Petro quiere recuperar del océano el galeón ‘San José’, pero los expertos tienen sus dudas

El misterio del galeón español San José, hundido en 1708 por una escuadra de corsarios ingleses frente a las costas del Caribe colombiano, ha tenido una nueva vuelta de tuerca. Tras años de asaltos judiciales internacionales y rumores arqueológicos, el presidente Gustavo Petro ha anunciado la convocatoria para formar un equipo público privado con el fin de ir al rescate parcial de un patrimonio tasado por los cazatesoros en 20.000 millones de dólares. Se trata de una aventura a cientos de metros de la superficie, varias veces truncada y en contravía con el deseo de amplios sectores científicos y culturales que abogan por dejar in situ el yacimiento arqueológico.

Las coordenadas exactas del pecio solo las conocen las autoridades colombianas. Bajo esta capa de secretismo, en los últimos años se ha difundido un puñado de imágenes submarinas donde se entrevén jarrones, monedas, cañones o parte del anclaje del San José. Y para acentuar el nivel de expectación, en junio del año pasado el Gobierno anunció el hallazgo de lingotes de oro, vajillas chinas y dos nuevas embarcaciones enterradas en la misma zona.

Juan David Correa, ministro de Cultura, aseguró a EL PAÍS que en las discusiones técnicas que se han celebrado con la Armada, la Agenda de Defensa del Estado y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras instituciones, se ha sondeado una “primera extracción parcial para ver su comportamiento”. En la primera fase, prosigue, “no habrá un rescate masivo de piezas de oro y de plata. Hay que entender cómo está ese material, cuál es su materialidad al sacarla de esa profundidad a la que es humanamente imposible llegar y entender cuál va a ser el proyecto”.

El ministro de Cultura también aseguró hace unos días en The New York Times que a principios del próximo año se abrirá la licitación para el proyecto, del que se espera tener resultados antes de 2026, y que se contempla la construcción de un museo y un laboratorio de estudio arqueológico en Cartagena de Indias. Una postura con ciertas zonas grises: “Tenemos que dejar de pensar que es un tesoro. No lo es en el sentido del siglo XIX. Se trata de una herencia arqueológica de gran importancia cultural para Colombia”, asegura Correa al diario estadounidense.

Sin embargo, el consenso de buena parte de la comunidad científica, apoyada en la Convención de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, aboga por no intervenir en absoluto el yacimiento. “La idea del Ministerio riñe con la perspectiva arqueológica actual”, explica el historiador y antropólogo Ricardo Borrero, “si bien es cierto que hay que acabar con la idea de que es un tesoro, el consenso es el de preservar el naufragio en las condiciones actuales, donde ha pervivido durante siglos en equilibrio con su entorno”.

Borrero cuenta que las imágenes difundidas sugieren que, contrario a lo que se pensaba en principio, hay vida en la zona. “Se ven algunos peces de profundidad y hay algas que son la base de la cadena alimenticia para ese medio y cualquier intervención humana supone una amenaza de carácter natural y cultural”. Se trata de un embrollo que viene desde los años ochenta, en los tiempos del presidente conservador Belisario Betancur, cuando algunas voces difundieron la idea de que con el hallazgo del galeón San José se podría cubrir la deuda externa del país.

Más tarde, en 2001, el Congreso votó en contra de que Colombia adhiriera la convención de la Unesco sobre el tema. Para algunas personas que participaron de ese debate en 2001, la presión de los cazatesoros logró frenar la firma del acuerdo con el argumento eficaz de que se ponía en riesgo la soberanía.

Luego vinieron algunos desacuerdos contractuales con firmas europeas fichadas por Colombia para extraer los restos. El tono en el cruce de declaraciones diplomáticas con España fue en aumento. También se tomaron algunas determinaciones políticas borrosas. Como la del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que en 2013 sacó adelante una ley dando vía libre a la comercialización del patrimonio submarino por parte de empresas privadas que desde entonces están al acecho en este tipo de operaciones.

Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Jaume I de Valencia, argumenta que si bien Colombia tampoco firmó el convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), el país no está exento de “la obligación de proteger y cooperar en la protección del patrimonio cultural de España”. Cabe recordar que España considera que se trata de un buque de Estado, donde murieron 550 marinos de la Corona. Por eso, su postura en el asunto suele funcionar como dique de contención en las decisiones de un Estado como el colombiano que, según Aznar, ha puesto el foco en el hipotético valor comercial del barco.

Una fuente de la academia, que pide mantener su anonimato, señala que detrás de este nuevo envión del presidente Petro se halla la presión del estadounidense Roger Dooley, un cazatesoros de 75 años que asesora a una firma inversora suiza de capital británico interesada en la pista del San José. Su nombre es Maritime Archeology Consultants (MAC) y cuenta con una reputación debatible entre diversas agrupaciones de arqueólogos europeos. Uno de ellos es Filipe Castro, considerado de los mayores expertos en arquitectura naval ibérica y catedrático de la Universidad de Coimbra: “Los buques de guerra de finales del siglo XVII son máquinas de una complejidad y una sofisticación tan grande, querer destruirlo solo para sacar unas cuantas monedas me parece un crimen”.

Así mismo, refuta la posibilidad de extraer el pecio en los tres años anunciados por el Gobierno: “Solo una persona o una empresa que no es profesional se puede atrever a acreditar que va a excavar a esa profundidad y va a sacar los artefactos en ese tiempo”. También resalta su preocupación debido a la falta de capacidad para conservar el patrimonio que se extraiga de las profundidades. No en vano, Ricardo Borrero recuerda el lamentable estado de una diversidad de anclas coloniales que se pudren en las dependencias de la marina y de muchas piezas expuestas en el Museo Naval de Cartagena.

A las dudas sobre la existencia de recursos tecnológicos y científicos sostenibles, Castro refuerza las reticencias que le genera la posible participación de empresas como Maritime Archeology Consultants en la licitación: “No se llama a las cosas por su nombre. Este es un caso típico de cazadores de tesoros proponiendo una vez más a políticos que no saben de esto que van a sacar millones de millones. En realidad, si se cumplen los requisitos mínimos de un proyecto de arqueología, todo esto le va a salir mucho más caro a los colombianos que el valor del presunto tesoro”.

De las 55 embarcaciones ibéricas del siglo XVII naufragadas e identificadas, los estudiosos han logrado reconstruir el proceso de concepción, construcción y diseño solo en siete casos. Las demás han sido saqueadas o completamente arruinadas por intervenciones desafortunadas. Los historiadores resaltan la importancia del caso del San José por tratarse de un “eslabón perdido en la transición entre la tipología de los galeones, que eran embarcaciones multipropósito, con gran capacidad de carga y un componente de artillería, y los navíos de línea, diseñados exclusivamente para la guerra”, argumenta Borrero.

“Lo fundamental es que dejemos de utilizar el término tesoro”, resalta Mariano Aznar, “hablamos de un patrimonio cultural con enormes vínculos en otras partes del planeta. Con Manila, con Asia, con Bolivia o con México”. Su valor fundamental es el de un material cultural que puede servir como fuente sobre el pasado común de varios pueblos. ¿Cuál era el contexto del comercio global en ese entonces? ¿Cómo era la vida cotidiana en este tipo de embarcaciones? ¿Qué más podemos conocer de las batallas navales de aquella época? Son algunas de las preguntas que los científicos sociales aseguran que se pueden resolver sin excavar la zona.

El caso de los dos barcos históricos más importantes que se han sacado del agua, el buque insignia de la flota de guerra británica bautizado como Mary Rose (1545), y el navío de guerra sueco Vasa (1626), aporta elementos importantes para tener en cuenta en el desarrollo de esta historia. De acuerdo con los expertos, los altos costos de conservación, y la afectación a los cascos y las maderas de estas dos embarcaciones, son motivo suficiente para no tirar la toalla: “La pregunta principal”, resume Ricardo Borrero, “es averiguar qué motiva a las autoridades colombianas a sacarlo. Y luego mirar, ¿qué alternativas hay para seguir obteniendo información sin degradar su contexto?”.

Un choque de enfoques políticos, económicos y culturales en torno a la suerte de un patrimonio y una tumba acuática que no logran hallar reposo a tres siglos de su último naufragio.

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