Un decreto firmado por Petro reaviva la discusión sobre el consumo de drogas

Los colombianos se concentraban en la tradicional celebración de la Inmaculada Concepción de María —o Noche de Velitas, como se le conoce popularmente— cuando el Gobierno Nacional expidió un decreto sobre un asunto que divide a la sociedad: el consumo de droga. Con la firma del presidente Gustavo Petro y apenas dos artículos, deja sin efecto un decreto proferido por la Administración de Iván Duque, su antecesor en la Casa de Nariño y crítico acérrimo. En octubre de 2018, cuando todavía no cumplía dos meses en el cargo, Duque otorgó facultades a la Policía Nacional para imponer multas a portadores de marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas. El nuevo decreto echa para atrás esa posibilidad, según explicó Néstor Osuna, actual ministro de Justicia.

En un video publicado en la cuenta de X —antes Twitter— aclaró que la distribución de este tipo de estupefacientes “sigue severamente prohibido por la ley” y agregó que la medida “lo único que hace es derogar una sanción de multa que había impuesto el Gobierno anterior para el porte de dosis personal”, en referencia a la cantidad mínima que se le permite llevar a una persona. Osuna enfatizó en que el Consejo de Estado y Corte Constitucional, en los años posteriores al decreto de Duque, sentenciaron que el porte de droga “no se puede sancionar administrativamente” y que, en consecuencia, la derogación efectuada por Petro pretendía “ajustar las normas a lo que ha dicho la jurisprudencia”.

La decisión del presidente dio vida a una ola de indignación en algunos sectores de la oposición, que lo recibieron como un desinterés del Gobierno por combatir el narcotráfico. Wilson Ruiz, abogado y político conservador que presidió la cartera de Justicia durante el cuatrienio de Duque, aseguró que la medida “podría afectar potencialmente la inseguridad y “la lucha contra el tráfico de drogas”; el expresidente Álvaro Uribe, líder del derechista Centro Democrático, la calificó como “el camino ascendente al fentanilo y la muerte”.

El presidente Gustavo Petro defendió su determinación en redes sociales y, al igual que su ministro Osuna, recalcó que “nada tiene que ver con el expendio de drogas ni su comercialización”. Añadió que la derogatoria “solo impide que nunca más estallen las guerras invisibles entre jóvenes pobres y excluidos y la policía”.

Para Daniel Mejía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y secretario de Seguridad de Bogotá en la Administración de Enrique Peñalosa, se debe propender por la regulación del consumo de drogas y “evitar caer en la prohibición o la legalización sin controles”. Agregó que el Gobierno se debate entre dos visiones contradictorias sobre la política pública del consumo de sustancias. “Las posiciones liberales, como las que se tiene en este aspecto, riñen con otras bastante menos liberales, como las que tienen frente a las bebidas azucaradas y grasas saturadas”, en referencia a la creación de un tributo adicional para los productos con exceso de azúcares añadidos y que recibió el apoyo del presidente.

La medida seguramente seguirá motivando reproches de los opositores al Gobierno Nacional. Desde su campaña presidencial, Petro mostró su rechazo al enfoque punitivo de la lucha contra las drogas, uno de los varios elementos que han alimentado la enemistad que persiste con grupos conservadores. Otros elementos de ese enfoque, que tienen que ver ya no con el consumo, sino con la producción o comercialización de drogas hasta ahora ilegales, siguen en proceso.

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