Elecciones, pasaportes y discusiones de abogados: una licitación anodina se convierte en el eje del debate político en Colombia

No es la polémica reforma a la salud, ni el reinicio del debate legislativo sobre el cambio pensional. Tampoco los altibajos de los diálogos de la paz total, los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre Israel, ni una megaobra como el metro de Bogotá. El tema que concentra la atención mediática y política en Colombia, con momentos de tranquilidad y semanas de vértigo como la que termina, es la definición de quién imprime las libretas de pasaportes y las visas. Se trata de una decisión que usualmente es administrativa y no de alta política, pero que ya ha suscitado la suspensión de un ministro, la expulsión de dos altos funcionarios y varias acusaciones del presidente.

Si la polémica ha llegado a las más altas esferas es, precisamente, por una de las obsesiones de Gustavo Petro. De un lado, su bandera de lucha contra la corrupción que lo acompaña hace décadas. La antesala de su gran salto del Legislativo a la gerencia pública con su elección como alcalde de Bogotá en 2011 fue un explosivo informe sobre corrupción en la maquinaria distrital. Junto con sus entonces copartidarios, Luis Carlos Avellaneda y Carlos Vicente de Roux, lideró una comisión que denunció varias estructuras de políticos, funcionarios y empresarios corruptos, enquistadas en la administración de otro copartido de izquierda, el entonces alcalde Samuel Moreno. La justicia le dio la razón, Moreno terminó condenado y el hoy presidente se posicionó como un líder en la lucha contra uno de los problemas que más preocupan a los colombianos, según las encuestas.

En esa batalla, el hoy presidente ha identificado varias batallas contra lo que en su período como alcalde solía llamar “mafias de la corrupción”. Una de ellas es contra las llamadas licitaciones sastre, hechas a la medida de algún interesado. Y, justamente, varios interesados en obtener el contrato para hacer los pasaportes levantaron alertas de que el pliego de condiciones, en el que se define qué necesita el Estado y cómo va a elegir al contratista, era una de ellas, hecha a la medida de la empresa colombiana Thomas Greg and Sons.

Ante las alertas, que se prendieron a mediados de 2023, y la realidad de que la licitación avanzó hasta que solo esa empresa quedó habilitada, el presidente intervino y declaró que entregarla era cometer un acto de corrupción. “La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten. Y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción.” dijo en X.

En ese momento, la licitación de pasaportes, que valía unos 600.000 millones de pesos, llegó a los más altos niveles de la política. Y en ello el presidente tuvo en su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, un aliado fundamental. Fue el político conservador quien asumió la decisión de declarar desierta la licitación a pesar de que contaba con un proponente habilitado, y de hacerlo contra la opinión casi unánime de los juristas, que aclararon que la ley solo permite esa declaración cuando no hay proponentes (de allí su nombre) y que la ley no proscribe los concursos en los que solo un interesado llegue a la final. Fue también Leyva quien chocó con una de las abogadas más cercanas al presidente, la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, al oponerse a conciliar con Thomas Greg, que amenazaba con demandar al Estado por la decisión. Y fue Leyva quien terminó investigado, y suspendido temporalmente, por la Procuraduría.

La novela parecía haber quedado allí, con una empresa molesta que busca demandar al Estado por la determinación que defiende el presidente. Pero, de forma inesperada, un aliado de Leyva se dio la vuelta y reactivó la discusión. José Antonio Salazar, político conservador de vieja data como el suspendido ministro, era su hombre de confianza. Lo había llevado al Ministerio como su secretario general, el encargado de todo el andamiaje administrativo de la entidad. Había sido su escudero hasta que este lunes firmó una resolución echando por tierra la de Leyva y otra que, como consecuencia natural de haber revivido el proceso licitatorio, adjudica el contrato a Thomas Greg. Llovieron rayos. Salazar dijo que su decisión era inconsulta, pero que buscaba aplicar la ley (dando por sobreentendido que la de su ahora exjefe era ilegal). Y mientras el suspendido ministro guardó silencio, quien saltó al ataque fue de nuevo el presidente, resaltando que la licitación es asunto del mayor interés político: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata”, sentenció.

Ante esa nueva crisis, el presidente reveló otra clave detrás de su decisión de elevar el perfil de la polémica. Para Petro, Thomas Greg no es una compañía cualquiera, sino la empresa que ha manejado las elecciones en las últimas décadas en Colombia. En 2018, el hoy presidente denunció públicamente que su derrota en las elecciones presidenciales se había debido a un supuesto fraude, aunque nunca presentó pruebas ni denuncias formales ante las autoridades. Thomas Greg había sido elegida por la Registraduría Nacional para hacer la logística del día electoral, desde fabricar y entregar los tarjetones hasta poner el software en el que esa entidad hace un conteo informal y muy veloz de los resultados.

Aunque Petro no señaló a la compañía en ese momento, más adelante aclaró que le veía entre los responsables. “Mientras el software de contabilidad de votos sea privado en manos de Thomas & Gregg y sin auditaje técnico, habrá fraude en Colombia. ¿Cuánto ha recibido Thomas&Gregg del Estado por su servicio fraudulento? Dos billones de pesos.”, dijo en X en octubre de 2019, en medio de los preparativos para las elecciones locales de ese mes. Es un mensaje que repitió este viernes, en declaraciones desde la cumbre internacional de la CELAC en la isla caribeña de San Vicente: “Hacen las cédulas, tienen toda la base de la nacionalidad colombiana, por una parte; y, por otra parte, la Registraduría les entrega el software de escrutinio de las elecciones. Juntan ambas y tiene usted la posibilidad que una empresa privada realice el fraude en Colombia” dijo ante los micrófonos. Y concluyó: “Es un sistema electoral que, si se cuestiona al de Venezuela, es muchísimo peor”. Eso explica que el presidente eleve a los pasaportes al corazón del debate político.

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