P. ¿Siente que la sociedad colombiana ha perdido capacidad para alcanzar acuerdos?

R. No estoy tan segura de esto. Lo que vimos fue unos a partidos de oposición y de Gobierno dedicándole muchas horas a escucharse y a dialogar en función del contenido de unos artículos. Quisiera confiar en que el país está dispuesto a construir consensos. De hecho, la última encuesta de opinión que hizo el Gobierno refleja que las personas esperan que se construyan consensos para avanzar con sus reformas y sus propuestas. Así que, por el contrario, creo que tenemos una oportunidad inmensa para consolidar esos cambios duraderos en educación.

P. La baja calidad de los maestros sigue siendo uno de los principales problemas de la educación en Colombia, ¿cómo se propone mejorarla?

R. Diseñamos un programa, Poder Pedagógico Popular, para que 25.000 maestros colombianos puedan tener más oportunidades de formación en licenciaturas, maestrías y doctorados. Lo valiente es dialogar, como lo aprendí en el marco de una serie de espacios de concertación para el acuerdo de paz. Seguiré consolidando mi vocación de ministra conciliadora, que genera consensos y que sienta a la gente a dialogar por horas hasta que construye caminos y posibilita los puentes.

La baja calidad también refleja una enorme desigualdad en el contexto en el que se forman los maestros y las maestras. La mayoría vienen de ambientes muy vulnerables, tienen muy pocas oportunidades de formación. Nuestra obligación como Estado y como Gobierno es abrirles más y mejores oportunidades de formación.

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