Petro desactiva un paro de taxistas con la promesa de una rebaja a la gasolina

El Gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un nuevo dilema. Hoy la cuestión oscila entre la necesidad de apaciguar los ánimos del poderoso y agraviado gremio de taxistas o mantener inalterado el incremento gradual del precio de la gasolina para todos los colombianos. La polémica surgió el viernes pasado tras las declaraciones del viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, quien confirmó que ha tenido diálogos con los representantes de dicho sector para estudiar la posibilidad de confeccionar una tarifa diferencial en el precio del carburante para los taxis. La noticia surtió efecto y el mismo día varios líderes taxistas desconvocaron el paro previsto para esta semana.

El anuncio, además, rompió el consenso de numerosos expertos económicos que aplaudían la política de Petro sobre el precio de los combustibles. Subir las tarifas es una medida macroeconómica impopular, sin duda, pero en sintonía con las políticas ambientales y las urgencias fiscales del Ejecutivo de izquierdas, sostenían. El precio del galón ha subido para los colombianos desde el pasado octubre unos 4.300 pesos, hasta alcanzar los 13.735 actuales. La intención del Gobierno es llegar a los 16.000 antes de fin de año.

Para muchos economistas se trata de un ejercicio de sensatez económica a pesar de comportar ciertos riesgos debido al peso que la gasolina ha ejercido en los últimos meses sobre la inflación. La medida buscaba, además, disuadir del uso de energías contaminantes y coser el millonario agujero fiscal causado por un subsidio a la gasolina que, desde administraciones anteriores, venía funcionando como ayuda contra la escalada en los precios internacionales del petróleo.

Este instrumento fiscal, sin embargo, ha recibido críticas de voces autorizadas como el presidente del Autoregulador del Mercado de Valores de Colombia, Michel Janna, quien lo califica como “inconsistente”. “En el fondo se le está dando un subsidio a los taxistas. Algo absurdo y riesgoso. No se me ocurre un peor destino para el impuesto de los colombianos que un grupo económico particular como este”. El académico de la universidad EAFIT Mario Chacón sostiene por su parte que lo lógico habría sido “subir la tarifa del servicio” que cobran los conductores para equilibrar el incremento del 40% en los costos de funcionamiento de los taxis. Pero al parecer, añade, la fórmula que mide el costo de cada trayecto en unidades ha resultado inamovible desde hace un tiempo.

El viceministro de Transporte, un funcionario de origen conservador empotrado en el actual Gobierno progresista, explicó a EL PAÍS que, de hacerse efectiva, la ayuda no será entregada directamente a los conductores. Tampoco habrá transferencias en las estaciones. La idea se centra en congelar la tarifa del galón de gasolina corriente en unos 13.564 pesos. Por eso rechaza de tajo la posibilidad de hablar de “subsidios”. En todo caso tiene claro que constituye un desafío fiscal gigante cuyo mayor peso recaerá sobre los ya de por sí menguados recursos del fondo de los combustibles con costos que ascenderían hasta los 23.000 millones de pesos, según declaraciones del viceministro a una cadena radial.

Una carga tachada de “inviable” por el director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía: “La razón de fondo es que una tarifa diferencial genera unos incentivos enormes al contrabando: comprar al precio subsidiado para vender por encima de ese valor, pero por debajo del precio no subsidiado”. Para el antiguo director de Planeación Nacional, no bastan los controles para atajar el problema que se avecina. “Esto implica que el costo fiscal va a ser más grande que el que estima el Gobierno en el caso de los cupos de la gasolina para los taxistas”.

La reacción de otros gremios transportistas al anuncio, como los conductores de carga pesada o los motociclistas, estuvo marcada por algunos paros, bloqueos en vías principales y manifestaciones contra una iniciativa que cobijará al 1,4% de los 18 millones de vehículos en total que hay registrados en Colombia.

Y es que todo lo relacionado con el alza en el precio de los combustibles suele alcanzar nervios sensibles en un país cuyo comercio es muy dependiente del transporte por carreteras. De hecho, el gremio de transportistas de carga, que en su gran mayoría usa motores diésel, no ha sido afectado por los aumentos. El Gobierno, consciente del poder de los transportistas, se ha mostrado prudente y ha optado por congelar el precio del ACPM o gasóleo.

“En su momento tomamos esa decisión”, explica el viceministro Enríquez, “porque, ya sea en el transporte público o privado las decisiones en este sentido tienen un reflejo directo en la canasta básica familiar o en el bolsillo de los colombianos”. Por eso traza paralelos con el caso de los taxis y asegura que la fórmula más fácil habría sido trabajar en el aumento del coste del servicio y de esa forma recostar una parte sobre el usuario: “Pero eso también tiene repercusiones. La gente en Colombia cree que los estratos más altos son los únicos que tienen disposición para pagar un taxi”.

De acuerdo con Enríquez hay una franja más amplia de la ciudadanía que también utiliza ese medio de transporte y el “Gobierno no puede ser ajeno a la realidad”. Pero el economista Michel Janna hila más fino y recuerda que, a pesar de que el Gobierno lo venía haciendo bien al disminuir los subsidios a la gasolina, con el proyecto de los taxistas transita en contravía de cualquier plan que aspire a una sociedad más justa y equitativa: “Estos son grupos de interés muy fuertes. Y me preocupa porque su poder de negociación es tan grande que revertir esa medida será imposible”.

En caso de que se materializara la normativa, aún sujeta a la coordinación entre los conductores de los diferentes municipios del país, el sector de los taxis sumaría un tercer subsidio dentro del menú de beneficios fiscales. Los dueños de estos vehículos hoy pagan la mitad de la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tráfico, conocido en Colombia como Soat, y desde enero el costo de los peajes para los que transitan por carretera ha quedado congelado en 5.000 pesos.

Dos ventajas que, según cifras publicadas por el diario El Tiempo, se traducirán en una disminución de 1,4 billones de pesos en el recaudo de Hacienda. “En muchos sentidos es contradictorio”, finaliza el economista Mario Chacón, “el precio del diésel, que es el que más contamina y más pesa en el déficit, no lo tocaron. Yo en realidad no veo mucho interés en desestimular el uso de la gasolina por ningún lado”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.