Sabina Rodríguez van der Hammen y su defensa de la reserva forestal que lleva el nombre de su abuelo

Los despachos del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López están a pocas calles de distancia, en el centro de Bogotá. A pesar de esa cercanía, los dos principales cargos electos de Colombia no airean sus desavenencias de frente, sino en redes sociales. Esta semana se enfrascaron en una disputa en X —antes Twitter— sobre prolongar la avenida Boyacá, la vía más importante del occidente de la ciudad, hacia el norte, a través de la reserva Thomas van der Hammen. A pocas cuadras de la Casa de Nariño y el Palacio de Liévano —los edificios en los que operan la Presidencia y la Alcaldía, respectivamente— está la Universidad de Los Andes, construida al borde de los cerros orientales capitalinos. Allí, en su facultad de Derecho, Sabina Rodríguez van der Hammen (Naarden, Países Bajos, 35 años) dicta la clase de Legislación y Políticas Públicas y ejerce como profesora de la clínica jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. La reserva forestal que está en el centro del desacuerdo entre Petro y López lleva el nombre de su abuelo.

Thomas van der Hammen fue un geólogo y botánico neerlandés que durante más de cuatro décadas concentró sus investigaciones en Colombia, especialmente en la cordillera de Los Andes. En 1991, luego de jubilarse como catedrático de la Universidad de Ámsterdam, se instaló en su casa de Chía, un municipio que colinda con el norte de Bogotá. Con él se mudó Sabina, que para entonces tenía tres años. La nieta adoptó pronto al español como su primera lengua —todavía entiende el holandés, pero le toma más trabajo hablarlo— y acumuló montones de memorias durante su temprana infancia. “Esa casa era un punto de encuentro. Llegaban los niños vecinos a pedirle ayuda con las tareas porque ahí vivía el profesor que sabía mucho, o ministros de Ambiente a pedirle consejo y discutir sobre temas. Las conversaciones sobre medioambiente eran cotidianas”, recuerda.

Dos cosas la marcaron: el bosque y el cerro. Su abuelo quiso sembrar un bosque en los terrenos aledaños a la casa, basándose en estudios que previamente realizó sobre la vegetación de la región. Sabina creció a la par con las plantas y transformó el nuevo y pequeño ecosistema en su lugar de juego. “Sonará chistoso, pero así como los niños ven televisión y aprenden los nombres de los pokémones, yo me sabía los de los árboles”. Contiguo al bosque está un cerro, al que juntos subían sagradamente cada fin de semana, como si peregrinaran. “Tenía la vista hacia Chía, Cota y Bogotá, una gran panorámica. Mi abuelo siempre estaba mostrándome rocas y plantas. Él estaba en esa constante relación con el entorno”.

El paso de los años llevó a que Sabina se interesara más en los asuntos ambientales y tomara consciencia de los nuevos debates que surgían. En 1997, cuando ella tenía nueve años, la Ley 388 creó los planes de ordenamiento territorial, las guías que deben usar los gobiernos locales para planificar ciudades y pueblos. La norma dotó de más relevancia y poder de decisión a las autoridades ambientales, poniendo sobre la mesa conversaciones inéditas en el país, como la que existe entre los defensores del crecimiento urbano y quienes abogan por el respeto de los ecosistemas.

Por esa nueva realidad legal, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le encargó a Thomas van der Hammen un análisis sobre cómo debía ser el ordenamiento ambiental del territorio de la capital de Colombia y sus alrededores. “En ese concepto, él hizo una primera propuesta para La Sabana de Bogotá, que es donde está la reserva que hoy lleva su nombre, como un conector fundamental entre los cerros y el río Bogotá. Se reconoció la importancia de dejar un área verde alrededor de la ciudad, como un cinturón verde inspirado en el modelo europeo”, comenta Sabina.

En el primer periodo de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, entre 1998 y 2000, la CAR no llegó a un acuerdo con el mandatario. La entidad ambiental quería que se respetara el “conector” entre cerros y río que propuso el geólogo neerlandés, mientras que el alcalde pensaba que era mejor urbanizar. La ausencia de solución obligó al Ministerio de Ambiente a intervenir y decidir en favor de la postura de la CAR. Se resolvió, entonces, crear una reserva forestal, pero una serie de recursos jurídicos retrasó su materialización hasta 2011. Thomas van der Hammen había muerto un año antes. “Alguien propone que se le ponga ese nombre en honor a que él la planteó y convenció a otros expertos de que lo mejor era tener una reserva ahí. Creo que si él hubiera estado vivo, no le hubiera gustado que se llamara así”, cuenta Sabina y recalca, entre risas, que su familia no es dueña de la reserva, ni de ninguno de sus predios.

