El Gobierno y los taxistas vislumbran un acuerdo para limitar los VTC

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las principales asociaciones de taxistas, Antaxi y Élite Taxi Barcelona, han acercado posturas y vislumbran un acuerdo, que se podría sellar este miércoles para aprobar una norma de urgencia que permita limitar el número de nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), informaron fuentes de la negociación. Ambas partes mantuvieron este martes una reunión en la sede del ministerio, encabezadas por el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, y los presidentes de Antaxi, Julio Sanz, y Élite Taxi, Tito Álvarez. Tras acordar un borrador con los principales puntos que deberá contener la norma, se emplazaron a un nuevo encuentro que tendrá lugar este miércoles para sellar el texto definitivo.

No obstante, las asociaciones de taxistas mantienen la convocatoria de la gran protesta programada para el jueves en el paseo de la Castellana de Madrid, donde se encuentra la sede de Transportes, hasta que no haya un acuerdo final.

Aunque el ministerio no ha dado detalles sobre el texto en elaboración, la norma puede plasmarse en un decreto-ley que introduzca nuevos requisitos medioambientales y de congestión de tráfico para sortear así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tumbó la actual limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

En principio, esos nuevos requisitos no afectarían a los VTC que usan plataformas como Cabify, Uber o Bolt, que operan actualmente en aquellas comunidades autónomas que ya han aprobado su propia legislación sobre la materia, como Madrid, Andalucía o Cataluña. No obstante, se frenarían casi todas las peticiones de nuevas licencias, puesto que el marco regulatorio sería muy estricto, haciendo inviable en la práctica la concesión de más autorizaciones, informaron las fuentes citadas. Además, está la incógnita de si la norma afectará también a las licencias que han sido recurridas ante el Tribunal Supremo tras ser rechazadas administrativamente por la ratio 1/30 (entre 7.000 y 20.000, según las distintas fuentes).

“Estamos intentando definir un texto y el propósito del ministerio es conseguir un acuerdo lo antes posible. La presencia del secretario de Estado demuestra esa voluntad. El ministerio está muy receptivo pero tenemos todavía posturas muy alejadas en los planteamientos. Intentaremos mañana [por el miércoles] conseguir un acuerdo razonable para todos”, indicó Julio Sanz, a la salida de la reunión.

Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez se ha resaltado que “existe una buena voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo y que se pueda poner en marcha lo antes posible”. No obstante, fuentes del ministerio han puntualizado que “el marco de actuación de la Administración General del Estado solo puede comprender el transporte interurbano, por lo que, en el ámbito urbano son las comunidades autónomas y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de los VTC”.

Reacción de los VTC

Feneval y Unauto-VTC, las dos asociaciones más representativas del sector de VTC, no han tardado en reaccionar. Tras criticar que el ministerio les haya negado participar en las negociaciones junto a los taxistas, han enviado una carta a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para pedir que interceda ante el Gobierno de España antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las patronales, que tienen presencia en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), han denunciado a la comisaria que la intención del Gobierno de aprobar un decreto-ley que, conforme a la Constitución española, “no podría ser impugnado” ante los tribunales directamente por particulares, empresas o autoridades de Competencia, dejaría al sector VTC “en una clara situación de indefensión”.

Para los VTC, la norma de urgencia tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan. Las asociaciones consideran “indignante” que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir la sentencia del tribunal europeo, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones generales, “y con el único objetivo de proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC”.

Por su parte, Movea, la asociación de autónomos, pymes y cooperativas de VTC, ha remitido una carta a la ministra Raquel Sánchez, para exigirle que se atenga al espíritu de la sentencia del TJUE y no haga nuevas normas para beneficiar al sector del taxi. “La posibilidad de generar un caos en el sector no es una consecuencia del contenido de la sentencia, sino de las acciones emprendidas por los poderes públicos en reacción a la misma, bajo la presión de una parte radical del sector del taxi. Hubiera sido conveniente poner las luces largas, abordando una reforma integral e inclusiva de la gobernanza de la movilidad urbana, pero se ha optado por las luces cortas ante las protestas callejeras de un sector”, ha señalado el presidente de Movea, Eduardo Martín.

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