Petro da otro paso para superar el prohibicionismo de la era Duque

El presidente Gustavo Petro ha dado otro paso más para avanzar en el nuevo enfoque de la política frente a las drogas y sepultar el prohibicionismo que caracterizó el periodo de Iván Duque. El tema todavía desata pasiones, divide a la sociedad y enfrenta resistencias, como lo ilustra la más reciente controversia. El fin de semana, un puente festivo, se conoció que el mandatario derogó un decreto sobre el control del porte de drogas en espacios públicos que se remontaba a su antecesor ―y que también fue muy polémico en su día―. Esa noticia bastó para reavivar la discusión y contrastar visiones diametralmente opuestas, justo en momentos en que otro proyecto de ley para regular el cannabis de uso adulto se juega su suerte en el Congreso.

La medida evita criminalizar a los consumidores. El propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, tuvo que salir a aclarar que el decreto no elimina la prohibición del comercio de drogas, algo que “sigue severamente prohibido por la ley colombiana”. Lo único que hace, explicó, “es derogar una sanción de multa que había puesto el Gobierno anterior para el porte de dosis personal”. La Corte Constitucional, en varias sentencias, ha dicho que el porte no se puede sancionar. “No va a haber multas ni persecución policial para el porte de dosis personal; a eso es a lo que se reduce el decreto que ha expedido el Gobierno, a ajustar las normas a lo que ha dicho la jurisprudencia desde hace unos cuantos años”, argumentó el ministro.

Sus explicaciones, sin embargo, no aplacaron las críticas tanto de Duque como de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. “Legalizar la droga, ¿y entonces la juventud y la familia y el futuro de la Nación?”, se preguntó Uribe en un mensaje de corte más moralista que jurídico. Duque, por su parte, defendió que “el decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores”. También fustigó la decisión como “otra medida en favor del crimen y en detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas”. El regreso de Colombia al enfoque prohibicionista lo marcó justamente el decreto de Duque para entregarle esas facultades a la policía. La dosis personal ―o mínima― de droga esta despenalizada en Colombia.

La polémica parece tener algo de tormenta en un vaso de agua, pues la mayoría de los observadores y juristas han coincidido con las explicaciones del ministro Osuna. El analista Jorge Restrepo califica de “correcta y conveniente, pero insuficiente” la decisión del Gobierno, al que reclama no haber hecho pedagogía. “Esos procedimientos de policía generaban confrontaciones entre policía y ciudadanos consumidores, incluso si no eran consumidores problemáticos o estuviesen generando problemas de convivencia por el consumo o el porte”, apunta, lo que afecta la confianza en la fuerza pública. El penalista Francisco Bernate, por su parte, sintetiza que el porte de estupefacientes, más allá de la cantidad, nunca es considerado delito si es para el consumo, mientras que siempre es considerado delito si es para el tráfico. “El decreto expedido por el Gobierno Nacional en nada cambia esta situación”, concluye.

Más allá de la controversia en torno al decreto, y de los tecnicismos jurídicos, es un reflejo de las diferencias de fondo entre el conservador Duque y el progresista Petro en un asunto de ondas implicaciones para la sociedad colombiana. Petro plantea con insistencia que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso y se debe replantear, en diversos frentes. Antes ya había sepultado, entre otras, las fumigaciones aéreas con glifosato –un herbicida potencialmente cancerígeno–, que Duque se propuso retomar.

Durante su periodo, Duque argumentó con insistencia que Colombia necesitaba todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato, pero las avionetas cargadas con el herbicida nunca llegaron a despegar. También favoreció la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos. Su antecesor, Juan Manuel Santos, ya había abogado por cambiar el enfoque en la lucha global contra el tráfico de drogas ―como la hace ahora Petro―, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública.

Este debate adquiere mayor relevancia en Colombia precisamente por ser el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína. Las hectáreas sembradas pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre de 2022 y las toneladas de droga que se pueden producir llegaron hasta 1.738, las mayores cifras jamás registradas. En el año y medio que lleva en el poder, Petro ha pedido con insistencia dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena, como los consumidores y los cultivadores de coca, para concentrar los esfuerzos en golpear a las grandes organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico.

La nueva política nacional de drogas, que le tomó al Gobierno más de un año construir, está basada en la protección de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. El esfuerzo se concentra en asfixiar a las mafias asociadas al narcotráfico y al tiempo darle oxígeno a los campesinos, con la llegada del Estado Social de Derecho a los lugares del territorio donde nunca había llegado. Al presentarla en septiembre, el ministro Osuna explicó que se propone priorizar y enfocar estratégicamente el esfuerzo penal y punitivo “en aquello que realmente le hace daño a la sociedad colombiana, en las mafias del narcotráfico, las grandes cantidades de dinero que hay detrás de esas economías ilegales porque producen violencia, desplazamiento y conflicto armado”.

La polémica coincide con una nueva oportunidad de regular en el Congreso el consumo adulto de cannabis, que ya está legalizado en países como Estados Unidos y es menos adictivo y dañino que sustancias legales como el tabaco y el alcohol. El proyecto de los congresistas María José Pizarro y Juan Carlos Losada se someterá este martes al cuarto de ocho debates. “Un mercado legal permitirá recaudar impuestos para, entre otras, financiar campañas de prevención del consumo”, ha defendido la senadora Pizarro en un intento por desmentir los mitos. “La idea no es estimular el consumo de marihuana, por lo cual la publicidad debería estar prohibida, sino permitir un suministro legal que le arrebate a las mafias este negocio lucrativo, reconozca la autonomía de los usuarios adultos y evite que estos terminen detenidos o acosados por la policía y tengan que aprovisionarse en un mercado ilícito, como lo hacen hoy, con riesgos para su salud y seguridad”, argumentó en su columna de El Espectador el constitucionalista Rodrigo Uprimny. Colombia redobla sus esfuerzos por reenfocar de a poco, con evidencias y argumentos, su aproximación a las drogas.

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