A lo largo de la última década, la reserva Thomas van der Hammen ha sido un punto álgido para todos los alcaldes, entre los que están el presidente Gustavo Petro; Peñalosa, quien repitió mandato; y Claudia López, hoy en el cargo. Sabina, que estudió Derecho y nunca perdió su interés por el medioambiente, conformó el equipo fundador de la veeduría que, desde 2016, se encarga de la defensa de la reserva.

No fue su primera inmersión en este tipo de iniciativas. En sus años de pregrado, mientras hacía parte del grupo de acciones públicas, elaboró un concepto sobre los potenciales efectos adversos de aprobar un relleno sanitario en Nemocón, una población a 45 kilómetros de Bogotá. Su abuelo, que seguía con vida, la ayudó. Todos quienes hoy pertenecen a la veeduría, lo hacen gratis. Sabina contribuye desde el área jurídica. “Entiendo de que trata la lucha alrededor de la reserva porque atraviesa por una historia personal y porque dediqué buena parte de mi tiempo. Pero es importante que quede más que claro que hay muchos actores, muchísimas personas involucradas”, resalta.

Ahora la reserva vuelve a estar en boca de muchos por el deseo de la alcaldesa de extender la avenida Boyacá sobre ella, lo que condujo a la discordia que protagonizó con el presidente Petro. El jefe de Estado, desde su cuenta de X, cuestionó los planes de expansión vial; la mandataria local, a modo de respuesta, lo acusó de criticarla para obtener réditos electorales, en referencia a las votaciones de alcaldes y gobernadores del próximo 29 de octubre. La ficha de Petro en la capital es el guionista y exsenador Gustavo Bolívar, que figura de segundo en casi todas las encuestas.

Sabina prefiere no adentrarse en el enfrentamiento. Argumenta, eso sí, que la alcaldesa incumple sus propuestas de campaña y que intenta desconocer la legislación ambiental. “Desde la Alcaldía argumentan que la construcción de la avenida Boyacá, por estar en el plan de ordenamiento territorial, no necesita todos los estudios. Eso no es así. Por más de que esté en el plan, eso no significa que las normas ambientales quedan derogadas. En situaciones que implican una afectación ambiental de ese nivel, como mínimo se necesita un diagnóstico”, dice la profesora.

Sobre la reserva ya pasan varias vías, incluso más grandes que la que pretende extender López. Precisamente por eso, Sabina cuestiona que no se haya preferido agrandar las preexistentes y evitar un impacto ambiental en nuevas zonas. “La autopista norte y la vía que conecta a Suba con Cota [dos municipios vecinos] estaban allí cuando se declaró la reserva en 2011. Necesitan ampliación, porque está claro que tampoco pretendemos que sobre la reserva no pasen carros porque eso impediría la salida por el norte de la ciudad. Preguntamos por qué no estudian por lo menos esa posibilidad”.

En la primera audiencia del trámite que adelanta la Alcaldía para obtener la licencia ambiental y construir sobre la reserva, el Gobierno Nacional manifestó su oposición. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en la antesala a la diligencia, también lo había expresado. “Pasar una autopista de 12 carriles la fragmenta aún más”, señaló a los medios de comunicación.

Sabina Rodríguez está cursando un doctorado en Derecho. Su tesis, que ya desarrolló en menor medida durante su maestría, trata sobre el “autoritarismo ambiental”, las decisiones tomadas por algunas autoridades respecto a los ecosistemas que no están sujetas a discusión e imponen un “único modelo de manejo del ambiente”. Justamente ese autoritarismo es el que busca impedir en la discusión por la reserva van der Hammen, por lo que pide garantías para que a la ciudadanía —incluyendo a la veeduría— se le permita participar en el proceso. En una voz suave y tranquila, que contrasta con su enérgica labor como activista, insiste en la importancia de que la gente se interese en el debate. “La reserva no le pertenece a una familia, ni a un grupo ciudadano en particular. La reserva es de la ciudad”.

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