La rebaja a las tarifas que propone Petro choca con las deudas de las energéticas

Las empresas comercializadoras de energía, privadas o públicas, atraviesan un mal momento en Colombia. Casi todas salieron de la crisis del coronavirus con cuantiosas deudas generadas, en especial, por una reglamentación de urgencia decretada en 2020 por el Gobierno de Iván Duque para diferir los pagos de los recibos. Un mecanismo legal anclado a mediados de los años noventa conocido como la “opción tarifaria”, y que, según diversos expertos, era el único salvavidas a la mano para solventar la situación de millones de usuarios agobiados por una coyuntura desconocida.

Una vez recobrada la normalidad, y con un nuevo y primerizo Gobierno de izquierdas, las comercializadoras han alzado la voz de auxilio para ponerle coto a un desbocado déficit y normalizar las tarifas. No obstante, pocos anticiparon el denominado “pacto por la justicia tarifaria” impulsado por la primera ministra de Minas de Gustavo Petro, Irene Vélez, para evitar, en coordinación con los actores del sector, una subida abrupta de las tarifas. La situación agudizó el hueco y desembocó en un “problema de caja enorme en las empresas que contaban con recuperar su plata en menos tiempo”, recuerda el exministro de Minas y Energía Tomás González.

De acuerdo con una publicación del presidente Petro en la plataforma X (antes Twitter), el déficit ya ascendía hace un año a los cinco billones de pesos. El último ministro de Minas y Energía de Iván Duque, Diego Mesa, refutó en la misma red social esa cifra, y de forma detallada aprovechó para desgranar algunas falencias estructurales del sector. Mesa enfatizó en que las deudas con las comercializadoras surgen porque, a pesar de que la política energética establece un formato de subsidios cruzados, donde los estratos más altos subsidian un porcentaje de las tarifas de los más bajos, los recursos son insuficientes para cubrir la totalidad del andamiaje. La diferencia la ha puesto, año tras año, la Nación.

“El monto del Gobierno se incrementa cuando el Gobierno no les paga la diferencia a las empresas a tiempo”, recalcó. Un asunto de fondo, ajeno a los señalamientos coyunturales, y que el presidente Petro aún no ha abordado. No obstante, Tomás González relativiza las discusiones en redes sociales y recuerda que en el centro del huracán está el servicio para millones de colombianos ajenos a los tecnicismos y fricciones ideológicas: “A la señora que se le quemó el ventilador en Soledad (Atlántico), que va a recibir peor atención y menos beneficios, que le van a llegar tarifas más altas, de muy poco le sirve la explicación de que Duque le dejó unas deudas muy grandes a Petro”.

La estatal Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) anunció esta semana que, en colaboración con el Gobierno, ha aprobado una línea de crédito directo con una tasa reducida, que ofrece las mejores opciones del mercado, para inyectar un billón de pesos a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. Es una nota positiva que, a pesar de aliviar en el corto plazo las necesidades de recursos frescos de esas compañías, no cierra el déficit ni despeja del todo la zozobra añadida por la incertidumbre de las sequías asociadas al fenómeno climático de El Niño. Un problema evidente y cíclico para un país que carga alrededor del 60% de la generación de su energía en las centrales hidroeléctricas.

Ante las perspectivas de una escalada en los precios de la luz debido al verano que se asoma, y la catarata de deudas empresariales, el presidente, Gustavo Petro, ha dado un paso anticipatorio: “Es indispensable bajar las tarifas eléctricas para garantizar la industrialización del país y la descarbonización de nuestra economía”. Y en la misma línea catalogó el actual régimen tarifario de “anacrónico y completamente injusto”.

Esos pronunciamientos agitaron el ambiente en un país que, a pesar de ser potencia hidroeléctrica, hace 20 años quedó sumido en la oscuridad por culpa de los racionamientos de energía, de entre 8 y 12 horas, a los que fue sometido tras padecer el peor verano en casi cuatro décadas. Pero también a causa de las fallas de un sector eléctrico por entonces caótico y corrupto. Por eso, más de un observador se pregunta alarmado si lo más prudente será bajar las tarifas en un momento en el que las empresas ya se encuentran asfixiadas.

Manuel Maiguashca, exviceministro de Minas y Energías, añade otro problema. Y es que parte de las empresas comercializadoras del país, la mayoría de ellas públicas, están expuestas a las fluctuaciones de los precios en la bolsa que administra la empresa XM. Allí se tranzan a diario, igual que en un mercado de abasto, entre el 15% y 20% de la energía que se consume en el país (el 80% restante se hace de forma directa entre las empresas generadoras y las comercializadoras, que tienen más músculo financiero y pueden firmar contratos de largo plazo, con precios estables, a cambio de garantizar el pago, aun en caso de que no logren vender toda la energía que han comprado).

“Las empresas no deberían estar tan mal cubiertas ante los vaivenes de la Bolsa. Es, en parte, una mala gestión”, argumenta Maiguascha. Y explica que la escasez de agua que se anuncia con la llegada de El Niño, y otros factores internacionales como la invasión rusa en Ucrania, han “empinado” los precios en la Bolsa, agravando el déficit para los comercializadores que compran más caro y recaudan menos a raíz de la morosidad tarifaria. Por si fuera poco, tampoco han podido subir el precio de los recibos porque el Gobierno impuso un techo al precio de la luz.

El exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) Jorge Valencia incide en la acumulación de complicaciones: “Como la alta inflación o un precio de la energía más caro. Las empresas no han podido recuperar los saldos y muchos ya están acusando agotamiento porque se les está agotando la fuente de financiación”.

El gremio que agrupa a las 21 distribuidoras y comercializadoras más grandes ha expuesto sus urgencias ante el Gobierno en una reciente carta pública de 10 páginas. José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica, afirmó que la deuda con las empresas, que llega a los 7,2 billones, se sigue desdoblando con el riesgo cada vez más latente de que haya que recurrir al botón de pánico financiero.

El Grupo Empresas Públicas de Medellín, ha explicado el presidente Manzur, concentra el 50% total del déficit. Y buena parte de los problemas se concentran en las empresas de la costa Caribe, donde ha habido una combinación explosiva de precariedad y evasión de pago que no se ha superado tras la quiebra de Electricaribe. Por eso, Tomás González concluye que las broncas políticas no resuelven nada en el día a día de los usuarios y solo traslada más confusión: “Hay que evitar que colapsen las empresas. No se puede hacer política social con las tarifas. Hay que encontrar soluciones para que las empresas den utilidades. En eso consiste gobernar”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.